La Defensoría del Pueblo activó los mecanismos de protección, junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para dar respuesta a las denuncias que presentaron 33 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ en el estado Lara.
De acuerdo con el comunicado de la institución, publicado el 31 de mayo en sus redes sociales, las víctimas aseguraron que sufrieron vejaciones y maltratos por parte de funcionarios policiales en el interior de un establecimiento privado ubicado en la entidad larense.
El ente agregó que mantienen una comunicación permanente con el Fiscal Superior de la jurisdicción y con los mandos regionales del cuerpo policial para asegurar el respeto pleno a las garantías judiciales de los denunciantes durante las fases del proceso de investigación, además de ofrecer asesoría técnica integral.
“Esta institución nacional de derechos humanos continuará en permanente contacto con las víctimas, el fiscal Superior del estado Lara y las autoridades policiales, con el objeto de mediar, acompañar y vigilar los DD HH de la población sexo diversa del país”, acotó el texto emitido por la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, la institución ratificó su compromiso de vigilar los procedimientos judiciales y de servir como un canal de protección para evitar la revictimización de los afectados durante las comparecencias e inspecciones legales correspondientes.
Detención de funcionarios policiales
El Ministerio Público informó el 31 de mayo que cinco policías de la PNB fueron detenidos luego de que organizaciones no gubernamentales denunciaran actos de extorsión y la aprehensión de 33 hombres en un local de entretenimiento LGTBI en Barquisimeto.
“La PNB activó oportunamente sus mecanismos de control interno y puso a disposición de la Fiscalía a cinco funcionarios de ese organismo de seguridad, quienes serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control”, señaló la institución.
Esto ocurrió horas después que el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ emitió un comunicado para denunciar el caso y alertar que las víctimas sufrieron extorsiones en las que se expuso su orientación sexual ante familiares y amigos.
“Denunciamos que este procedimiento adolece de nulidad absoluta, al configurarse una flagrante violación al debido proceso (Art. 49 CRBV) y a la inviolabilidad del hogar y recintos privados (Art. 47 CRBV y Art. 196 COPP), habiéndose ejecutado un allanamiento sin orden judicial por parte de funcionarios de civil”, expuso el colectivo en el texto.
Criminalización de la orientación sexual
El observatorio igualmente señaló que la detención de los más de 30 ciudadanos responde a un intento de criminalizar su orientación sexual, un hecho que carece de base penal en la legislación.
“La privación de libertad de estos más de 30 ciudadanos, bajo amenazas de escarnio público y extorsión, constituye una grave desviación de poder que reviste el carácter de delitos de concusión y privación ilegítima de la libertad por motivos discriminatorios”, indicó el comunicado.
El observatorio advirtió que estos actos profundizan la vulnerabilidad de la comunidad frente a la impunidad, al tiempo que demandó el cese inmediato de la violencia institucional y de la criminalización de la diversidad sexual y de género.
Asimismo, el pronunciamiento recordó que el Estado venezolano tiene la obligación y el deber de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción.
En ese sentido, instó a que se garantice la protección inmediata a la comunidad LGBTIQ+ y se ponga fin a la persecución ejercida por las fuerzas de seguridad estatales.
