La naturaleza humana tiende a ser predecible según las circunstancias que enfrenta en su entorno, pues el ser humano responde a diversos estímulos. Immanuel Kant concibe la naturaleza humana como algo que trasciende el simple instinto animal y que se relaciona profundamente con las tensiones derivadas de las inclinaciones y el egoísmo. Este planteamiento subraya la capacidad racional y moral del individuo, vinculada directamente con el concepto de deber y ética. Para Kant, la verdadera libertad surge del razonamiento, no del mero impulso. El ser humano posee un valor intrínseco —la dignidad— que jamás debe ser considerado un medio o instrumento para alcanzar fines ajenos. En su crítica a Rousseau, Kant sostiene que el progreso humano no se logra retornando a la naturaleza, sino mediante la educación, el desarrollo cultural y la vida en sociedad; elementos fundamentales para superar los instintos primarios y avanzar hacia un nivel superior de humanidad.
Este preámbulo nos introduce al análisis de cómo un sistema político puede emplear la violencia con fines propios, destacando el uso de la tortura como herramienta de dominación. Desde una perspectiva sociológica, la tortura no se limita a ser un acto de crueldad o una manifestación de perversión patológica: se configura como una institución que incorpora tecnología de poder y actúa como mecanismo de control sociopolítico. Michel Foucault sostiene que la tortura se presenta como una tecnología jurídica y política que marca la transición desde el castigo físico hacia el sometimiento del alma y la mente por medio de la disciplina, el encierro y el modelo panóptico, buscando anular la subjetividad del individuo y sentar un ejemplo de sumisión. Por su parte, Hannah Arendt describe este fenómeno como un terror totalitario que desintegra la identidad humana y socava la seguridad jurídica, instaurando un control social basado en el miedo institucionalizado. Diversos expertos coinciden en que la tortura constituye una práctica sistemática destinada a generar temor con motivaciones políticas, sociales o ideológicas.
Situación actual de las torturas en los sistemas políticos
El avance de la ciencia y la tecnología ha alimentado investigaciones orientadas al bienestar de la humanidad; sin embargo, paralelamente, el ciclo del poder político sigue atrapado en dinámicas de dominación. La humanidad aún enfrenta numerosos desafíos para superar estas barreras y lograr una convivencia que reconozca a la persona como parte de un todo funcional, en lugar de un objeto transable.
En este contexto, cobra especial relevancia recordar que el Derecho Internacional y la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1984 prohíben tajantemente estas prácticas. Sin embargo, organismos como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado que estas violaciones continúan ocurriendo de manera sistemática o generalizada en diversos escenarios globales.
De acuerdo con informes de Amnistía Internacional, persisten graves vulneraciones perpetradas tanto por gobiernos como por agentes no estatales. Entre los patrones recurrentes destacan la falta de rendición de cuentas, la injusticia estructural y el debilitamiento de los mecanismos internacionales de supervisión. En particular, se observa el recrudecimiento de prácticas autoritarias en distintos países que han implementado medidas represivas contra manifestantes, apelando a legislaciones de seguridad y antiterrorismo para criminalizar la disidencia. Métodos como el uso de descargas eléctricas se han empleado de forma rutinaria, dando lugar a miles de denuncias por detenciones arbitrarias y tortura física y psicológica durante interrogatorios orientados a extraer confesiones. La impunidad institucional sigue marcando el panorama actual, alimentando críticas hacia los organismos internacionales por la incapacidad de garantizar el cumplimiento de los tratados que protegen los derechos fundamentales.
En la actualidad, las prácticas de tortura han adoptado múltiples formas para consolidar o perpetuar el poder. Estas dinámicas trascienden la tipología de los regímenes, evidenciando su presencia tanto en sistemas autoritarios como en democracias deterioradas. Un ejemplo paradigmático reside en las agresiones dirigidas a poblaciones específicas como estrategia de control territorial y estatal. Casos como las operaciones militares en la Franja de Gaza o los ataques sostenidos de Rusia contra Ucrania —que transgreden las normas internacionales sobre conflictos armados— ilustran este fenómeno mediante desapariciones forzadas, torturas y bombardeos a infraestructura civil.
Un aspecto central que subyace a estos actos es el uso sistemático de la intimidación y la discriminación como mecanismos de opresión, especialmente visibles en el trato cruento hacia refugiados y migrantes mediante deportaciones masivas, privación de libertad y negación de protección jurídica básica. Asimismo, la violencia sexual y de género se manifiesta como una forma de tortura ejercida contra mujeres y hombres que, en determinados contextos, se justifica bajo pretextos ideológicos, religiosos o culturales.
