El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el lunes 5 de octubre que entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas, de 60 años de edad o más, murieron bajo custodia.
La muerte más reciente registrada por el OVP fue la de Hermes Carrero, de 63 años de edad, quien falleció producto de un infarto mientras se encontraba recluido en su celda en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA).
“Su muerte se suma a una preocupante sucesión de fallecimientos de personas de edad avanzada que hemos documentado recientemente desde”, indicó la organización no gubernamental (ONG) en un comunicado difundido en su cuenta de X.
El observatorio indicó que, en el caso de Carrero, cinco días antes de su muerte, el 26 de septiembre, una Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal estuvo precisamente en el Internado Judicial de Barinas para supervisar el funcionamiento de este centro penitenciario y conocer las condiciones de los privados de libertad.
“Una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, recordó.
Los cuatro adultos mayores muertos bajo custodia
Además del caso de Hermes Carrero en el INJUBA, el OVP ha registrado las muertes de otros tres adultos mayores en los últimos 12 días. El 19 de septiembre, murió Carmen Rodríguez, de 66 años de edad, en el anexo femenino de Tocuyito, estado Carabobo. La causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio.
El 24 de septiembre, cinco días después de este fallecimiento, registraron el de Tomasa Sánchez, de 72 años de edad, por un paro cardiorrespiratorio, mientras estaba detenida en el Centro Penitenciario de Occidente I, estado Táchira.
Dos días después, el OVP denunció que el 26 de septiembre murió César López, de 68 años de edad, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico.
“Cada una de estas muertes obliga a determinar qué ocurrió antes, cuáles eran sus condiciones de salud, si recibían controles médicos, si tenían acceso a los medicamentos que necesitaban y si existieron síntomas o alertas que pudieron ser atendidos oportunamente”, advirtió la ONG.
El observatorio también recordó que estas muertes ocurrieron en un contexto en el que más de 60 personas privadas de libertad han fallecido desde abril de 2026.
OVP contabilizó 181 adultos mayores en calabozos del CICPC
El OVP aseguró que, de acuerdo con una investigación que realizaron sobre 7.414 personas recluidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) identificaron 181 personas mayores de 65 años, sometidas incluso a permanencias prolongadas en espacios concebidos para detenciones preventivas y no para funcionar como cárceles.
De acuerdo con el observatorio, la legislación venezolana reconoce que la edad y las condiciones de salud deben ser consideradas frente a la privación de libertad. La ONG citó el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece que no podrá decretarse privación judicial preventiva de libertad contra personas mayores de 70 años de edad.
Sin embargo, en los casos en los que resulte necesario deberá imponerse una medida cautelar personal, deberá recurrirse a la detención domiciliaria o a la reclusión en un centro especializado.
Para las personas condenadas, el artículo 490 del COPP contempla que los mayores de 70 años de edad terminen de cumplir la condena en su residencia cuando se encuentren dentro de los supuestos establecidos por la norma. Además, el artículo 491 contempla medidas humanitarias para quienes padezcan enfermedades graves o se encuentren en fase terminal.
“Estas disposiciones no significan que toda persona mayor de 60 años deba ser excarcelada automáticamente (…) Lo que demuestran es que incluso la legislación venezolana reconoce que la edad, la salud y la vulnerabilidad no pueden ser ignoradas dentro del sistema penal”, añadió.
