El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, designó este martes 29 de septiembre una comisión de 11 diputados que se encargará de redactar el proyecto para la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia solicitada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
«Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (…) a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley», dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras atender la petición de su hermana y mandataria.
Durante una sesión del Parlamento, Jorge Rodríguez detalló que la comisión estará presidida por el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante.
A Infante lo acompañan los chavistas Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, y los opositores Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
Delcy Rodríguez había solicitado horas antes al Parlamento una reforma parcial «con carácter de urgencia» de la ley contra el odio, publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un «marco legal represivo» y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
Luego, en un acto con caficultores en el estado Portuguesa, la líder chavista reconoció que la norma fue «mal aplicada» y utilizada de forma abusiva.
La ley fue avalada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
Piden su derogación
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consideró que la eliminación de las penas de prisión contempladas en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, representaría un avance, pero advirtió que una reforma parcial sería insuficiente si mantiene las sanciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.
La posición del sindicato se conoció luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara ante la Asamblea Nacional una reforma parcial de esta legislación, aprobada en 2017 y cuestionada por organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos por sus efectos sobre la libertad de expresión.
El SNTP señaló que la revisión de la norma recoge una exigencia que periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han planteado desde su aprobación. También indicó que la modificación forma parte de los planteamientos presentados durante el proceso de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición.
No obstante, el sindicato reiteró que su posición es que la Ley contra el Odio debe ser derogada y sostuvo que, si se opta por una reforma parcial, esta debe modificar tanto las disposiciones penales como los mecanismos administrativos que pueden afectar el funcionamiento de medios de comunicación.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se pronunció sobre la solicitud de reforma. A través de su cuenta en X, el gremio reiteró que la Ley contra el Odio debe ser derogada debido a lo que calificó como su carácter «punitivo y discrecional».
«Viola derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión», señaló el CNP en referencia a la legislación.
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