La organización no gubernamental (ONG) Provea denunció que autoridades gubernamentales ocultan la capacidad hospitalaria real y la obtención de la información vulnerando cinco derechos fundamentales tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
La ONG Provea también advirtió que la opacidad estatal entorpece la reconstrucción, a través de una publicación difundida en sus redes sociales el domingo 2 de agosto.
La organización alertó que la falta de datos impacta de forma directa la capacidad de respuesta de la sociedad civil, que, junto a distintas plataformas ciudadanas, han recopilado registros de personas afectadas, desaparecidas y refugios temporales tras las emergencias recientes a través de iniciativas como Red Ayuda Venezuela, Manos Juntas Venezuela y Cáritas Venezuela.
Provea añadió que la ausencia de transparencia paraliza a la población de forma sistémica: “Sin datos, las familias no pueden tomar decisiones, las comunidades no pueden organizarse y las víctimas no pueden exigir responsabilidades (…) La transparencia no es un favor del Estado venezolano; es una obligación de sus compromisos en materia de derechos humanos”, denunció la ONG.
Los cinco derechos vulnerados, según Provea
1. Derecho a la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas
El Estado reportó 157 personas desaparecidas el 25 de junio y congeló esa cifra; dejó de actualizar el registro mientras las iniciativas ciudadanas denuncian miles de personas con paradero desconocido.
Asimismo, las autoridades detuvieron el boletín diario de fallecidos el 24 de julio con una cifra de 5.546 víctimas. Esta situación ha causado que las familias sigan buscando a las personas desaparecidas “sin acompañamiento del Estado”.
2. Derecho a la salud y a la atención médica
La organización alertó que se desconoce la capacidad hospitalaria disponible, la disponibilidad de tratamientos y la atención especializada en las zonas afectadas, por lo que ‘‘la incertidumbre también afecta el derecho a la salud”.
3. Derecho a una vivienda digna y a la protección de las familias desplazadas
Provea recordó que el gobierno encargado reportó 23.811 personas ubicadas en 107 campamentos temporales, pero no detalla cuántas son niños, personas con discapacidad o adultos mayores con enfermedades crónicas ni precisa cuánto tiempo permanecerán allí.
Además, el Estado inició la demolición del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, sin informar con transparencia si cumplió con los protocolos previos de búsqueda de víctimas y restringió la cobertura de la prensa mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
4. Derecho a la educación
A pocas semanas del inicio del año escolar, el Estado no ha publicado datos sobre la cantidad de escuelas que quedaron inhabitables ni sobre la cifra de estudiantes y docentes damnificados. Esta omisión deja a miles de niños y jóvenes sin saber dónde, cuándo ni en qué condiciones retornarán a las aulas.
5. Derecho al acceso a la información pública y rendición de cuentas
La ONG recordó que el Banco Mundial estimó en 19,6 millardos de dólares los daños directos del doble terremoto, pero el Estado no ha explicado cómo gestiona los recursos públicos ni los fondos de ayuda humanitaria destinados a la reconstrucción. la organización destacó que “reconstruir también significa rendir cuentas”.
Ante esa situación, la organización concluyó que en medio de una emergencia como esta, “la información también es ayuda humanitaria” y que “el acceso a la información salva”.
