Venezuela ocupó el puesto 143 de 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de derecho 2026 del World Justice Project (WJP), que evalúa cómo funcionan las instituciones, se aplican las leyes y se garantizan los derechos. El país quedó en la última posición de la clasificación general y también obtuvo el peor puesto en cuatro de los ocho factores que componen el indicador.
Sin embargo, el resultado se conoce en un contexto de deterioro global, ya que el informe registró retrocesos en el Estado de derecho en el 62 % de los países evaluados, frente a mejoras en el 38 %. El WJP señaló que la injerencia gubernamental en la justicia, las restricciones a las libertades y el debilitamiento de los controles al poder están entre los principales factores de esa tendencia.
¿Qué mide el índice de Estado de derecho?
El Índice de Estado de derecho del WJP mide hasta qué punto las instituciones y las autoridades están sujetas a la ley, los derechos fundamentales están protegidos y las personas pueden acceder a mecanismos de justicia. Para elaborarlo, la organización combina encuestas a hogares, especialistas y profesionales del derecho, además de otras fuentes de información.
La clasificación comprende ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de las normas, justicia civil y justicia penal. Cada uno examina distintas dimensiones del funcionamiento institucional.
Asimismo, las puntuaciones de los factores van de 0 a 1: cuanto más alta es la cifra, mejor es el resultado en esa dimensión. Los puestos, en cambio, muestran la posición de cada país frente a los demás evaluados. Por eso, una clasificación debe leerse junto con las puntuaciones y los aspectos específicos que mide.
¿En qué áreas obtuvo Venezuela sus peores resultados?
Los datos de Venezuela muestran que el país quedó en el último puesto mundial en cuatro factores: restricciones a los poderes del gobierno, aplicación de las normas, justicia civil y justicia penal. La puntuación más baja fue la de justicia penal, con 0,11 sobre 1.
El factor de restricciones a los poderes del gobierno examina si existen controles institucionales efectivos sobre las autoridades, incluidos los que ejercen el Poder Legislativo, los tribunales y otros organismos de supervisión. También considera la rendición de cuentas y los controles que pueden ejercer los medios de comunicación y la sociedad civil.
La aplicación de las normas evalúa si las regulaciones se implementan de manera efectiva y justa, sin influencias indebidas, y si los procedimientos administrativos respetan el debido proceso. No mide cuántas regulaciones existen, sino cómo se aplican.
Por su parte, la justicia civil analiza si las personas pueden resolver disputas de manera accesible, imparcial y efectiva. En cambio, la justicia penal examina el funcionamiento del sistema que investiga, procesa y sanciona los delitos, incluida su imparcialidad y la ausencia de influencias indebidas del gobierno.
En esos cuatro factores, Venezuela se ubicó en el puesto 143. La justicia penal obtuvo, además, la puntuación más baja de todos sus indicadores con 0,11.
El resultado relativamente más alto fue el de orden y seguridad, con 0,54, aunque el país ocupó el puesto 129 en esa categoría. Este factor considera aspectos como el control del delito, la violencia política y los conflictos civiles. Por tanto, esa puntuación no se interpreta como una evaluación favorable del Estado de derecho en su conjunto.
Un deterioro global en el Estado de derecho
No. El WJP registró retrocesos en el 62 % de los países y jurisdicciones evaluados en 2026. La organización también encontró que la libertad de opinión y expresión empeoró en el 64 % de los países; la libertad de reunión y asociación, en el 67 %; y la participación ciudadana, en el 65 %.
La justicia civil se debilitó en el 64 % de los países, mientras que la justicia penal retrocedió en el 58 %. Además, los límites judiciales al poder gubernamental disminuyeron en el 63 % de los Estados evaluados.
Estados Unidos también descendió en la clasificación al pasar del puesto 27 en 2025 al 30 en 2026, de acuerdo con los datos publicados por el WJP. Entretanto, la mayor caída del país se registró en justicia civil, donde perdió diez posiciones.
¿Por qué el Estado de derecho importa para la economía?
El funcionamiento de las instituciones también influye en las decisiones económicas. La seguridad jurídica, la aplicación previsible de las normas, la protección de la propiedad y la posibilidad de resolver disputas mediante tribunales imparciales son elementos que las empresas y los inversionistas pueden considerar al evaluar los riesgos de operar en un país.
Cuando existen dudas sobre la independencia de los tribunales, la aplicación de los contratos o la posibilidad de impugnar decisiones de las autoridades, aumenta la incertidumbre sobre las condiciones en las que se puede desarrollar una actividad económica.
El WJP incluye entre los usuarios de sus datos a empresas y entidades financieras que los emplean para evaluar oportunidades de inversión, cadenas de suministro y riesgos legales y políticos. No obstante, el índice no mide directamente cuánto dinero deja de invertirse en un país ni demuestra que una posición específica sea la causa de un resultado económico.
¿Cómo se ubica Venezuela en los índices de libertad económica?
Venezuela también figura entre los países con peores resultados en las clasificaciones internacionales de libertad económica, que evalúan aspectos como las condiciones para emprender, la protección de la propiedad privada, la estabilidad monetaria y las regulaciones que afectan la actividad empresarial.
En el informe Economic Freedom of the World 2026, elaborado por el Fraser Institute, Venezuela ocupó el puesto 165 de 165 países, con una puntuación de 2,94 sobre 10. Esta edición utiliza datos correspondientes a 2024.
Por su parte, el Index of Economic Freedom 2026, de la Heritage Foundation, situó a Venezuela en el puesto 174, con una puntuación de 27,3 sobre 100, entre las 184 economías incluidas en su clasificación oficial.
Aunque ambos índices tienen metodologías distintas, coinciden en mostrar las dificultades que enfrenta Venezuela en materia de libertad económica. Estos resultados permiten ampliar el contexto del índice de Estado de derecho: la aplicación de las normas, la protección de los derechos de propiedad y la posibilidad de resolver disputas de manera imparcial son aspectos relevantes para la actividad económica, aunque las clasificaciones, por sí solas, no demuestran una relación causal entre el funcionamiento de las instituciones y los resultados económicos.
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