La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió este viernes 17 de julio una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos recluidos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda. La solicitud se produjo luego de una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, quien, según la organización, minimizó los hechos denunciados.
«Lejos de constituir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección, la reunión estuvo marcada por la negación de las denuncias, la descalificación de quienes las formularon y de las organizaciones que las acompañan», indicó la ONG en un comunicado publicado en la red social X.
El comité sostuvo que es grave que, en lugar de ofrecer garantías para la protección de las víctimas y los testigos, durante el encuentro se transmitieran mensajes orientados a desalentar las denuncias, desacreditar la documentación independiente y atribuir la responsabilidad de la situación a quienes exigen justicia.
Asimismo, aseguró que la respuesta institucional refleja un patrón reiterado en el que, según la organización, las autoridades priorizan cuestionar la credibilidad de quienes denuncian antes que investigar los hechos, proteger a las víctimas o garantizar la rendición de cuentas.
Ante esta situación, la ONG exigió una investigación independiente, imparcial y efectiva, con participación de mecanismos internacionales competentes, sobre las denuncias de torturas en Rodeo I.
También solicitó la destitución del ministro Julio García y de los funcionarios que, a su juicio, incumplieron su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y revictimizaron a sus familiares.
Denuncias tras los terremotos
Además, la organización pidió el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.
La semana pasada, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que detenidos en Rodeo I fueron «golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno» para obligarlos a regresar a sus celdas, luego de permanecer varios días en el patio tras los terremotos del 24 de junio.
Familiares de los presos políticos también señalaron que las autoridades los han abandonado tras los sismos, situación que, según afirmaron, se refleja en el deterioro de la alimentación y en la falta de atención a estructuras penitenciarias afectadas por el desastre.
Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha publicado un balance oficial sobre la situación de los detenidos ni sobre el estado de las cárceles tras los terremotos, que ya dejan más de 5.000 fallecidos.
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