El anuncio del Ministerio de Educación sobre la reubicación de estudiantes cuyos planteles sufrieron daños estructurales tras los sismos del 24 de junio ha generado diversas reacciones entre los representantes de la Gran Caracas.
De acuerdo con balances del organismo gubernamental, 91 escuelas en todo el país registraron colapsos o daños graves que impiden el desarrollo de actividades lectivas en sus sedes originales, por lo que la población estudiantil afectada será trasladada al centro educativo más cercano a su residencia para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.
Adicionalmente, evaluaciones preliminares del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) contabilizaron 432 planteles con algún tipo de afectación en el Distrito Capital, mientras que monitoreos de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA) y organizaciones de la sociedad civil registraron más de 900 instituciones con daños de diversa magnitud en ocho estados del país.
En la capital y zonas adyacentes, infraestructuras de tradición educativa sufrieron deterioros visibles. Entre los casos documentados figuran el desplome parcial del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo en La Pastora y los derrumbes reportados en el Colegio Iberoamericano en El Junquito. En el estado Miranda, varias instituciones registraron caída de estructuras y fracturas en paredes y pisos.
Ante el proceso de asignación hacia nuevos planteles y las condiciones físicas de las escuelas operativas, algunos representantes expresaron en entrevista para El Diario sus posturas sobre la logística de traslado, la seguridad estructural de los edificios y la adaptación de los alumnos.
La incertidumbre de los padres y representantes
En la parroquia La Pastora, los daños reportados en edificaciones escolares cercanas han llevado a los representantes a buscar alternativas institucionales antes del inicio de las actividades académicas.
Para Norelys Suárez, madre de dos estudiantes de educación primaria en el sector, la falta de un listado público detallado sobre los planteles receptores dificulta la planificación familiar.
“Nos dijeron que la reubicación sería en el colegio más cercano a la casa, y en otro horario al que ya tenía antes, pero hasta el momento no hemos recibido la confirmación formal del plantel que les corresponde y faltan unos días nada más. Mi preocupación principal es la distancia y el transporte público, porque el colegio donde estudiaba le quedaba a dos cuadras y ahora no sé cuánto tiempo ni cuánto dinero adicional voy a necesitar diariamente para llevarlo”, señaló Suárez para El Diario.
Agregó que, aunque las autoridades instruyeron a los directores procesar la inscripción de alumnos reubicados aun sin documentación completa, el proceso administrativo ha generado dudas en la comunidad.
“Fui a la zona educativa para consultar el estatus del cupo y me informaron que debía esperar la asignación directa en el sistema. Los días pasan y necesitamos comprar los útiles sabiendo exactamente a dónde irán los niños”, puntualizó.
En zonas de Guatire y Guarenas, estado Miranda, varios planteles como la Escuela Rosa Peña, la Unidad Educativa Régulo Rico y la Escuela Mango de Ocoita, presentaron daños en su infraestructura, por lo que las inquietudes de los padres y representantes se enfocan en las inspecciones técnicas de las escuelas que recibirán a la población estudiantil desplazada.
Carlos Mendoza, padre de un alumno de educación media, sostuvo que la comunidad de representantes solicitó la difusión de los informes de Protección Civil sobre las condiciones de las instalaciones.
“Yo diría que el colegio de mi hijo no está en condiciones de abrir por los derrumbes que sufrió, necesitamos tener la certeza de que la estructura no presenta grietas, ni fallas en los cimientos porque las réplicas continúan y es un riesgo enviar a nuestros hijos así, sin saber si estarán seguros”, dijo Mendoza.
Mendoza añadió que los padres han sostenido reuniones comunitarias para solicitar la presencia de ingenieros y especialistas en las instalaciones.
“El miedo de los muchachos es real, cada vez que sienten una vibración recuerdan el temblor. Llevarlos a un edificio que no esté apto genera ansiedad en toda la familia. Lo que le pedimos a las autoridades es que muestren los certificados de inspección estructural antes del primer día de clases”, indicó el padre.
