Mientras decenas de familias continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, otra crisis ha tomado forma en las zonas más golpeadas por los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio: las denuncias sobre presuntos cobros abusivos, estafas, robos y saqueos en medio de la emergencia.
Los testimonios recopilados por distintos medios de comunicación y difundidos en redes sociales muestran un patrón que se repite en varias de las entidades afectadas, especialmente en La Guaira, donde familiares de las víctimas aseguran que la falta de respuesta oportuna de las autoridades los obligó a depender de recursos privados para intentar rescatar a sus allegados.
Mónica Kräuter, familiar de uno de los atrapados en el edificio Palafito del Mar, en Caraballeda, relató a Univisión que durante los primeros días la ayuda oficial fue prácticamente inexistente.
«La ayuda oficial no llegó nunca. Los que han estado ahí son familiares, amigos, que han prestado mucho apoyo», dijo.
Según explicó, las labores iniciales fueron realizadas por familiares, vecinos y voluntarios, quienes trabajaron con herramientas improvisadas e incluso con sus propias manos para retirar escombros mientras esperaban la llegada de maquinaria pesada.
Sin embargo, la necesidad de equipos especializados abrió paso, según denunció, a presuntos cobros excesivos.
«Una retroexcavadora cobra 500 dólares por media hora de operación, y a mi hermano le estafaron 500 dólares por una grúa que nunca fue. No imaginas lo que se ha pagado con retroexcavadoras de media hora en media hora, para que retiren lo más fuerte», denunció.
Kräuter aseguró además que la preparación del terreno para que posteriormente trabajaran brigadas internacionales de rescate fue financiada por los propios familiares. Sostuvo que, hasta la llegada de equipos internacionales con tecnología especializada, el apoyo estatal fue inexistente.
«El Estado no nos ha dado ningún apoyo. Cero. Y eso se replica en otros edificios. No es solo Palafito del Mar, ocurre en todas las edificaciones, particularmente en Caraballeda», señaló.
Denuncias por cobros para entregar cuerpos
Las denuncias no se limitan a la búsqueda de sobrevivientes. En un video difundido en redes sociales, Génesis Marcano afirmó que familiares de personas fallecidas estarían siendo obligados a pagar cientos de dólares para poder realizar los servicios funerarios.
«¿Cómo es posible que estamos pasando por todo lo que estamos pasando con esta catástrofe y todavía haya gente que le esté cobrando a los familiares de los fallecidos la suma de 450 dólares para poder enterrar a sus familiares?», cuestionó.
Según su testimonio, los cobros estarían ocurriendo en una funeraria ubicada en el Casco Histórico de La Guaira.
«No podemos aceptar esto, necesitamos empatía. ¿De dónde sacamos dinero para enterrar a nuestros familiares?», expresó.
“Se burlaron de mi”
Mary Lourdes Pérez, quien perdió a sus dos hijos durante la tragedia, también denunció haber sido víctima de personas que ofrecieron ayuda que nunca llegó. En un video difundido por el reportero Román Camacho, la mujer relató que entregó la poca comida y agua que tenía disponible con la esperanza de recibir apoyo para continuar la búsqueda.
«Preferí dárselo todo porque mi prioridad en estos momentos es encontrar a mi hijo», contó. Sin embargo, aseguró que las promesas nunca se concretaron y “en un descuido” quienes habían ofrecido la supuesta ayuda se fueron.
«Me prometieron muchas cosas y llanamente se burlaron de mí», lamentó.
Otra de las denuncias provienen de familiares de personas desaparecidas en edificios colapsados, quienes aseguran haber presenciado presuntos robos de pertenencias mientras continuaban las labores de rescate.
En declaraciones recogidas por Telemundo, una mujer afirmó que integrantes de la milicia habrían ingresado al lugar sin participar en las tareas de búsqueda. Aseguró que fueron los mismos familiares quienes rescataron los cuerpos de sus seres queridos.
«Ayer (30 de junio) nos enviaron a unos milicianos para acá y se estaban llevando las pertenencias de los familiares, no han movido nada. Los cuerpos que se han sacado los hemos sacado los familiares de las personas que están aquí. Se escucharon voces ayer. Pudieron taladrar porque un señor que vive aquí y tiene a su papá aquí trajo el taladro», relató.
«La guardia apareció para llevarse el dinero»
Una de las acusaciones más delicadas fue realizada por la pediatra Emilia Figueroa Gil, quien aseguró que la presencia de organismos de seguridad ocurrió más de un día después del colapso del edificio Solimar, en Los Corales, Caraballeda.
Según denunció en un video que también se difundió en las redes sociales, cuando llegó al lugar encontró que únicamente los familiares realizaban labores de rescate.
«Solo los familiares sacaban gente viva con pico y pala. La GNB y el Ejército, nadie», afirmó. Indicó que el primer cuerpo de seguridad llegó 36 horas después y que la maquinaria pesada apareció varios días más tarde.
En ese sentido, acusó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de haberse apropiado del dinero que pertenecía a su padre fallecido y exigió que el comandante general del cuerpo militar se los devuelva.
La detención de cuatro funcionarios del CICPC
A las denuncias de los últimos días, también se sumó la detención de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) luego de haber sido grabados y el video difundido en redes sociales por su intención de “robar” dinero hallado en una zona de desastre de La Guaira.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que los agentes fueron detenidos y expulsados de la Policía Científica por “deshonrar su uniforme” con estas actividades irregulares y resaltó que serán “totalmente intolerantes” con todos los funcionarios que cometan actos contrarios a las buenas costumbres.
Por su parte, el director del CICPC, Douglas Rico, emitió un comunicado a través de sus redes sociales sobre la conducta de los agentes detenidos en el que indicó que “actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”.
La situación después de los dos terremotos ha evidenciado una tensión entre civiles y cuerpos de seguridad, específicamente militares, debido a la actuación de los organismo del Estado durante la emergencia. Otras de las denuncias que se han reportado es el despliegue de los efectivos castrenses con maquinarias para retirar vehículos y objetos personales, mientras continúan personas desaparecidas entre los escombros.
Las denuncias conocidas hasta ahora reflejan una realidad que, según familiares y sobrevivientes, se ha repetido en distintas zonas afectadas por los terremotos: la falta de recursos para las labores de rescate, la necesidad de contratar maquinaria para remover escombros y la aparición de presuntos abusos en medio de la desesperación de quienes buscan recuperar a sus seres queridos o darles sepultura.
