La mesa de negociación conformada por la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez tiene un peso enorme en sus hombros. Sobre ellos recaen las expectativas de todo un país de concretar las reformas necesarias para la recuperación de sus instituciones, los cambios estructurales para avanzar hacia una transición democrática, y sobre todo, sentar las bases para unas elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.
El diputado de la AN de 2015 y miembro de la delegación opositora, Jorge Millán, reconoce en entrevista para El Diario que tienen varias tareas pendientes para la tercera ronda de conversaciones, que se esperan se realice a mediados de octubre. Por un lado, hacer seguimiento al proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y reformas al sistema judicial. Por el otro, avanzar en temas de garantías políticas y civiles, como la revisión de distintas categorías como presos políticos, exiliados e inhabilitaciones.
“Nosotros hemos planteado en el ciclo anterior iniciar la discusión del sistema de partidos políticos y de garantías políticas que estamos trabajando para que eso sea eje fundamental y central del próximo ciclo”, adelantó. Igualmente, indicó que seguirán revisando temas como el levantamiento de restricciones a los 143 sitios web que aún se mantienen bloqueados en Venezuela, además del uso y concesiones del espacio radioeléctrico, con el fin de brindar “garantías para la libre expresión y pluralidad”.
“Se han hecho exigencias para que categorías que no concuerdan con las prácticas de una democracia, con las prácticas de una sociedad libre y justa, sean derogadas o sean reformadas. Y por eso hemos diseñado una estrategia para procurar desaparecer la categoría de presos políticos. También desde el día 1 pedimos el desbloqueo de las páginas web y la desjudicialización de los periodistas e influencers venezolanos que por opinar tienen causas o son perseguidos políticos. Ya estamos viendo los resultados con respecto a esto”, señaló.
Todo a su tiempo
Millán integra la mesa técnica de seguimiento, creada en esta segunda ronda, celebrada entre el 17 y el 24 de septiembre, para evaluar los avances en los puntos acordados de forma permanente, y así evitar que se deba esperar a la próxima reunión para tener avances.
Precisamente, uno de los acuerdos de la primera ronda, que había sido el reinicio del proceso de selección del Comité de Postulaciones Judiciales, tuvo un retraso considerable, pues la aprobación de la reforma acordada de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como el nombramiento de la comisión parlamentaria de la AN 2025 estaba pautado para hacerse a finales de agosto. Sin embargo, no fue hasta mediados de septiembre que la ley apareció en Gaceta Oficial, mientras que la comisión se conformó luego de que la mesa de negociación se reuniera en su segunda ronda.
El diputado reconoce que la reforma del TSJ consumió tiempo del proceso que originalmente iba a estar destinado a las garantías políticas y civiles, que ahora quedaron para la tercera ronda, a mediados de octubre. Sin embargo, resalta que también sirvió para adelantar pasos importantes como definir el comité preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales con un cronograma preciso para las inscripciones y selección de los 12 representantes de la sociedad civil. También para la creación de un Comité de Verificación que se encargará de evaluar las credenciales de los aspirantes a magistrados en paralelo al comité.
“Este lapso sirvió para poder procurar la búsqueda de las personas idóneas para que pudieran pertenecer al comité de verificación y también adelantar procesos que ya están en desarrollo y que ciertamente no pareciera que consumen tiempo, pero la elaboración y la conformación de los siete miembros del consejo es un proceso que obviamente requiere de consulta, sobre todo las personas que, desde la perspectiva de la mesa de conversación y diálogo, reunían las condiciones para poder participar”, dijo.
Agregó que la mesa técnica sigue trabajando para presentar resultados tangibles, como la definición del baremo que será usado para precisar los criterios de evaluación de los candidatos al TSJ. Por ello instó a los “mejores nombres” de la sociedad civil a sumarse al Comité de Postulaciones Judiciales, cuya recepción de recaudos termina este 9 de octubre, para el 15 de octubre iniciar el proceso de selección en la AN 2025.
Ley contra el Odio
En cada una de las rondas de negociación con la AN de 2015, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha anunciado medidas que, a pesar de ser promovidas como iniciativas propias, en realidad han venido del mismo proceso de diálogo entre sus delegaciones. Entre ellas ha estado la excarcelación de presos políticos, la absolución de periodistas con causas judiciales abiertas y el desbloqueo de los dominios de diferentes páginas web, principalmente de medios de comunicación independientes.
“En el primer ciclo logramos un número de liberaciones en conjunto con el facilitador y aliado de este proceso, los Estados Unidos, a quien le agradecemos el esfuerzo permanente de acompañamiento y de trabajo intenso para que se logren los objetivos que son las columnas vertebrales para ir hacia la democracia de Venezuela”, resaltó Millán.
