Para comprender el desarrollo de las organizaciones criminales, uno podría escribir múltiples volúmenes, y aún así, siempre existirían aspectos no abordados. Por este motivo, este artículo pretende ofrecer una descripción superficial de los conceptos clave que emplean dichas organizaciones y cómo establecen vínculos con el poder político para perseguir sus objetivos.
El término «Mafia» se origina para designar a organizaciones criminales que operan de manera jerárquica como estructuras de poder destinadas al control territorial. Su etimología proviene de la palabra italiana «mafiusu,» que significa audaz, y tiene su origen en Sicilia, Italia, bajo el nombre de «Cosa Nostra.» Posteriormente, esta denominación se extendió para incluir a todas las estructuras jerárquicas de esta envergadura a nivel mundial. Estas organizaciones suelen estar compuestas por dos o más personas durante un periodo determinado, con el fin de lograr enriquecimiento ilícito y control territorial mediante la violencia. Este concepto fue formalizado a nivel global en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000). Para su funcionamiento, estas organizaciones se aprovechan de la globalización, la tecnología y las fallas institucionales para traficar bienes ilegales (tales como drogas, armas y personas), blanquear dinero, expandir su influencia e infiltrarse en las estructuras del Estado.
El análisis de este fenómeno abarca diversos ámbitos como la economía, la política, la sociología, la criminología y las relaciones internacionales. El politólogo Phill Williams lo examina desde la perspectiva de la organización transnacional, una red que funciona de manera análoga a las multinacionales, aprovechándose de los vacíos en la soberanía estatal y las zonas de conflicto. Moisés Naím, en su libro «Ilícito», sostiene que el comercio internacional ilegal, el cual incluye falsificaciones, tráfico de armas, drogas y personas, se mueve influenciado por la oferta y la demanda, evadiendo las fronteras geopolíticas mediante el uso de herramientas tecnológicas y la corrupción.
El terrorismo en la política
La palabra terrorismo, cuyo origen se asocia con temblor o miedo extremo, surgió en Francia durante la Revolución Francesa (1789-99) para describir el sistema gubernamental jacobino. En sus comienzos, no implicaba ataques de grupos civiles, sino que se manifestaba a través de la violencia estructural promovida por el Estado con ejecuciones y represión masiva hacia los opositores.
En la actualidad, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha determinado que el terrorismo político incluye grupos extremistas que buscan desestabilizar sistemas mediante el caos y la polarización de la población. Ejemplos de estos son los yihadistas en Siria e Irak, Al Qaeda y sus afiliados en África y el Medio Oriente con un alcance internacional. En América Latina, según la organización inSight Crime, este fenómeno ha evolucionado desde las históricas guerrillas hacia poderosas organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de drogas y armas, comprometiendo la seguridad nacional de varios países. Entre estos grupos se destacan el Tren de Aragua en Venezuela, así como los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que están vinculados a Hezbolá y representan una presencia significativa en la región.
Los grupos conocidos como mafias y los grupos terroristas, a pesar de tener orígenes diferentes, comparten la característica de promover la violencia operando al margen de la ley. Las mafias buscan controlar territorios y obtener beneficios económicos mediante la extorsión, el contrabando y el narcotráfico. Por otro lado, el terrorismo procura infiltrarse en los sistemas políticos a través de ideologías, intentando imponer su visión o forzar decisiones gubernamentales. Mientras las mafias intentan coexistir con estructuras gubernamentales e instituciones vulnerables, el terrorismo busca derrocar el Estado y sus estructuras de poder. Aunque las metas pueden diferir, hay ocasiones en que sus acciones son complementarias. Existen grupos mafiosos que emplean tácticas terroristas y viceversa, como es el caso del narcoterrorismo, aunque cada uno mantenga su propia distinción.
Narcoterrorismo: un híbrido emergente
La transformación de este fenómeno híbrido se reconoce como un problema transnacional que borra completamente la línea entre la insurgencia y el terrorismo político. Ya no es solo una cuestión estructural de los cárteles; ahora se extiende a la insurgencia criminal, la narcocracia y la reconfiguración geopolítica global. En otras palabras, las insurgencias criminales están infiltradas en acuerdos con sistemas políticos corruptos, tratando de alcanzar el monopolio del Estado y disputando la soberanía, como lo analiza el periodista Ioan Grillo en su libro «El Narco». La investigadora Anabel Hernández, en su obra Narcocracia, destaca la conexión entre las organizaciones criminales y el poder político-militar, revelando la impunidad que permite que la violencia de los cárteles evolucione hacia actos terroristas. En el ámbito de las estrategias militares y de seguridad nacional, el especialista colombiano y coronel retirado Luis Alberto Villamarín Pulido desmenuza la interconexión y simbiosis operativa e ideológica entre cárteles de drogas, grupos guerrilleros latinoamericanos y células terroristas yihadistas a nivel global. Este fenómeno a menudo busca financiamiento o involucra directamente a grupos armados con fines políticos para tomar control del Estado.
