Email
- Una venezolana que trabaja como vendedora informal fue agredida por policías municipales de la ciudad ecuatoriana de Ibarra cuando no se dejó quitar su mercancía. Este hecho se suma al desalojo desarticulado de un grupo de venezolanos en las orillas del río Tuhuando
El ardor en los ojos y la dificultad al respirar marcaron el sábado 8 de agosto de la venezolana Carolina Linares. Aquel día quedaría en su memoria luego de que un grupo de aproximadamente 14 policías de la municipalidad de Ibarra, ciudad en la sierra de Ecuador, le lanzara gas lacrimógeno. Esto tras intentar quitarle los accesorios telefónicos que vendía en las calles de la ciudad.
Como lo relató Linares para El Diario, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 am en las cercanías del terminal terrestre de Ibarra. Los uniformados se bajaron de una camioneta y comenzaron a correr para quitarle la bolsa donde guardaba sus artículos. Carolina también apresuró sus pasos, pero no logró salir ilesa. Asegura que “en lo que me agarraron me echaron el gas en la cara”.
Betzabeth Jaramillo, politóloga y responsable de temas migratorios de la embajada de Venezuela en Ecuador -designada por el presidente (E) Juan Guaidó- explica que en este caso “se evidencia un uso excesivo de la fuerza porque hay protocolos de seguridad internacionales para diferentes procesos. Generalmente, cuando se hace una detención de una mujer tienes que tener un personal femenino que se encargue del procedimiento. Eso aquí no se vio”.
Jaramillo comenta que los vendedores informales venezolanos que han sido detenidos aseguran que los oficiales les retienen la mercancía y se la reparten entre ellos. De modo que “los policías municipales persiguen exclusivamente a las personas que tienen materiales electrónicos y cuando se los quitan no se los devuelven”.
Ante lo ocurrido, Carolina dejó de vender su mercancía en las calles de Ibarra. Explica que ese día varios de los policías implicados le dijeron que “en el centro le vamos a quitar todo”. Por ende, ahora se traslada hasta Otavalo, una ciudad cercana para poder ganar el dinero que le permita mantener a sus cuatro hijos. El padre de los menores regresó a Venezuela hace aproximadamente ocho meses y, desde entonces, no sabe nada de él.
Response to Venezuelans, coordinación interinstitucional del sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil, publicó en enero de este año el Plan de respuesta para refugiados y migrantes 2020. En ese documento señalan que “72% de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela que se instaló en Ecuador durante 2019 no gestiona para cubrir las necesidades contenidas en la canasta básica familiar”.
Legalidad interrumpida
Carolina Linares todavía conserva en su hablar el acento del estado Táchira, el lugar donde nació. La venezolana partió de su país hace casi dos años en autobús con sus hijos, específicamente un 17 de noviembre de 2018. Antes de ir a Ecuador, explica que intentó renovar su cédula y sacar su pasaporte. Sin embargo, la renovación de su documento de identidad quedó en suspenso por el chequeo dactiloscópico. Transcurrieron dos años y no hubo solución, Carolina tuvo que salir del país con su cédula vencida y la Carta Andina.
“Me tocó venirme porque no podía seguir más en Venezuela por la situación económica que estaba pasando con mis hijos”, agrega con tono pausado.
2018 fue un año de declive para la economía del país caribeño por la hiperinflación que se venía registrando desde octubre de 2017. Acorde con la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional -integrada por miembros de la oposición-, la inflación acumulada de 2018 llegó a 1.698.488,2%. En consecuencia, el poder adquisitivo de los venezolanos para cubrir sus necesidades se pulverizó.
“Tomando la canasta básica elaborada por Cedice Libertad para sus cálculos inflacionarios, se puede constatar que a principios de 2018 dicha canasta de 61 bienes y servicios costaba 79 dólares al tipo de cambio paralelo. La misma canasta al 30 de noviembre del mismo año, alcanzó un valor de 172 dólares, lo que significa una variación de 118%”, se lee en el boletín N°27 del Observatorio de Gasto Público.
