El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes 16 de noviembre la muerte de Blas Federico Mendoza Gallardo, quien habría muerto el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en el Centro de Formación Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, conocido como el antiguo retén de El Marite), en Maracaibo (Zulia).
La organización expuso que, de acuerdo con la información recibida, la muerte de Mendoza estuvo asociada a un cuadro de anemia moderada.
“Su fallecimiento ocurre en medio de una crisis sanitaria crítica en las cárceles venezolanas, donde las deficiencias en la atención médica y la escasez de medicamentos ponen en riesgo la vida de la población penitenciaria”, denunció el OVP en su cuenta de X.
El OVP mencionó que a esta muerte se suma la carga que enfrentan los familiares, quienes presuntamente son obligados a costear tratamientos, exámenes e insumos que deberían ser suministrados por las autoridades.
Humberto Prado, director OVP, advirtió que la privación de libertad en Venezuela se está convirtiendo en una “pena de muerte” que no contempla la Constitución, mientras las instituciones encargadas de proteger los derechos de los reclusos permanecen sin ofrecer respuestas efectivas.
“Esta situación contradice el artículo 43 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte y obliga al Estado a proteger a las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 272 exige un sistema penitenciario que garantice el respeto de los derechos humanos”, dijo Prado.
También mencionó las Reglas Nelson Mandela. La Regla 24 establece que la atención médica de los reclusos es responsabilidad del Estado, mientras que la Regla 71 exige notificar las muertes bajo custodia a una autoridad independiente para que sean investigadas de manera pronta, imparcial y efectiva.
Exigen al Ministerio Público investigar la muerte de Mendoza
Pese a este marco legal, el OVP destacó las diversas denuncias sobre personas enfermas sin atención oportuna y familias que deben asumir los gastos médicos continúan. La crisis de salud en las cárceles venezolanas exige acciones inmediatas de los poderes públicos para evitar más muertes.
Ante la muerte de Mendoza, la organización exigió al Ministerio Público investigar las circunstancias de su muerte, determinar qué atención médica recibió y establecer las responsabilidades correspondientes ante posibles omisiones.
“De igual manera, instamos a la Defensoría del Pueblo a ejercer sus competencias constitucionales e interponer las acciones necesarias para proteger la vida y la salud de la población penitenciaria. El silencio y la inacción institucional frente a estas denuncias favorecen la impunidad”, agregó el ente independiente en el comunicado.
El OVP también exhortó al Ministerio para el Servicio Penitenciario, dirigido por Julio García Zerpa, garantizar medicamentos, atención médica y traslados hospitalarios oportunos. Después de más de dos años de gestión, las deficiencias sanitarias denunciadas requieren medidas concretas y resultados verificables.
Otra denuncia reciente
El 10 de noviembre, el OVP denunció la muerte del recluso Willivardo José Querales Abreu, quien falleció a causa de tuberculosis en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico.
De acuerdo con el balance presentado por la organización de derechos humanos, este deceso no representa un hecho aislado, sino que se suma a la cifra de más de 70 personas privadas de libertad que han muerto por problemas de salud desde abril de 2026.
La ONG detalló que el recinto de San Juan de los Morros alberga actualmente a más de 1.800 detenidos en instalaciones proyectadas para una capacidad máxima de 850 reclusos, lo que representa una tasa de ocupación superior al 211 %.
