Padres y representantes de más de 16 instituciones educativas de la parroquia Boquerón, en el estado Monagas, solicitaron a las autoridades competentes inspeccionar los planteles antes de reanudar las clases presenciales.
La petición responde a las presuntas afectaciones de salud que, según denunciaron, han presentado estudiantes, docentes y trabajadores después de las fumigaciones realizadas en las últimas semanas.
Leidis Caraballo, representante de la Unidad Educativa Ana Teresa de la Parra, manifestó la preocupación de las familias ante la posibilidad de que sus hijos regresen a espacios que consideran potencialmente riesgosos para su salud.
“No es esta escuela nada más, son más de 16 colegios que están afectados en la parroquia de Boquerón, no vamos a mandar a nuestros hijos al colegio a correr riesgo. Por lo menos mi hijo sufrió de coqueluchoide (cuadro similar a la tos ferina) y no lo pienso exponer en ninguno de estos colegios”, expresó para Unión Radio.
Por su parte, Jocelis Cabello cuestionó que se plantee el retorno a las aulas sin que, a su juicio, exista información que confirme que las instituciones están en condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa. “¿En dónde está la prueba de que ya las instituciones están aptas para dar clases?”, preguntó.
Cabello también señaló que se han registrado desmayos, ataques de asma y afecciones respiratorias y de la piel entre estudiantes, representantes y profesores.
Ante estas denuncias, los padres y representantes solicitaron a las autoridades activar un plan de contingencia y realizar las inspecciones necesarias para determinar las condiciones de los planteles. Su petición es que las actividades presenciales se reanuden cuando existan garantías de que los espacios educativos son seguros para estudiantes, docentes y trabajadores.
El regreso a clases 2026 comenzó entre denuncias por el deterioro de las escuelas
El año escolar 2026-2027 comenzó oficialmente el 14 de septiembre en Venezuela, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de la infraestructura educativa y la disponibilidad de servicios básicos.
En Monagas, representantes del sector docente denunciaron que numerosos planteles presentaban deficiencias que dificultaban el desarrollo de las actividades académicas.
El 16 de septiembre, el dirigente educativo Ángel Aristimuño aseguró que cerca del 70 % de las instituciones educativas del estado tenía problemas relacionados con el mantenimiento de sus instalaciones, la dotación de pupitres y el acceso a servicios básicos, como agua potable.
A estas dificultades se sumaron los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio. Organizaciones como Cecodap y la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) advirtieron sobre la falta de información pública por plantel que permitiera confirmar las condiciones de seguridad para el retorno presencial.