Meses antes de vender accesorios telefónicos en las calles de Ibarra, Carolina trabajaba en un local como manicurista. Pero debido a los estragos de la pandemia por el coronavirus el establecimiento tuvo que cerrar. Sus gastos no cesaban. Así que durante cuarentena, la venezolana salía a vender mascarillas y guantes para mantener a sus hijos. Ahora trabaja lejos de casa y, con pesar, comenta que su hija mayor es quien se queda con sus hermanos.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta el 7 de julio de 2020 se contabilizaron 362.857 venezolanos en el país andino. La falta de documentos que les permitan obtener un estatus regular ha llevado a que gran parte de estas personas se dedique a empleos informales. El Banco Mundial especifica en su informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, publicado en junio, que 56,8% de los venezolanos se dedica a este tipo de actividad.
Por su parte, la politóloga Betzabeth Jaramillo sostiene que en Ibarra no se están respetando los protocolos establecidos. “Lo curioso es que la alcaldesa es pro derechos humanos, o así ella lo ha manifestado y mucho más en el caso de las mujeres. Pero parece ser que no con todas las mujeres. Cuando es una mujer venezolana la que resulta agredida no hay un pronunciamiento ni hay acciones específicas en la materia”.
Desocupación forzosa
El caso de Carolina se suma al desalojo de aproximadamente 80 venezolanos en condiciones de vulnerabilidad en las orillas del río Tahuando. El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto a tempranas horas del día. Fue ejecutado por la policía municipal de Ibarra tras órdenes de la alcaldesa Andrea Scacco.
“Cuando se hace un desalojo, en materia de derechos humanos debes contar con la presencia de la Defensoría del Pueblo y agencias en materia de movilidad humana”, agrega.
Debido a su cercanía con Colombia, Ibarra es parte de la zona fronteriza de Ecuador. De manera que la politóloga también comenta que en ese lugar se deben mantener los albergues temporales. Sobre este tema, Gabriel Arias, vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra, explica que durante la emergencia sanitaria se habilitaron alrededor de tres albergues provisionales. Sin embargo, en el transcurso de la pandemia hubo una disposición de la alcaldía para cerrarlos sin un plan de contingencia.
En el artículo 392 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que “el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno”. En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana se indica que nadie puede ser discriminado por su condición migratoria u origen nacional.
Los días pasan y las leyes continúan quedándose en el papel. La calle sigue siendo la única opción para muchos venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. Arias, por su parte, comenta que desde el Consejo de Protección de Derechos de Ibarra existen limitantes que han influido en la ejecución de acciones.
“Tanto la presidenta como el secretario técnico son de la línea partidista de la alcaldesa, entonces no pueden reaccionar de una forma tan frontal. A pesar de la exigencia que hemos estado realizando quienes somos parte del pleno y representamos a la sociedad civil en diferentes enfoques”, explica.
El vasto número de leyes se muestra limitado cuando la arbitrariedad atropella la condición humana. El deber ser termina escapando de las líneas de los artículos constitucionales y el peso de las consecuencias recae sobre los menos privilegiados. Paradójicamente, los preceptos que velan por la dignificación del ser humano terminan siendo, en ocasiones, imperceptibles y ajenos en una realidad golpeante.
Carolina sigue vendiendo artículos electrónicos en la ciudad de Otavalo. Su caso solo se convertiría en un amargo recuerdo de los rostros que puede tener el poder. Conforme a cifras del informe del Banco Mundial mencionado anteriormente, “4 de cada 10 venezolanos sufrieron discriminación en los últimos tres meses del periodo de análisis y fue primordialmente por su nacionalidad”.
La percepción desfavorable que muchos ecuatorianos tienen sobre los venezolanos es una realidad. Según el documento, “la mayoría de los ecuatorianos cree que los migrantes venezolanos tienen un impacto negativo en la economía y que son una mala influencia para la cultura de la sociedad”. Bajo esta premisa, el tránsito de algunos venezolanos en Ecuador termina convirtiéndose en un camino intrincado. Sin mediaciones y con una extraviada justicia, el poder también eclipsa el porvenir.
También te recomendamos