Protocolos y medidas de seguridad
Redes educativas como Fe y Alegría informaron que 19 de sus planteles sufrieron afectaciones graves en regiones que incluyen a Caracas, Miranda y La Guaira. Ante este panorama, los padres entrevistados coincidieron en la necesidad de incorporar simulacros y protocolos de evacuación en el diseño del nuevo año escolar.
Gustavo Linares, padre de un alumno del liceo José María España, ubicado en la parroquia Macuto de La Guaira, planteó que las instituciones actualicen sus planes de gestión de riesgos en conjunto con los representantes.
“El problema no es solo la reubicación física, sino la preparación de la escuela para responder ante un evento similar. Necesitamos saber cuáles son las zonas de seguridad del nuevo colegio y cuáles son las rutas de evacuación señalizadas”, agregó.
En el caso de dicho liceo, la rezonificación se dará hacia la escuela Luisa Castillo del sector Punta Mulato bajo un horario doble, ya que en el turno matutino recibirán a los alumnos de primaria y en el vespertino al resto de la población estudiantil.
Linares acotó que el retorno a las aulas debe priorizar la revisión periódica de los inmuebles escolares durante el desarrollo del periodo académico.
Necesidades económicas y sociales
Carlos Gutiérrez, padre de dos niños inscritos en una escuela subvencionada de la parroquia Sucre en Catia, explicó que la pérdida parcial de su vivienda le impide priorizar la compra de uniformes o útiles escolares para el nuevo ciclo lectivo.
“La prioridad en mi casa ha sido arreglar los daños en mi casa y asegurar la comida. El colegio sufrió daños en los baños y nos dijeron que capaz y los papás teníamos que colaborar para reparar las tuberías, pero la mayoría quedamos damnificados o con los ingresos recortados. No es solo si el colegio está en pie, es que las familias no tenemos cómo sostener la dinámica escolar en este momento”, afirmó Gutiérrez.
Las dudas de los representantes también abarcan la capacidad de respuesta y la preparación del personal docente ante una eventual réplica durante las horas de clase.
En ese sentido, los entrevistados coincidieron en afirmar que desconocen si en las comunidades escolares existe un plan de evacuación unificado y coordinado.
“Si van a reanudar las actividades, lo primero que exigimos los representantes es saber cuál es el plan de desalojo, quién va a cuidar a los niños si los accesos se bloquean y si los maestros están capacitados en primeros auxilios. No podemos dejar la seguridad de nuestros hijos al azar”, sostuvo Mendoza.
La inquietud no pertenece únicamente a los padres y representantes. En el interior de los planteles, los equipos directivos y los educadores también enfrentan el desafío de retomar la enseñanza en instalaciones comprometidas y con aulas emocionalmente afectadas.
María Álvarez, docente en un centro educativo privado en El Paraíso, explicó que la falta de dictámenes técnicos por escrito genera tensión en el personal directivo al momento de convocar al equipo laboral.
“La escuela es su espacio de resguardo, por eso asumimos una responsabilidad enorme. Si no se tiene una certificación oficial de habitabilidad emitida por los organismos competentes, es un riesgo. Un informe visual rápido no es suficiente cuando hay estructuras de tres niveles con fisuras en columnas clave”, aseveró Álvarez.
Añadió que no se trata solo de pararse frente a un pizarrón a dar materia, porque bajo estas condiciones los niños pueden llegar asustados y como maestros deben entender y manejar la situación con pedagogía y serenidad.
“No solo tenemos que ver cómo recuperamos el tiempo perdido, sino cómo gestionamos el miedo de 30 niños en un salón. Nosotros también vivimos el sismo y perdimos cosas, pero debemos ser el contrafuerte de ellos”, concluyó Álvarez.
