El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el lunes 8 de junio la muerte de Víctor Alfonso Rivero mientras permanecía recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre.
Con este caso, la organización aseguró que asciende a 21 el número de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde abril de 2026.
A través de un pronunciamiento público, el OVP señaló que más allá de las cifras, estos hechos plantean interrogantes sobre las condiciones de reclusión y la atención que reciben los internos dentro de cárceles y centros de detención del país.
🚨 #OVPDenuncia Víctor Alfonso Rivero murió bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado #Sucre. Con este nuevo fallecimiento, ya son 21 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 8, 2026
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OVP alertó sobre una emergencia humanitaria
La organización sostuvo que cada fallecimiento relacionado con la falta de atención médica, retrasos en traslados hospitalarios o condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos encargados de velar por los derechos humanos.
Asimismo, recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia y responsabilidad directa del Estado, por lo que corresponde a las autoridades garantizar su integridad física, salud y vida.
El Observatorio destacó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han reiterado durante años la obligación de los Estados de proteger a las personas bajo su custodia.
Denuncian deficiencias en la atención de los reclusos
Según el OVP, la realidad de numerosos centros penitenciarios venezolanos muestra que los familiares de los internos terminan asumiendo funciones que corresponden al Estado, como el suministro de medicamentos, alimentos, insumos médicos e incluso la gestión de traslados hospitalarios.
La organización afirmó que la reiteración de estos casos evidencia que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales continúan sin ser atendidas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente.
En ese sentido, el Observatorio Venezolano de Prisiones pidió la actuación de los organismos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para investigar estos hechos y adoptar medidas que eviten nuevas muertes bajo custodia.
«Mientras las familias siguen enterrando a sus seres queridos, el régimen continúa actuando como si estas muertes no existieran. La pena de muerte está prohibida en Venezuela, pero el abandono, la indiferencia y la desatención siguen produciendo el mismo resultado», agregó.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre el caso de Víctor Alfonso Rivero ni sobre las cifras presentadas por la organización.
