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- Fuentes de los principales partidos políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro consultados por El Diario aseguran que sería un error realizar un referéndum similar al del 16 de julio de 2016, tal y como piensa proponer el gobierno interino. El periodista Eugenio Martínez explicó qué se sabe de la propuesta
La idea de realizar una consulta popular como alternativa a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro empieza a tomar forma en el seno del gobierno interino de Juan Guaidó. La propuesta, sin embargo, tiene pocos adeptos dentro de los cuatro grandes partidos de oposición -Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP)-, según confirmaron a El Diario varios dirigentes que pidieron mantener su anonimato.
El rechazo a la estrategia, que se presentaría formalmente la próxima semana, se extiende incluso a personas cercanas a la presidencia encargada.“No saca a Maduro”, dijeron sobre el plan.
Aunque de momento los partidos no tienen la propuesta de manera oficial, la idea es un secreto a voces. Eugenio Martínez, periodista especializado en política y temas electorales, dijo para El Diario que el planteamiento inicial es que se efectúe el 6 de diciembre, como una estrategia del gobierno interino “para tratar de acompañar el boicot” a las parlamentarias convocadas ese mismo día por el régimen, dijo el periodista. Otra fuente cercana al gobierno de Juan Guaidó informó que también barajan el mes de noviembre como fecha para la votación.
Si bien no hay información concreta con respecto a cómo sería el proceso técnico para realizar la consulta, se prevé que sea de forma digital, dijo Martínez.
La posibilidad de un referéndum por esa vía ya es, de entrada, uno de los motivos del rechazo. “Una consulta online es como la nada”, dicen desde PJ, y descartan: “Nada que sea virtual”. Y a pesar de que consideran que la propuesta no se concretará por la falta de apoyo, aseguran que si se aprueba la ruta en la unidad, el partido acompañará la decisión.
El proyecto surge en medio del revuelo opositor por la carta de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) del pasado 11 de agosto. En la misiva, la Iglesia católica advirtió a los partidos que la sola abstención no basta, reprochó a la dirigencia política no ofrecer una ruta clara al país y sostuvo que una participación masiva en los comicios puede superar cualquier intento totalitario.
No obstante, los sectores dudan de qué tan factible sea la consulta dentro de la hoja de ruta opositora.
“El asunto es que, como ocurrió el 16 de julio de 2017, no es un evento que pueda catalogarse de proceso electoral como tal. Es una consulta ciudadana que tiene más interés desde el punto de vista político que técnico y legal”, dijo Martínez. Agregó que de esta forma el gobierno interino también buscar legitimar de las decisiones que tengan que tomarse en torno al 5 de enero de 2021, como la continuidad de la Asamblea Nacional (AN) y su dirigencia.
Desde el G4 entienden que sería un error repetir una consulta como la del 16J que, según un dirigente de UNT, “le dio fue argumentos a los sectores más radicales para decir que no cumplimos”. En la misma línea, un integrante de AD aseguró que las consecuencias podrían ser incluso peores que el referendo de 2017.
Los sectores más optimistas de VP, sin embargo, consideran que la idea es “legitimar” la voluntad de los venezolanos a través de una consulta popular para poder seguir adelante legalmente en la lucha. “El fundamento es institucional-legal y nos deja en el terreno de la lucha internacional, para seguir presionando”, insisten.
Para Martínez, el problema no es la consulta, sino lo que se va a preguntar a los ciudadanos en ese plebiscito. Considera que es muy pronto para desestimar el proceso por factores como las fallas en el servicio de Internet o de electricidad en todo el país.
“Son limitantes, pero no se sabe cómo va a ser esa consulta. Mientras no se sepa, no se pueden valorar ese tipo de problemas logísticos, porque en realidad la consulta puede ser de una hora, de un día, durante una semana. Eso no se ha dicho, no se ha anunciado. No tiene mucho sentido valorar inconvenientes logísticos si en realidad no se sabe cómo va a ser”, dijo el periodista.
Explicó que al ser un proceso digital, las garantías básicas que debe ofrecer es que no haya usurpación de identidad ni voto múltiple. Hasta ahora también se desconoce cuáles serían los mecanismos que ofrecería el procedimiento de votación para garantizar su fiabilidad.
Apoyo de sectores y movilización
Además del G4, la idea también tendría que contar con el aval de distintos sectores como la Iglesia Católica, los gremios, la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro y empresarios. De acuerdo con Martínez, el gobierno interino ha tenido conversaciones con estos sectores para sondear su opinión acerca de la realización de la consulta, así como de la ayuda humanitaria o la declaración del país como un Estado fallido.
El Diario tuvo acceso al documento preliminar en el que el gobierno interino planteó a estos sectores las líneas estratégicas para generar un consenso para lograr el cambio político en el país y en la “reconstrucción” de Venezuela. En uno de los cinco puntos plantean la posibilidad de un referéndum constitucional:
Promover un hito de movilización interna alternativo: es necesario evaluar con los sectores las alternativas tanto de protesta como de movilización política (referéndum) que permitan movilizar a la sociedad venezolana en su exigencia por la libertad y la democraciau0022.En este sentido, el documento también plantea como pregunta si estarían de acuerdo con el referéndum constitucional promovido por la AN y apoyado por los partidos políticos y la comunidad internacional. Y, en caso de apoyarla, piden propuestas fundamentales que se deberían considerar en una eventual consulta.
Sobre la capacidad de movilización que podría tener la consulta, Martínez insiste en que dependerá del tipo de preguntas que se planteen a los ciudadanos. “Lo que sí es cierto es que la consulta popular, tal como está prevista, es un evento prácticamente exclusivo para quien se dice opositor”, dijo.
A efectos de la participación de los votantes, el periodista recordó que los partidos políticos tienen el registro electoral. Asimismo, comentó que la participación en las próximas elecciones se calcula en torno a 46%, como las elecciones presidenciales del año 2018, cuya legitimidad rechazó la comunidad internacional así como los partidos de oposición.
En otra de las líneas estratégicas que aparece en el documento, plantean “no abandonar nunca la bandera de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”. Para ello, argumentan, es necesario ampliar el rechazo a las elecciones convocadas por el régimen de Maduro y tener una “narrativa positiva” como “abanderados” de unas elecciones libres y competitivas. Con respecto a este punto, plantean también qué mecanismos proponen desde los distintos sectores.
Por lo tanto, Martínez considera que el apoyo de los partidos políticos a la consulta digital será mayor o menor en la medida en que el referéndum refleje las dudas y el sentir de los sectores. De momento, el rechazo se impone en el G4.
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