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- La Universidad Católica Andrés Bello se convirtió en la primera en Venezuela en aprobar un reglamento de tolerancia cero al abuso y al maltrato sexual contra cualquier individuo dentro de sus instalaciones
Verónica Florez cursó su penúltimo semestre en la carrera de Letras, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), desde casa, con la pandemia a cuestas. Una de las materias fue Literatura Norteamericana. Cada día debía encender su computadora para seguir la transmisión en línea de las clases que le esperaban al otro lado de la pantalla.
Conoció a David Durán, contratado por la universidad y era su primer año como profesor. Las conversaciones se limitaban a los temas establecidos. Las evaluaciones se enviaban a través de formato de Word y la nota se le notificaba al estudiante a través de WhatsApp. A finales de agosto se enviaron las últimas evaluaciones que les permitiría a algunos alumnos aprobar la materia. Verónica no necesitaba la nota, ya había aprobado, pero no fue motivo para negarse a realizar la asignación. La hizo, la envió y esperó respuesta de su profesor. Recibió un mensaje al tercer día.
No era la primera vez que Verónica recibía comentarios por su opinión en clases. Las conductas misóginas de su profesor, dice Florez, eran recurrentes al punto de pedir que “dejaran de pensar como mujeres”.
Al principio, la joven de 23 años de edad lo intentó justificar. Estaba devastada, confiesa, y conversó con unos amigos para que leyeran su ensayo. Poco tardó en entender que ninguna asignación, por muy deficiente que fuera, merecía un comentario similar, mucho menos un señalamiento discriminatorio. Decidió llevar el caso a la Escuela de Letras.
Decidió acudir a la Consejera de la Escuela de Letras para redactar una carta con un capture que incluía los mensajes de Durán, su testimonio y adjuntó el ensayo. Le dijeron que discutirían el tema en el próximo Consejo de Escuela. También la llamó la directora de la Escuela de Letras.
Conversaron sobre cómo le hizo sentir el mensaje y lo que pensaba acerca del comentario. A Verónica le dijeron que no querían que esto sucediera nuevamente en la universidad, pero con el paso del tiempo no obtenía respuestas. Consideraba que no habría justicia por parte de las autoridades. Todo sucedió una semana antes que se aprobara el Protocolo para la prevención de situaciones de acoso o violencia sexual en la UCAB.
La perspectiva oficial
Desde la UCAB reconocen que una crisis interna surgió con denuncias en las redes sociales. Una exalumna del núcleo Guayana, en el estado Bolívar, expuso su caso en Twitter el 12 de abril de 2020. En un hilo señaló a un profesor de Comunicación Social de haberla acosado durante la carrera.
Luego de este hecho, las autoridades de la UCAB designaron una comisión para desarrollar un protocolo para prevenir el acoso, maltrato y abuso sexual dentro de sus instalaciones.
Magaly Vásquez, secretaria de la UCAB y coordinadora de la comisión que creó el instrumento, afirmó para El Diario que basaron parte del primer borrador del proyecto en una investigación que hizo el año pasado la plataforma de periodismo Distintas Latitudes.
En este periodo se examinaron 100 universidades de 16 países de la región y encontraron que en 60 de estas no había protocolos para estas situaciones.
La comisión, integrada por ocho personas, condujo la implementación de normas similares en universidades hermanas de la orden religiosa Compañía de Jesús.
La abogada, menciona que, también extendieron la revisión de protocolos o reglamentos en universidades no jesuitas. Particularmente fue el caso del tratamiento de la materia en la Universidad de Siena, en Italia.
El protocolo consta de siete capítulos y establece que todas las personas que sostengan una relación directa o indirecta con la universidad están sujetas al reglamento, incluyendo profesores, estudiantes, trabajadores y terceros. Esto debido a que, a partir del 15 de septiembre, cada contratista o empleado debe firmar una cláusula en donde declara estar de acuerdo con el contenido de este reglamento.
“Terminamos consultando al menos 12 protocolos o reglamentos para tratar el tema. Acordamos que el protocolo no solo debía apegarse al tema preventivo. También debía incorporarse la parte de atención y acompañamiento a la víctima de estos hechos. En cuanto a la parte sancionatoria, ya teníamos la estructura porque en el año 2017 se creó la Comisión Disciplinaria”, agregó Vásquez.
El proyecto estipula medidas de protección para la víctima una vez que es verificada la denuncia y cautelares para la persona que está siendo investigada. Las sanciones, dependiendo de la cláusula, van desde una suspensión hasta la expulsión.
La persona que quiera denunciar debe acudir a la Comisión Disciplinaria y puede optar por tener acompañamiento jurídico y psicológico en el momento que está comunicando el caso de abuso o violencia.
La instancia administrativa elabora un informe confidencial que será discutido por las autoridades de esta casa de estudios. A la víctima se le debe proporcionar apoyo psicológico, así como informar a la víctima sobre el seguimiento de los lapsos en los que la Comisión Disciplinaria está obligada a actuar.
Vásquez también mencionó que cada una de las denuncias documentadas serán cifradas para resguardar el testimonio y la integridad de la víctima. Asimismo, se contempla manuales de capacitación y difusión sobre la implementación de protocolo.
“No solo es su aprobación, nos estamos comprometiendo a hacer un seguimiento de su efectividad. El instrumento fue diseñado para permitir que la víctima pueda interiorizar un hecho que no tenía que haber sufrido y que, en consecuencia, lo pueda reportar. Creemos que esto puede funcionar como un factor de disuasión para un posible infractor”, dijo.