Plan de reubicación escolar
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, confirmó el 8 de septiembre que aplicará un plan de rezonificación escolar para garantizar el retorno a las aulas de más de seis millones de estudiantes el lunes 14 de septiembre, cuyos planteles resultaron afectados por los sismos.
Precisó que de los 27.000 planteles registrados en el país, 900 presentaron daños leves y se encuentran en fase de reparación.
Asimismo, señaló que 87 escuelas sufrieron afectaciones severas que requieren rehabilitaciones profundas, 11 colapsaron por completo y 50 continúan habilitadas de forma provisional como campamentos de resguardo para familias damnificadas, recintos que serán desocupados paulatinamente antes del comienzo de las actividades académicas.
“Esta semana los padres sabrán si sus hijos fueron rezonificados a otras escuelas. La tarea más urgente es dar a conocer este proceso y fortalecer la vocería. Rezonificar significa asignarlos a la escuela más cercana; en ocasiones será en la misma comunidad, en la parroquia vecina o en el municipio contiguo”, adelantó Rodríguez.
El protocolo oficial establece que los estudiantes serán reubicados en el plantel activo más próximo a su lugar de residencia. De igual forma, el organismo rector instruyó a las directivas escolares a procesar la inscripción de los alumnos aun si no cuentan con la documentación completa al momento del registro, con el fin de permitir la regularización de los expedientes de manera progresiva durante el transcurso del año escolar.
Datos del informe situacional de Cecodap y Redhnna
Frente a la incertidumbre manifestada por las familias en los sectores afectados, la dimensión real del impacto físico e institucional comenzó a sistematizarse de forma cuantitativa.
En ese sentido, la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap presentaron un informe situacional, con corte al 25 de agosto de 2026, que documentó las afectaciones sufridas en el sistema educativo.
El monitoreo general elaborado por Cecodap registró 432 escuelas con daños moderados o colapsos parciales en la Gran Caracas y nueve estados más.
Mientras que la inspección conjunta entre la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y la red Fe y Alegría identificó 131 edificaciones con daños severos.
De esa cifra, 28 centros pertenecientes a la AVEC reportaron situaciones de daño crítico. Por su parte, la red Fe y Alegría contabilizó 84 planteles con problemas de infraestructura, precisando que 56 de ellos están situados en zonas clasificadas de alto riesgo y 5 sufrieron afectaciones de nivel alto.
Para evaluar las condiciones en el terreno, la investigación incorporó una consulta ciudadana basada en 99 formularios aplicados sobre 26 planteles educativos ubicados en Caracas, La Guaira y el estado Miranda.
Los resultados recabados indican que 27,3 % de las personas consultadas reportó la existencia de daños graves en la estructura de sus escuelas.
Asimismo, 33,3 % de los reportes señaló que las instalaciones presentan áreas clausuradas, intransitables o que representan un peligro latente para la comunidad escolar, mientras que 17,2 % indicó que la infraestructura del centro educativo está funcionando actualmente como refugio temporal para familias que quedaron sin vivienda.
A la situación se suma la falla en la prestación de servicios públicos esenciales dentro de los colegios. El 56,6 % de las escuelas reportadas presentó interrupciones severas o suspensión total de los servicios de telefonía e internet, al tiempo que 43,4 % registró fallas constantes o ausencia absoluta del suministro de agua potable.
En cuanto a las demandas inmediatas manifestadas por la población consultada, 61.6 % solicitó la aplicación urgente de primeros auxilios psicológicos para los estudiantes.
Un porcentaje idéntico (61,6 %) requirió jornadas de orientación y capacitación en gestión de riesgos ante la eventualidad de réplicas sísmicas, y 57,6 % demandó programas de acompañamiento emocional especializado para el personal docente y de apoyo.
El inicio de las actividades académicas el 14 de septiembre demostrará la efectividad de la rezonificación y la flexibilización de los trámites de inscripción sobre las condiciones en las que más de seis millones de estudiantes se reincorporarán a las aulas tras las afectaciones causadas por los eventos sísmicos.
