El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el 4 de agosto que documentó la muerte de 49 personas privadas de libertad entre abril y julio de 2026, una cifra que, según la organización, evidencia el deterioro de las condiciones de salud en el sistema penitenciario venezolano.
“En apenas cuatro meses, el régimen venezolano ha permitido que, en promedio, una persona privada de libertad muera cada tres días. No fallecieron porque estuvieran condenadas a morir, sino porque el Estado incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantienen bajo su custodia”, escribió la organización en un comunicado publicado en su página web.
De acuerdo con el balance presentado por el OVP, de las 49 víctimas, 48 eran hombres y una mujer. Además, 47 fallecieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.
La organización indicó que detrás de cada caso existe una historia distinta, pero afirmó que todos tienen un elemento en común: personas que dependían completamente de las autoridades para recibir atención médica, medicamentos, exámenes especializados o ser trasladadas oportunamente a un centro asistencial.
49 presos han muerto por la inacción del régimen venezolano https://t.co/27iq4xSjWf
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 4, 2026
El observatorio recordó que una persona privada de libertad únicamente pierde el derecho a la libertad ambulatoria, mientras conserva el resto de sus derechos fundamentales.
“En Venezuela enfermar dentro de una cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte (…) Quien permanece recluido no decide cuándo acudir a consulta, no puede comprar medicamentos, solicitar exámenes especializados ni trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial”, expresó.
Acción de los familiares resulta insuficiente
Según el comunicado, aunque los familiares suelen intentar suplir las carencias del sistema costeando medicamentos, exámenes médicos o buscando especialistas, estos esfuerzos resultan insuficientes cuando no existe un diagnóstico oportuno o las autoridades no autorizan los traslados.
El OVP aseguró que durante años ha documentado casos en los que las salidas a centros de salud son suspendidas con argumentos como que “no llegó la boleta”, “no hay transporte” o “no hay personal disponible”, mientras la condición de salud de los reclusos continúa deteriorándose.
La organización sostuvo que el abandono sanitario dejó de ser un problema aislado para convertirse en “la principal causa de muerte dentro de las cárceles venezolanas”. Asimismo, indicó que varias de las personas fallecidas padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que, a juicio del observatorio, “difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.
“Estas 49 muertes comprometen directamente la responsabilidad del gobierno. El Ministerio del Servicio Penitenciario no solo administra los establecimientos de reclusión; también es el garante de la vida, la integridad y la salud de quienes permanecen privados de libertad. Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose”, insistió.
El OVP exhortó al Ministerio Público a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada uno de los 49 fallecimientos para determinar las responsabilidades correspondientes. Además, exigió la intervención inmediata del Ministerio del Servicio Penitenciario y la implementación de una atención humanitaria por razones de salud en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país, con el objetivo de permitir el ingreso de asistencia médica independiente, garantizar diagnósticos oportunos y evitar que continúen registrándose muertes por enfermedades prevenibles o tratables.
