El gobierno de Estados Unidos hará permanente el programa que permite exigir fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares a algunos extranjeros que soliciten visas de turismo y negocios (B-1/B-2).
La medida, que entrará en vigor el lunes 3 de agosto, incluye a ciudadanos de unos 50 países, entre ellos Venezuela, según un aviso publicado este viernes 31 de julio en el Registro Federal.
El programa comenzó como un plan piloto en agosto de 2025, pero ahora pasará a formar parte de la política migratoria permanente del gobierno del presidente Donald Trump.
Los funcionarios consulares tendrán la potestad de decidir, caso por caso, si exigen una fianza y cuál será su monto: $10.000, $15.000 o $20.000.
¿Cómo funciona el programa?
La fianza deberá ser consignada por los solicitantes seleccionados antes de que se procese su visa. El dinero será administrado por los departamentos de Estado y del Tesoro y será reembolsado una vez que el visitante abandone Estados Unidos dentro del tiempo autorizado por su visado.
La medida no aplica automáticamente a todos los solicitantes de los países incluidos ni garantiza la aprobación de la visa. La decisión queda a criterio de los funcionarios consulares, quienes evaluarán cada caso de manera individual.
El Departamento de Estado sostiene que el programa busca reducir los casos en los que los visitantes permanecen en el país más tiempo del permitido por sus visas, una de las prioridades de la política migratoria de Trump.
Balance del programa piloto
De acuerdo con el Departamento de Estado, durante el primer año del programa piloto se identificaron 20.000 solicitudes sujetas al pago de una fianza. Aproximadamente la mitad de esos solicitantes desistió de continuar el trámite.
Además, el Gobierno aseguró que la medida contribuyó a una reducción del 83 % en la emisión de visas de turismo y negocios en los países incluidos en el programa.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado la política al considerar que impone una barrera económica para acceder a vías legales de ingreso a Estados Unidos y afecta especialmente a ciudadanos de países con menores ingresos.
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