El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exhortó el martes 17 a las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo a presentarse en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde (Cenapromil), en Los Teques (Miranda).
La exigencia de la organización busca constatar las condiciones de salud de los militares y escuchar sus peticiones, tras haber iniciado una huelga de hambre el 10 de noviembre.
“Exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que se presenten de inmediato en Ramo Verde para garantizar la integridad física de estas personas, cuya custodia es responsabilidad exclusiva del Estado venezolano”, se lee en la publicación que hizo el OVP en X.
Asimismo, el ente independiente hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que se pronuncien sobre esta huelga de hambre y la “grave vulneración” de derechos denunciada.
La organización también solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que acuda al penal para brindar asistencia humanitaria y evaluar médicamente a los detenidos.
Ocho militares descompensados por la huelga de hambre
El 13 de noviembre, el OVP denunció que ocho militares detenidos en la cárcel de Ramo Verde presentaron complicaciones de salud luego de permanecer cuatro días en huelga de hambre, La organización alertó sobre el deterioro de las condiciones físicas de los detenidos.
De acuerdo con la organización, familiares de los privados de libertad informaron que los afectados sufrieron descompensaciones y tuvieron que recibir hidratación por parte del personal médico del centro penitenciario.
Entre los funcionarios que presentaron problemas de salud están los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Romero Catalino, además del teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara. Todos vinculados con la denominada causa de Cotiza.
La huelga de hambre inició el 9 de noviembre, cuando 36 militares decidieron dejar de consumir alimentos para exigir que se revisen sus expedientes, se investiguen las presuntas irregularidades en sus procesos judiciales y se les concedan los beneficios contemplados en la Ley de Amnistía.
El OVP señaló que familiares de los detenidos denunciaron que, tras el inicio de la protesta, la directiva del penal habría ordenado restringir el acceso de los militares al patio del recinto, así como al agua potable y a los baños.
A estos testimonios se sumó la suspensión de las visitas para los 235 privados de libertad que permanecen en Ramo Verde. La medida fue aplicada este viernes 13 de noviembre, mientras que los accesos al establecimiento penitenciario fueron militarizados.
Ante esta situación, el OVP recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como atender sus solicitudes y velar por sus condiciones de reclusión.