Representantes de organizaciones de derechos humanos aseguraron este 15 de julio que, pese a las recientes excarcelaciones de presos políticos, en Venezuela continúan vigentes las condiciones que han permitido las violaciones de los derechos humanos y la persecución de la disidencia.
Durante el foro Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity, especialistas coincidieron en que las liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas no representan, por sí solas, un cambio estructural en el país, ya que persisten restricciones a las libertades fundamentales y debilidades institucionales.
Laura Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), afirmó que “lo más fundamental no ha cambiado” y sostuvo que el país aún no atraviesa una transición democrática genuina.
La experta aseguró que más de 500 personas continúan detenidas por motivos políticos y advirtió que siguen vigentes leyes que, a su juicio, criminalizan la disidencia. Asimismo, mencionó la intervención de partidos políticos, la inhabilitación de dirigentes y la falta de independencia de los sistemas judicial y electoral.
“Durante las últimas dos décadas, la autoridad venezolana ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas (…) Las estructuras que hicieron posible la represión permanecen intactas”, expresó durante su intervención.
Los terremotos y las debilidades de las instituciones
La directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Bibi Borges, también intervino en el foro y aseguró que los terremotos del 24 de junio evidenciaron las debilidades institucionales del país.
“Quiero comenzar reconociendo a dos grupos en Venezuela: los que llevan años buscando justicia por violaciones de derechos humanos y los que hoy siguen buscando a sus seres queridos bajo los escombros del terremoto de junio. A primera vista parecen tragedias distintas. No lo son. Una es fruto de las acciones humanas y fallas institucionales, la otra de un desastre natural y ambas revelan el terrible costo de instituciones que no protegen a su gente”, expuso Borges.
La activista añadió que cualquier proceso de transición democrática debe colocar a las víctimas en el centro de las políticas públicas, fortalecer la protección de la sociedad civil y avanzar en la reconstrucción de las instituciones democráticas.
Entretanto, Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), informó que actualmente existen al menos 518 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.
Aunque reconoció que 795 personas han salido de prisión en los últimos meses, precisó que solo una parte obtuvo libertad plena, mientras que la mayoría permanece bajo medidas cautelares y procesos judiciales que, según indicó, continúan vulnerando las garantías del debido proceso.
Tineo cuestionó la falta de transparencia en torno a las excarcelaciones, al señalar que las autoridades no han publicado los listados oficiales de las personas beneficiadas ni los han remitido a organismos internacionales, lo que, explicó, dificulta la verificación independiente de los anuncios oficiales.
La defensora de derechos humanos alertó que persisten las restricciones al espacio cívico y los obstáculos para la supervisión internacional en materia de derechos humanos, factores que, según los participantes del foro, continúan limitando el ejercicio de las libertades fundamentales en el país.
