El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recopiló el sábado 7 de noviembre denuncias de familiares sobre presuntas irregularidades que se comenten en el Circuito Judicial de La Guaira, además los familiares mencionaron el retardo procesal penal al que se son sometidos los privados de libertad.
De acuerdo con la publicación, cerca de dos meses después del doblete sísmismo, que afectó a Venezuela el 24 de junio, los tribunales en La Guaira se reactivaron a “media máquina”, bajo la supuesta excusa del riesgo estructural que representan dos edificios ubicados alrededor de la sede judicial, los cuales sufrieron daños.
El OVP detalló que el edificio donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas y la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, habilitó algunas salas de forma progresiva; pero se labora hasta el mediodía.
“Antes del terremoto se hacían las 7:00 pm y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia”, contaron afectados, quienes no fueron identificados por el OVP.
Entre las peticiones que extendieron los familiares de los privados de libertad al ente independiente, destaca la agilización de las audiencias o se realicen de remota, como solución al retardo procesal penal.
Denuncias de irregularidades
El OVP expuso que entre las denuncias recopiladas están los presuntos cobros irregulares, extorsión a cambio de otorgar la libertad o no enviar a las personas a juicio, y siembra de evidencias como armamento o drogas.
También advirtieron sobre el ocultamiento de evidencias procesales, como la negativa de una juez a entregar los audios de los juicios a los familiares pese a ser un proceso abierto.
Sumado a esto, los familiares deben pagar copias de los expedientes en el tribunal y, el OVP conoció de casos específicos de familiares a quienes les exigieron dos resmas de hojas blancas, dos cajas de bolígrafos y cuatro repuestos de tinta de impresora para iniciar el proceso legal de la persona privada de libertad.
Contingencia del doble terremoto
La organización mencionó fallas de custodia durante la contingencia sísmica, lo que representó un riesgo para los privados de libertad.
De acuerdo con la información, en el centro de detención de Macuto al menos 200 hombres que estaban detenidos en esos calabozos fueron trasladados a un espacio abierto, bajo la supervisión de un solo funcionario policial.
“Los detenidos relataron que el movimiento telúrico fue tan fuerte que entre ellos se agarraron de los brazos para poder caminar hacia el espacio abierto y resguardarse”, reseñó el OVP.
Sin embargo, las denuncias afirmaron que en medio de la confusión ocasionada por rumores posteriores a los terremotos, dicho funcionario abandonó el recinto y fue hasta la playa para verificar la supuesta información de la llegada de un posible tsunami.
Exigencias del OVP
El OVP pidió al Poder Judicial y a los organismos de control del Estado que se ordene una inspección y auditoría desde Caracas para revisar minuciosamente todos los expedientes paralizados y viciados en La Guaira.
Asimismo, el ente independiente consideró que es indispensable que el Circuito Judicial restablezca el horario habitual de trabajo, se garantice el apego a derecho y se busque una nueva sede habilitada o traslade los procesos a la ciudad de Caracas para salvaguardar el derecho a la vida y al debido proceso de los ciudadanos.
La organización instó a la Fiscalía, al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo a iniciar investigaciones penales rigurosas sobre las denuncias de cobros de dinero, extorsión y siembra de pruebas que supuestamente involucran a jueces, fiscales y a los cuerpos de seguridad del estado La Guaira.
