La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este 30 de abril un incremento del llamado “ingreso mínimo integral”, en el marco del Día del Trabajador, tras casi tres años sin ajustes en el salario base de los trabajadores del sector público.
El Ejecutivo informó que el ingreso mínimo integral quedó fijado en $240 mensuales, mientras que la pensión se estableció en $70, según indicó durante un acto transmitido por el canal estatal.
A diferencia de aumentos tradicionales, el anuncio no incluyó una modificación del salario mínimo legal, que se mantiene en 130 bolívares, sino que se basa en un esquema de ingresos compuesto por bonos y otros beneficios no salariales.
Rodríguez también exhortó al sector privado a ajustar los ingresos de sus trabajadores hasta un mínimo de $240 mensuales en los casos en que perciban montos inferiores.
Previamente, Rodríguez señaló que el ajuste responde a una política de “recuperación progresiva del ingreso” y lo calificó como un incremento “responsable”, en línea con la estabilidad económica que, según el gobierno, ha comenzado a consolidarse en el país.
Un salario mínimo congelado y un ingreso basado en bonos
El aumento deja sin cambios el salario mínimo que, desde marzo de 2022, permanece fijado en 130 bolívares, una cifra que, debido a la devaluación sostenida de la moneda, equivale menos de $0,30 mensuales —incluso cerca de $0,27 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) en abril de 2026—.
Desde ese entonces, el gobierno impulsó un esquema que actualmente llama “ingreso mínimo integral”, una fórmula que combina salario base con bonos como el de alimentación y el llamado “Bono contra la Guerra Económica”.
Sin embargo, este concepto no está formalmente contemplado en la legislación laboral y, en la práctica, el peso del ingreso ha recaído en bonificaciones de carácter no salarial, que pueden ser modificadas discrecionalmente y no inciden en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.
De hecho, decisiones judiciales han reforzado este criterio al establecer que ciertos bonos —incluso aquellos pagados de forma regular— no forman parte del salario, al considerarse beneficios de carácter social.
En consecuencia, aunque el llamado ingreso mínimo integral ha servido como referencia política para anunciar ajustes —por ejemplo, en torno a los $160 mensuales en 2025 mediante bonos—, el salario mínimo formal se ha mantenido prácticamente sin incidencia real en el ingreso total de los trabajadores.
