A tres meses de la tragedia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el 24 de junio sacudieron varios estados de Venezuela, la respuesta estatal en las zonas devastadas atraviesan una fase de paulatina reconstrucción.
La magnitud de las afectaciones, de acuerdo con la Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA) presentada entre el 15 y 16 de septiembre, en articulación con la Organización de las Naciones Unidas (PNUD), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, estimó las pérdidas y daños directos en 14.8 millardos de dólares.
El informe señaló que la hoja de ruta integral para la reconstrucción de las zonas afectadas y la atención integral para las familias damnificadas ascenderá a 21 millardos de dólares. Para cubrir parte de estos costos, se han activado los mecanismos de financiamiento inmediato mediante instrumentos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y recursos técnicos multilaterales con un valor de 346 millones de dólares
No obstante, las familias desplazadas siguen ocupando albergues improvisados, instalaciones deportivas y sedes militares tras haber perdido sus viviendas en La Guaira, Caracas y Miranda.
En la parroquia Caraballeda, una de las zonas costeras más golpeadas del estado La Guaira debido a su proximidad con las fallas tectónicas, Elena Mendoza, docente de 42 años de edad, relató en entrevista para El Diario cómo ve el panorama más allá de las cifras oficiales.
“Oigo cifras, datos de ayuda, planes, pero la realidad es de lo que no se habla. Mi familia y yo tenemos tres meses en un refugio provisional. Sí, es cierto, recibimos raciones de comida y atención médica, pero las autoridades aún no nos han entregado un cronograma con fechas precisas para la asignación de un inmueble definitivo”, destacó la damnificada.
Lenta respuesta ante el déficit habitacional
El informe del PDNA y las cifras oficiales del Ministerio para Hábitat y Vivienda (Minhvi) reflejan que el impacto sobre el parque residencial representa más del 45 % de los daños globales, con un saldo oficial de 6.509 fallecidos, 11.001 viviendas destruidas en su totalidad y 14.239 inmuebles con daños graves o moderados.
Ante este escenario, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y el programa Venezuela Renace reportaron, el 17 de septiembre, la entrega de 339 viviendas rehabilitadas entre el Distrito Capital, La Guaira y Aragua. Sin embargo, estas soluciones resultan insuficientes para absorber la demanda de miles de ciudadanos que continúan en situación de vulnerabilidad.
Para organizar la adjudicación de soluciones habitacionales, el Ministerio abrió el Registro Único de Vivienda (RUV) en la Torre del Minhvi en Chacao, bajo un cronograma de atención según el terminal de la cédula de identidad y validación por dispositivos captahuellas y códigos QR.
Al cierre de agosto, el RUV contabilizó 45.029 familias inscritas (aproximadamente 128.000 personas), de las cuales el 80 % proviene de La Guaira.
A pesar de la entrega de inmuebles y recuperación de viviendas que no tuvieron pérdida total, la prolongación de la estancia en los albergues temporales, donde habitan aproximadamente 23.587 personas distribuidas en 107 campamentos nacionales, ha generado tensiones por la limitación de espacios comunitarios y el reinicio de las actividades escolares.
Carmen Rosa Bastidas, enfermera jubilada de 68 años de edad y habitante de la parroquia Catia La Mar, detalló para El Diario las condiciones de convivencia que enfrentan las familias en los espacios adaptados.
“En el sitio donde nos ubicaron previamente convivíamos 34 familias. Las agencias internacionales colocaron tanques de agua potable y duchas portátiles, pero el espacio por grupo familiar estuvo limitado al tamaño de dos colchonetas. Con el reinicio de las clases nos avisaron que nos trasladarían a otro espacio. Así que decidí irme por mi cuenta a casa de unos amigos en Valencia, porque andar de aquí a allá no colabora con la estabilidad mental”, dijo Bastidas.
Inestabilidad de terrenos y dificultades para la autogestión
Carlos Eduardo Rivas, de 61 años de edad y de oficio albañil, describió el momento en que la falla del terreno en su vivienda de El Junquito comprometió la estabilidad de su hogar y generó la posterior actuación de las autoridades, quienes le aconsejaron desalojar el inmueble.
“La mitad posterior de la vivienda cedió por el movimiento de tierra del segundo sismo. Los funcionarios de Protección Civil colocaron la cinta de riesgo e inspeccionaron el terreno. Nos censaron en la lista del plan de reubicación urbanística del estado. Nos mantenemos a la espera de la publicación de las listas de adjudicación”, narró Rivas para El Diario.
Paralelamente, aquellos propietarios de viviendas con daños moderados que no califican para reubicaciones de emergencia enfrentan severas barreras económicas. El costo de los materiales de construcción en el mercado privado y la concentración de insumos públicos en obras estatales impiden que los afectados asuman de forma independiente la reparación de sus casas.
Tal es el caso de Roberto Hernández, comerciante informal de 49 años de edad y residente de El Paraíso en Caracas, quien explicó los obstáculos para acceder a los suministros necesarios para reparar su inmueble.
“Mi apartamento no colapsó, pero las paredes y el friso se agrietaron. Vinieron unos ingenieros, evaluaron y determinaron que la estructura es recuperable con materiales de construcción ligera. El problema es que el costo supera el presupuesto que maneja una familia de ingresos diarios y esperar por la ayuda del gobierno se hace difícil”, señaló Hernandez para El Diario.
Reestructuración de la ayuda humanitaria
La logística de recepción de ayuda humanitaria ha mutado. Los puntos de acopio fueron consolidados en centros logísticos unificados bajo la dirección de organizaciones como Cáritas Venezuela, la OCHA, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Unicef.
Asimismo, contenedores gestionados por fundaciones privadas desde el exterior, como Global Empowerment Mission (GEM) en EE UU, Avecva en España o directorios en la red Veneconnect, continúan despachando insumos para ayudar a los afectados en Venezuela.
A la par del problema habitacional, las labores de ingeniería ambiental enfrentan el desafío de procesar millones de toneladas de escombros generadas por el colapso de infraestructuras en La Guaira.
Para abordar el despeje, las autoridades suscribieron un convenio de asesoría técnica con la firma especializada Miyamoto International. Hasta la segunda semana de septiembre, los equipos de trabajo habían retirado aproximadamente el 37 % de los residuos mediante la operación de 14 Centros de Distribución Temporal (CDT) dedicados al reciclaje de concreto para bases de vialidad y aprovechamiento de acero.
Mientras esto ocurre, la población afectada se debate entre la subsistencia en albergues temporales y la expectativa de que los fondos multimillonarios se traduzcan en soluciones definitivas.
