Hoy el gobierno de Delcy Rodríguez tuvo un gesto de una generosidad que hay que aplaudir de pie: ordenó a los proveedores de internet devolverle a los venezolanos el acceso a diez portales de noticias que llevaban años bloqueados. Conatel lo anunció con la solemnidad de quien entrega una medalla. La Asamblea Nacional electa en 2015 lo saludó. Y en algún despacho con planta eléctrica propia, alguien debió sentirse muy orgulloso del gesto.
El problema es que, para leer una noticia, hace falta algo más que el permiso de Conatel. Hace falta luz. Y esa, en Venezuela, sigue sin llegar.
Mientras se celebraba el fin del bloqueo digital, la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar —el Guri, la que durante medio siglo fue el orgullo hidroeléctrico de un país que se creía rico— operaba con siete de sus veinte unidades paradas. La turbina 17, que por sí sola producía 770 megavatios, se dañó el 29 de agosto. Trabajadores de Corpoelec habían advertido meses antes que la máquina se estaba desgastando y que nadie hacía el mantenimiento correspondiente. Nadie los escuchó. Ahora la reparación —construir una pieza nueva, un rodete— puede tardar hasta dos años. Dos años. El tiempo que dura, casi, un período de gobierno.
Hagan cuentas conmigo, que para eso soy economista y no me gusta suavizar los números: Guri, con capacidad instalada para 10.350 megavatios, hoy genera 6.141. Es decir, funciona al 59% de lo que debería. Y eso sin contar que más del 80% del parque termoeléctrico nacional está fuera de servicio, generando apenas 2.800 megavatios adicionales. El déficit, ya en agosto —antes de que se cayera la unidad 17—, superaba los 2.500 megavatios en horas pico. Eso es, para que se entienda sin fórmulas, todo lo que consume el estado Zulia completo, esfumado del sistema.
¿Y la explicación oficial? Ah, la explicación oficial es de las que hay que enmarcar. En marzo, el gobierno culpó «al pasaje de los rayos perpendiculares del sol sobre Venezuela». En agosto, cambiaron de guion y le echaron la culpa a El Niño. Lo curioso es que, mientras el Ministerio de Energía Eléctrica hablaba de astros y climas, el mismo gobierno firmaba —en cuestión de meses— tres acuerdos distintos con empresas internacionales para «recuperar la generación eléctrica»: uno con General Electric, otro con un consorcio para diez nuevas unidades, y uno más con la argentina IMPSA para reactivar la represa de Tocoma. Si el problema fuera el sol, no haría falta firmar nada con nadie. Se firma con quien arregla turbinas, no con quien controla el clima.
Aquí es donde la ironía se pone seria. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, apenas un 10% de los hogares venezolanos dice no sufrir nunca un corte eléctrico. El 39% lo sufre a diario, varias horas. Lo que antes eran apagones de dos a cuatro horas interdiarias hoy promedian seis horas diarias, con picos que superan las diez en algunas regiones. Eso no es clima. Eso es una infraestructura que Transparencia Venezuela calcula que se llevó, entre 1999 y 2016, unos 38.000 millones de dólares —de los cuales, según su estimación, un 61% terminó desviado. No hace falta ser ingeniero para entender ese número. Basta con ser venezolano y haber vivido, alguna vez, sin nevera.
Y aquí quiero detenerme, porque hay un nombre que empieza a repetirse en dos historias que parecían no tener nada que ver. El mismo círculo empresarial que capitaliza la apertura petrolera del país —la que esta misma semana firmó un memorando entre Continental Resources y PDVSA para uno de los grandes bloques de la Faja del Orinoco— es señalado, por dirigentes como Andrés Velásquez, como parte del problema detrás del colapso eléctrico. No voy a repetir aquí una acusación que no he podido verificar palabra por palabra, porque en esta casa no se inventa ni se exagera lo que no se puede sostener. Pero sí voy a hacer la pregunta que cualquier venezolano tiene derecho a hacerse: ¿por qué el capital internacional entra rápido al petróleo y entra a paso de tortuga —o no entra— a la red eléctrica que ese mismo petróleo necesita para funcionar? Porque sin electricidad no arrancan los taladros, no funcionan los hospitales, y tampoco, dicho sea de paso, cargan el teléfono desde el que uno lee las noticias recién desbloqueadas.
El Laboratorio de Paz lo dijo hoy con otras palabras, más diplomáticas que las mías: la reinserción internacional de Venezuela no puede avanzar más rápido que la normalización democrática. Yo lo traduzco así: de nada sirve que el mundo le devuelva a Venezuela su lugar en el mapa petrolero si a los venezolanos no se les devuelve, primero, la luz de su propia casa.
En julio se registraron 509 protestas en el país —un 246% más que el año anterior—. La causa número uno no fue una consigna política: fue la electricidad. 109 protestas por apagones. 38 más por falta de agua, que en este país es la misma crisis con otro nombre, porque sin luz no hay bombeo. La calle no está pidiendo un relato. Está pidiendo que la turbina 17 se arregle antes de dos años, y que mientras tanto alguien le explique, con la verdad y no con el clima, por qué Venezuela —el país que se sentó, literalmente, sobre un mar de petróleo— sigue sin poder mantener encendido un bombillo.
Abrir el internet estuvo bien. Ahora abran la luz.