Desde un enfoque académico centrado en las políticas públicas, el concepto de terrorismo a menudo se utiliza para justificar las agendas de seguridad de grandes potencias sin abordar las raíces socioeconómicas del problema. Esto es evidenciado por Silvia Cristina Mantilla Valbuena, investigadora de discursos hegemónicos.
Realidad actual de las organizaciones criminales
Según las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aunque el terrorismo global ha experimentado un notable descenso en los últimos años, las mafias y el crimen organizado se encuentran en plena expansión, tanto económica como tecnológica.Los epicentros del terrorismo se concentran principalmente en países de las regiones de Oriente y África. No obstante, en la región occidental se reportó un incremento alarmante de muertes relacionadas con ataques terroristas. Dentro de este panorama, el Estado Islámico (ISIS) se posiciona como el grupo terrorista más letal del mundo, responsable del 17% de los atentados terroristas a nivel global.
En este contexto de creciente complejidad, han surgido nuevas modalidades operativas que implican el uso de tecnologías avanzadas. En el 76 % de los ataques terroristas, se han empleado drones de bajo costo que imitan armas tecnológicas utilizadas en conflictos bélicos. Estas tácticas también han sido adoptadas por grupos insurgentes como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes están adaptando estos métodos a sus operaciones.
El continente americano enfrenta un alto nivel de gobernanza criminal, lo que se refleja en que es responsable del 50 % de los homicidios intencionales. Esta situación es especialmente notoria en Estados debilitados, particularmente en las zonas fronterizas, como los puntos conflictivos entre Colombia y Venezuela, según el Índice Global de Crimen Organizado.
La criminalidad organizada en Venezuela
Opera bajo dinámicas típicas de las economías ilícitas, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión regional, entre otras actividades. Según la organización Insight Crime, esta situación configura lo que ellos denominan un Estado Criminal Híbrido, dado el desdibujamiento de las fronteras entre la gobernanza oficial y las redes criminales no estatales en el control social y territorial. Entre estos grupos destaca el Cartel de los Soles, una red de corrupción que presuntamente involucra a altos funcionarios políticos y de seguridad en el tráfico internacional de cocaína. Otro actor relevante es el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que tuvo sus orígenes en el liderazgo del fallecido “pran” Héctor Rustenford Guerrero, conocido como «El Niño Guerrero». Este grupo evolucionó de ser una organización criminal carcelaria a consolidarse como una estructura delictiva con operaciones en distintos países de América Latina.
En la región llanera del país opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla binacional con raíces colombianas que se dedica a actividades ilícitas y al control social en áreas fronterizas. Asimismo, existen disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, tras la fragmentación del grupo original, han centrado sus operaciones en el narcotráfico y el contrabando, en especial en la región del Amazonas y zonas limítrofes entre Colombia y Guyana. Otro componente importante son los llamados sindicatos mineros, compuestos por grupos armados que controlan agresivamente las actividades mineras en el estado Bolívar. Además, en las zonas urbanas, especialmente en la Zona Metropolitana de Caracas y regiones como el Llano, operan bandas territoriales. Estas incluyen colectivos liderados por pranes —quienes se autodenominan «protectores de zonas de paz»— que ejercen un control armado sobre bienes, servicios y cuerpos de seguridad, mientras implementan sistemas de extorsión conocidos como «vacunas» dirigidos principalmente contra comerciantes. Informes de la organización Transparencia Venezuela y análisis del criminólogo Luis Briceño ilustran cómo estas dinámicas delictivas han permeado diversas capas del tejido social, representando una amenaza significativa para la gobernabilidad y estabilidad del país.
La descripción de las bandas criminales destaca cómo estas se han fortalecido debido al marcado debilitamiento institucional, el enriquecimiento ilícito, la erosión del Estado de Derecho y la impunidad que ha caracterizado a la representación gubernamental, especialmente en el contexto del llamado «Socialismo del siglo XXI». Así lo señalan diversas organizaciones dedicadas a la investigación criminal. Este año, los grupos criminales han enfrentado una renovada presión debido a los cambios políticos recientes, particularmente tras la intervención de uno de los líderes del Cártel de los Soles. Sin embargo, continúan operando bajo el amparo de las élites políticas que mantienen su influencia en el país. Estos grupos buscan reconfigurar su estructura frente a la intervención supervisada de Estados Unidos. Según medios como BBC News Mundo, la presión ha debilitado las acciones y el liderazgo de organizaciones como el Tren de Aragua, especialmente tras el fallecimiento de uno de sus principales cabecillas en un ataque aéreo ejecutado por el Comando Sur estadounidense.