Uno de los cambios más resaltantes ocurrió el 29 de septiembre, apenas unos días después de terminar la segunda ronda de conversaciones, cuando Delcy Rodríguez solicitó al Parlamento de 2025 emprender una reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Creada en 2017, esta ley fue denunciada desde sus inicios por su uso para perseguir a la disidencia política, al contemplar penas de hasta 20 años de cárcel por el delito de “incitación al odio”.
Varias organizaciones señalaron que durante años, el delito de “incitación al odio” se imputó a cientos de personas solamente por publicar mensajes contra el gobierno en redes sociales o en chats privados, e incluso por apoyar a figuras de oposición, sobre todo durante las elecciones presidenciales de 2024. La propia Delcy Rodríguez admitió que la ley fue “mal aplicada” y sirvió para cometer abusos, aunque defendió la necesidad de mantenerla vigente.
“Hubo un compromiso en la mesa de que iba a ser despenalizada y se iban a eliminar los artículos que restringen garantías políticas civiles o restringen la libertad de expresión. Estamos a la espera de que eso se cumpla y estamos haciendo seguimiento para que podamos avanzar hacia esa transición que anhela el pueblo venezolano”, expresó Millán.
El anuncio de una reforma a la Ley contra el Odio, lejos de ser motivo de celebración, despertó críticas en muchos sectores que han exigido directamente su derogación. Organizaciones como Provea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Justicia, Encuentro y Perdición (JEP) y Acceso a la Justicia han pedido que se elimine al haber sido un instrumento de origen inconstitucional implicado en vulneraciones sistemáticas de derechos. “La represión no se reforma: se deroga”, declaró la Plataforma Unitaria Democrática en un comunicado.
Al respecto, Millán señala que la delegación de la AN 2015 desde un principio ha abogado por restituir garantías como la liberación de presos políticos o el desbloqueo de portales, y en el caso de la Ley contra el Odio, también habían solicitado originalmente su derogación. Acotó que al ser una iniciativa del gobierno interino, deben esperar la respuesta de la comisión oficialista, donde algunos integrantes como Jorge Arreaza han justificado el uso de esta ley y respaldado su conservación.
“Hay una exigencia ciudadana de que esa ley sea derogada. Sin embargo, nosotros estamos atentos a ver cuál es el alcance de esta reforma. Si la reforma elimina la acción penal que existe en ella y elimina los artículos que restringen garantías políticas, civiles y la libertad de expresión, bueno, es una vía que puede explorarse y recibir aval de parte nuestra. Si no, seguiremos exigiendo en la mesa que Venezuela sea un país donde no existan leyes que sean inconstitucionales y que violen derechos y garantías de los ciudadanos”, aseguró el parlamentario.
Oro por viviendas
Como miembro de la mesa de seguimiento, uno de los puntos abordados en la primera ronda de conversaciones fue hacer gestiones conjuntas para la recuperación de activos en el extranjero. Específicamente, de las 31 toneladas de oro venezolano guardadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos $4 millardos. Estos lingotes no habían podido ser retirados por el gobierno venezolano desde 2019, cuando entraron en una disputa legal entre el entonces gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó.
Ahora, Millán indica que la mesa de negociación ya inició los trámites para la recuperación del oro, cuyo dinero será invertido exclusivamente en programas de atención para las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, proyectos de construcción de viviendas y de rehabilitación del Sistema Eléctrico Nacional.
Desde su anuncio, este ha sido uno de los puntos más controvertidos, pues a pesar de las promesas de Delcy Rodríguez de crear una plataforma de transparencia para monitorear el uso de los ingresos producidos por los acuerdos petroleros con Estados Unidos desde el 3 de enero, a casi 10 meses la página web destinada a esta función sigue inoperativa y se desconoce oficialmente cuánto dinero ha entrado al país por la renta petrolera.
De hecho, recientemente el Congreso de Estados Unidos ha hecho exhortos a la administración de Donald Trump a rendir cuentas sobre los fondos tutelados por este país de las ventas de crudo venezolano, así como del recientemente acuerdo suscrito con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), para la explotación directa de yacimientos en Venezuela. Muchas de estas mismas inquietudes se han trasladado también al posible destino que tenga el oro del Banco de Inglaterra de volver a estar bajo control de Caracas.
Al respecto, Millán aseguró que desde la delegación opositora se han desarrollado mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para garantizar que estos recursos vayan a un fondo protegido y se administren adecuadamente en los proyectos acordados. No obstante, reconoció que estos planes de atención todavía no se han podido iniciar, ya que deben ajustarse a los tiempos del Banco de Inglaterra para aprobar el trámite y entregar el oro.
A mediados de septiembre, la Evaluación de Necesidades Post-Desastre realizada por una delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó daños y pérdidas por $14,8 millardos en los siete estados afectados por los terremotos. También determinó, junto a organismos como el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que Venezuela requerirá una inversión aproximada de $21 millardos para recuperarse de la catástrofe.