A partir del 15 de septiembre, afirma la abogada, se iniciará el proceso de difusión formal sobre este instrumento para prevenir y sancionar casos de violencia o acoso, y a partir, del 28 de septiembre, fecha en la que se retomarán las actividades administrativas, se realizarán jornadas de capacitación e información sobre las cláusulas que estipulan sus contratos con el protocolo.
Denuncias a la espera de justicia
A pesar de la aprobación del protocolo contra el abuso, los estudiantes exigen que los casos de acoso ya denunciados ante las autoridades no queden en el aire. Hellem, estudiante del séptimo semestre de Letras, en Caracas, tuvo una situación similar a la de Verónica con el profesor David Durán.
Durante el penúltimo semestre, que inició en abril y culminó a finales de agosto de 2020, Hellem relató que en algunas oportunidades se le dificultaba conectarse a las clases online de Literatura Norteamericana debido a las constantes fallas de luz que afectan al país. El profesor, en este caso, le recriminó esta situación por un chat privado en el que asumía diariamente que a la estudiante no le importaba su clase. También realizaba comentarios en el grupo general de la materia en el que aseguraba que “las mujeres tienden a ser histéricas”.
Durán también le pedía a Hellem tener sesiones privadas de Zoom a las 11:00 pm. Aseguraba que necesitaba ayuda para utilizar algunas herramientas online. Ella ignoraba los mensajes y respondía al día siguiente para evitar más inconvenientes con el profesor. “Voy a asumir tu silencio como que no te interesa”, fue la respuesta que recibió luego que se negara a realizar una videollamada. Los mensajes cesaron luego de que un compañero de la clase se ofreció a apoyarlo con lo que necesitara. Le envió enlaces de información y tutoriales de Youtube. No se mencionó una posible sesión privada una vez que apareció su amigo.
“Me sentí totalmente diminuta en los últimos meses. Tienes un sentimiento de vulnerabilidad porque era un abuso de su autoridad como profesor que al final me reprobó luego de que denuncié la situación. Me presionaba para que diariamente mantuviera una conversación con él, me llegaban mensajes de madrugada. También llegó a decir que mis trabajos eran una antítesis de la comunicación. Que lo que había hecho era un fracaso y que no servía para lo que estaba estudiando. Siempre sentí que sus correcciones nunca estuvieron en el margen profesional de una universidad. Era acoso psicológico lo que estaba sufriendo”, explicó Hellem para El Diario.
Un impacto social
Arianna González, coordinadora municipal de El Hatillo y del Movimiento de Mujeres del partido Voluntad Popular, afirmó para El Diario que han surgido varias leyes e iniciativas en todos los niveles que exhortan a buscar nuevas formas de pensar y actuar. Esto para hacer posible la transformación y el cambio para el logro de una sociedad más igualitaria.
Sin embargo, actualmente, y a pesar de que la mujer participa activamente en la sociedad, también puede ser víctima de afectaciones negativas que van desde el orden físico, psicológico y social hasta el sufrimiento de numerosas discriminaciones.
Terminología
En relación con la misoginia, este concepto proviene del vocablo griego u0022miseogynéu0022, en el cual el sufijo mismo significa odiar o despreciar y u0022gynéu0022 significa mujer o femenino. Por lo general, el término es asociado a los hombres, pero también puede serlo a las mujeres que demuestran una actitud de desprecio o menosprecio a sus pares de género.n
González explica que, en este contexto, hacer ver un juicio personal como si fuese un hecho real es la base de la intolerancia. Agrega que confundir juicios con hechos puede llevarnos a tomar decisiones inválidas, injustas o desligadas de un marco de realidad que las legitime.
La coordinadora del Movimiento de Mujeres del partido Voluntad Popular también señaló que la misoginia se esconde en comentarios sutiles y jocosos. También, sostiene González, que se puede llegar a identificar cuando la persona te define si haces o dejas de hacer algo por tu género.
“En el ámbito estudiantil, que una persona sea víctima de estas conductas puede afectar el desempeño en clase. Además de estar directamente relacionado con el autoestima y generar inseguridades en el afectado”, agregó.
Resaltó que el Ministerio para la Mujer emitió una comunicación en la que pone a disposición una línea telefónica para las mujeres que sean víctimas de violencia de género.
Esto, para González, puede ser una medida pero no es una solución, puesto que generalmente las mujeres que sufren estas agresiones no se comunican personalmente con líneas de apoyo, sino que tercerizan el pedido de ayuda en otras personas.
Destaca que la cantidad de mujeres que denuncian es muy baja. “Eso otro problema que también tenemos. Este tipo de delitos se manifiesta menos que un homicidio, o un robo o un hurto, porque este tipo de casos se manejan muy discretos y silentes”, explicó.
La desconfianza de que un caso de abuso o maltrato lo penalicen las autoridades de la UCAB sigue latente, de acuerdo con el testimonio de las víctimas. Las autoridades de esta casa de estudios prometen realizar un exhaustivo seguimiento a los casos, además de generar una cultura de cero tolerancia a la violencia y abusos hacia cualquier persona. Una situación pionera en el país que puede ser capaz de repercutir en la aplicación de protocolos en otros centros educativos de Venezuela.
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