El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 10 de junio la muerte bajo custodia del Estado de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años de edad, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo III, en el estado Miranda. La organización aseguró que el privado de libertad presentaba un grave cuadro de desnutrición y un progresivo deterioro físico y cognitivo sin recibir la atención médica requerida.
Según la organización no gubernamental, Lozada Rojas es el caso número 22 documentado en los últimos meses. El OVP detalló que el hombre ya no podía sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida de memoria que le impedía reconocer a sus familiares.
“Su caso lo conocían en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público, además solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa. A pesar de que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, escribió la ONG en su cuenta de X.
El OVP recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la vida, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad. La organización señaló que, aunque la pena de muerte no existe en la legislación venezolana, la falta de atención médica oportuna y adecuada continúa provocando fallecimientos dentro de los centros de reclusión.
Asimismo, sostuvo que estos hechos constituyen una violación sistemática del artículo 43 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida, así como del artículo 46, numeral 2, relacionado con la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. A juicio de la ONG, permitir el deterioro progresivo de la salud de una persona detenida hasta causarle la muerte configura una forma de tortura institucionalizada.
La falta de atención médica sigue cobrando vidas en las cárceles venezolanas. Yosvet de Jesús Lozada Rojas murió en el Internado Judicial Rodeo III, bajo la custodia del Estado.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 10, 2026
El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en… pic.twitter.com/3bdehWQUkE
Ante esta situación, la organización exigió una investigación “inmediata, exhaustiva e imparcial” para determinar las responsabilidades correspondientes y anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, al considerar que morir por falta de atención médica constituye una grave violación de los derechos humanos.
Casos recientes
En lo que va de 2026, el OVP ha reportado las muertes de los más de 22 detenidos en el país. El 8 de junio se informó sobre uno de los últimos casos, en el estado Sucre.
Víctor Alfonso Rivero se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano. Este fue el caso número 21 de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde abril de 2026.
El 12 de mayo, el OVP denunció la muerte de Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años de edad, quien se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara y padecía tuberculosis.
Además, Colina Delgado fue el tercer privado de libertad que falleció durante el mes de mayo en ese centro penitenciario. Según la organización, los medicamentos y la asistencia médica deberían ser garantizados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Sin embargo, afirmó que en la práctica son los allegados quienes deben asumir los costos para intentar preservar la salud de sus familiares.
OVP alertó una emergencia humanitaria
Debido a los reportes de muerte de personas privadas de libertad, el OVP sostuvo que cada fallecimiento relacionado con la falta de atención médica, retrasos en traslados hospitalarios o condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos encargados de velar por los derechos humanos.
Asimismo, recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia y responsabilidad directa del Estado, por lo que corresponde a las autoridades garantizar su integridad física, salud y vida.
El Observatorio destacó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han reiterado durante años la obligación de los Estados de proteger a las personas bajo su custodia.