El desarrollo intelectual abordado en este artículo cuenta con el respaldo de organizaciones científicas y criminalísticas, así como de autores expertos en sus respectivas áreas. Se ha demostrado claramente que en Venezuela estos fenómenos criminales están en aumento debido a fallas institucionales y a un gobierno corrupto, inicialmente liderado por Chávez y luego por Nicolás Maduro. A la situación se suman figuras como los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes con el apoyo de elementos militares y policiales mantienen el control. Estos líderes han convertido al país en un negocio ilícito e inhumano, operando bajo una fachada ideológica con el objetivo de enriquecerse y destruir el Estado de Derecho. Utilizan estructuras de poder que aparentan legalidad mientras violan derechos humanos, alimentan la pobreza y el hambre, y fomentan la disfuncionalidad familiar y la emigración. Además, someten a opositores a torturas en condiciones infrahumanas y prostituyen las nuevas generaciones facilitando el acceso a drogas y armas. En Venezuela, durante más de 27 años, el régimen ha patrocinado organizaciones internacionales al punto que mafiosos, guerrilleros y narcotraficantes como los de la FARC y el ELN han ingresado al territorio venezolano para negociar con personajes del chavismo, de la misma manera grupos terroristas de Medio Oriente, entre otros.
Desde mi propia experiencia como venezolana que ha sufrido las consecuencias del país capturado por mafias híbridas, he sido testigo de torturas a jóvenes, mujeres y hombres, y de violaciones de derechos en múltiples formas. Los salarios son insuficientes y el país está sumido en un caos de servicios públicos sin precedentes en su historia, llevando a la ciudadanía a pasar de ser ciudadanos a mendigar.
La perseverancia debe ser una visión democrática compartida
El fortalecimiento de las instituciones democráticas, especialmente en el marco legal que las sustenta, es esencial para contrarrestar fenómenos que erosionan la estabilidad política, debilitan las democracias y ponen en riesgo la integridad internacional del sistema democrático. Este desafío ha sido objeto de estudio por diversos especialistas que abordan la problemática desde distintas perspectivas y proponen estrategias específicas para mitigar su impacto. Entre las propuestas destacadas, Casa Zamora sugiere una reforma destinada a combatir el financiamiento ilícito en las campañas electorales y en los procesos de elección de candidatos a puestos públicos. Esta medida busca prevenir la infiltración del dinero sucio en el ámbito político, garantizando un entorno más equitativo y transparente. Por otro lado, Garay Salamanca y Salcedo Albarán abordan la necesidad de implementar acciones contra la cooptación, haciendo énfasis en desmontar las redes criminales que vinculan funcionarios públicos y actores delictivos. En el ámbito de la gobernanza territorial, Desmond Arias y Dammert plantean la importancia de sustituir el control social ejercido por grupos delictivos con estructuras legítimas y normativas que incentiven el bienestar comunitario. Simultáneamente, informes de organismos internacionales como la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) subrayan la relevancia de garantizar que tanto fiscales como jueces actúen con independencia y no se conviertan en instrumentos de agendas políticas o intereses mafiosos.
Estas propuestas no solo son elementos técnicos para abordar los problemas subyacentes, sino también herramientas fundamentales para revitalizar las democracias debilitadas. Su implementación exige un compromiso articulado entre organismos multilaterales, intervenciones legislativas nacionales, y la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia y promoción de la transparencia política.
Para resumir las teorías enfocadas en la reducción de organizaciones criminales, es crucial que los países comiencen fortaleciendo sus instituciones mediante políticas internas basadas en el respeto constitucional y el desarrollo del sistema político. Esto debe ir acompañado de una administración pública transparente, gestionada por personal capacitado y comprometido con la ley. Dentro de este mismo marco institucional, es esencial formar, supervisar y evaluar cada organismo de seguridad jurídica a través de principios morales y concursos éticos. La formación de los cuerpos de seguridad y la implementación de políticas públicas deben llevarse a cabo de manera responsable para asegurar la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental destacar la importancia de una sociedad cívicamente consciente, más involucrada en las leyes y vigilante de los proyectos de financiamiento para el desarrollo social. Deben establecerse mecanismos para garantizar la transparencia en la rendición de cuentas. Cuando un país fortalece, desarrolla, evalúa y racionaliza sus sistemas políticos, crea una barrera menos vulnerable frente a la infiltración de células criminales. Si queremos enfrentar y frenar el crecimiento de acciones ilícitas y el terrorismo internacional, debemos adoptar políticas exteriores que incluyan alianzas con sistemas democráticos.