Tipos de prácticas más comunes de tortura
Las prácticas de tortura, tanto físicas como psicológicas, se utilizan para quebrantar la resistencia mental del individuo sin dejar, en ocasiones, evidencias visibles. Según la ONU y Amnistía Internacional, estos métodos se clasifican en varias categorías:
- Ámbito psicológico y privación sensorial: incluye el aislamiento prolongado y la incomunicación (espacios conocidos coloquialmente como “La Tumba”), la exposición continua a luces intensas, el confinamiento en celdas oscuras, el sometimiento a ruidos ensordecedores y las amenazas directas contra familiares.
- Tortura física: comprende golpizas sistemáticas en zonas que no dejan marcas visibles, asfixia (húmeda o seca, mediante inmersión o uso de bolsas plásticas), descargas eléctricas en áreas sensibles y la imposición de posiciones forzadas que generan estrés físico extremo.
- Torturas ambientales: exposición a temperaturas extremas (frío o calor intenso), combinada con la privación o restricción severa de agua, alimentos y acceso a sanitarios.
- Violencia sexual y de género: abusos que abarcan desde desnudez forzada y tocamientos hasta violaciones, cuyo objetivo central es la destrucción de la dignidad humana.
Las torturas en Venezuela
En Venezuela existe una profunda denuncia sobre la práctica sistemática de la tortura, intensificada a lo largo de las últimas décadas. Según datos del Foro Penal, entre 2014 y 2026 se registraron más de 19.000 detenciones con fines políticos, manteniéndose cientos de personas privadas de libertad por motivos ideológicos o de conciencia. Estas prácticas han sido documentadas y señaladas de manera sistemática por organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), reflejando un patrón de impunidad y debilitamiento del Estado de Derecho.
Durante las olas de protestas cívicas de 2014 y 2017, la represión ejercida por cuerpos de seguridad y grupos armados dejó un trágico saldo de muertes y heridos. Casos como los de Basil Da Costa, Geraldine Moreno, Neomar Lander o César Pereira evidencian el uso desmedido de la fuerza letal y de armas de control de orden público contra manifestantes.
Asimismo, se han denunciado de forma reiterada los tratos crueles en centros de reclusión y sedes de inteligencia como El Helicoide o la sede del Sebin en Plaza Venezuela, espacios donde las violaciones a los derechos fundamentales han derivado en desenlaces fatales, como el ocurrido con el concejal Fernando Albán. La persecución política también ha impactado a dirigentes y activistas —como Leopoldo López, quien permaneció años entre el confinamiento militar y el arresto domiciliario—, afectando de igual forma a sus entornos familiares y comunitarios.
El impacto de estas prácticas se extiende más allá de los centros de detención. Casos como el de Edmundo Rada “Pipo” en Petare o el de Edwin Santos en Apure reflejan el uso de la desaparición forzada y la violencia extrema contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. De igual manera, las secuelas alcanzan a los familiares de las víctimas: la incertidumbre y el duelo prolongado tras una desaparición o encarcelamiento arbitrario constituyen una forma de tortura silenciosa que destruye el núcleo familiar.
A estas violaciones se suma el deterioro continuo de la calidad de vida en el país. El colapso sistemático de los servicios públicos, la precariedad salarial y la falta de acceso a la salud y medicinas configuran una forma de opresión estructural que sitúa a las familias en un estado permanente de vulnerabilidad y supervivencia.
¿Cómo avanzamos hacia un mundo más humanitario?
Superar este panorama exige priorizar los principios de humanidad y reforzar el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si bien la labor de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales es fundamental, resulta imprescindible la reestructuración y responsabilidad de las instituciones nacionales para poner fin a la impunidad. Los derechos humanos no pueden limitarse al discurso: requieren un marco de justicia efectivo capaz de sancionar a los perpetradores y detener la arbitrariedad estatal.
Los medios de comunicación desempeñan un rol crucial al visibilizar las denuncias de las víctimas y dar voz a quienes sufren persecución. No obstante, la sociedad en su conjunto debe avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas, relegando la hiperconcentración de poder en liderazgos personalistas.
El poder político debe cimentarse en un equilibrio republicano de contrapesos, transparencia y respeto mutuo. Aunque el camino es complejo, del mismo modo en que se diseñan estructuras para la dominación y la violencia, es indispensable canalizar esfuerzos hacia la consolidación de la convivencia pacífica, la defensa de la dignidad intrínseca y la búsqueda de una justicia global efectiva.
