Los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela están construidos a partir de patrones: estructuras de represión, métodos de tortura, cadenas de mando y responsabilidades institucionales. Pero detrás de cada uno de esos patrones hay personas concretas que sufrieron las consecuencias de esas prácticas mientras estaban bajo custodia del Estado.
Uno de los casos más graves documentados en el informe de 2026 corresponde a una persona homosexual que permaneció detenida en el Centro Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, entre agosto y septiembre de 2024. Su testimonio permitió a la Misión reconstruir una agresión sexual que incluyó una violación, golpes, insultos relacionados con su orientación sexual y una amenaza que, cuatro semanas después, adquirió otra dimensión: el diagnóstico positivo de VIH de la víctima.
La Misión recoge estos hechos dentro de la sección dedicada a violencia sexual y los analiza también en el contexto de la tortura y los malos tratos cometidos contra personas privadas de libertad por motivos políticos.
El caso forma parte del seriado “Textos sobre la Misión de la ONU” del periodista Luis Carlos Díaz, publicado en la página de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que sirve como punto de partida para esta cuarta nota sobre los casos documentados por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
La agresión ocurrió durante unos 25 minutos
De acuerdo con el testimonio entregado directamente a la Misión, un comandante del centro penitenciario desnudó a la víctima y la violó analmente durante aproximadamente 25 minutos. Mientras ocurría la agresión, la persona fue golpeada y recibió insultos feminizantes relacionados con su orientación sexual. Una funcionaria grababa lo que ocurría, otros custodios se encontraban presentes y no intervinieron para detener la agresión.
Durante la violación, el comandante también amenazó a la víctima con transmitirle el VIH.
La Misión señala que la persona no tenía el virus al momento de ingresar a prisión. Cuatro semanas después de la agresión recibió un diagnóstico positivo de VIH.
El informe no aporta, en el apartado referido a este caso, detalles sobre un eventual seguimiento médico posterior, tratamiento antirretroviral o una investigación penal por la agresión y el posterior diagnóstico. Tampoco permite establecer por sí solo, desde el punto de vista médico, la vía de transmisión del virus.
Lo que sí documenta es la secuencia temporal relatada por la víctima: ingresó a la detención sin un diagnóstico positivo y cuatro semanas después de la agresión recibió el resultado que confirmó la infección.
Violencia sexual y tortura
La Misión explica que la violencia sexual en contextos de detención no se limita a los casos en los que existe penetración. La desnudez forzada, los tocamientos sexuales y las amenazas de violación también pueden constituir violencia sexual, dependiendo de las circunstancias.
En este caso, además de la agresión sexual, existieron elementos que llevaron a la Misión a analizar los hechos dentro del marco de la tortura.
La Convención contra la Tortura define este crimen a partir de la imposición intencional de dolores o sufrimientos graves por parte de un funcionario público, o con su consentimiento o aquiescencia, cuando existe un propósito determinado, entre ellos obtener información, castigar, intimidar o discriminar.
La agresión relatada por la víctima ocurrió mientras se encontraba bajo custodia y estuvo acompañada de golpes, humillaciones e insultos vinculados con su orientación sexual.
Los insultos feminizantes, por tanto, no aparecen únicamente como una expresión de violencia verbal. En el contexto descrito por la víctima, formaron parte de una agresión sexual en la que su orientación sexual fue utilizada para humillarla.
La Misión incorporó este testimonio a su documentación sobre violencia sexual porque considera que estos actos forman parte de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la detención de personas consideradas opositoras o críticas del gobierno venezolano.
La violencia sexual sigue siendo una de las violaciones más difíciles de documentar
La propia Misión advierte que la violencia sexual es una de las formas de violación de derechos humanos que presenta mayores obstáculos para su documentación.
El miedo a represalias contra las víctimas o sus familiares, el trauma y el estigma asociado con este tipo de agresiones pueden impedir que quienes las sufrieron denuncien lo ocurrido.
Estas dificultades son especialmente importantes, según el organismo, cuando las víctimas son hombres o personas LGBTIQ+, precisamente porque existe una menor disposición a hablar públicamente de agresiones sexuales sufridas durante una detención.
Por ello, los casos que aparecen en el informe no necesariamente representan la dimensión completa de esta violencia en los centros de detención venezolanos.
Un caso ocurrido en 2024 dentro de un patrón más amplio
La agresión documentada en Tocuyito ocurrió en 2024, pero forma parte de un conjunto de violaciones que la Misión ha investigado durante varios años. En sus distintos informes, el organismo ha documentado torturas, malos tratos, violencia sexual, detenciones arbitrarias y otras violaciones cometidas contra personas consideradas opositoras o críticas del gobierno.
El caso de esta víctima muestra una de las dimensiones más graves de ese patrón: la utilización del cuerpo de una persona detenida como instrumento de castigo, humillación y violencia.
También evidencia por qué la documentación individual resulta importante. Detrás de términos como “violencia sexual”, “tortura” o “tratos crueles” existen personas que pueden cargar durante años con las consecuencias físicas y psicológicas de lo ocurrido.
La investigación de estos hechos, la identificación de los responsables y el acceso de las víctimas a atención médica, reparación y justicia son parte de las condiciones necesarias para evitar que estos casos permanezcan en la impunidad.
