• Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha promueve programas para incluir a estos ciudadanos en roles fundamentales de la sociedad

En Venezuela, la pandemia por covid-19 dejó en evidencia la falta de oportunidades que tienen las personas con discapacidad. Un ejemplo de ello es la deficiente calidad de la educación especial. 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1992 que cada 3 de diciembre se celebre este día para promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos.

Nacarid Gómez, docente del Taller Laboral de Propatria (Caracas), dijo en una entrevista previa con El Diario que el sistema educativo venezolano no está preparado para formar a distancia a niños y jóvenes con discapacidad. 

La profesora explicó que su labor consiste en desarrollar proyectos socioproductivos adaptados a estudiantes mayores de 15 años con discapacidad. 

Detalló que el trabajo con los adolescentes debe ser personalizado, debido a que cada condición es distinta. Sin embargo, admitió que no puede lograrlo a distancia. 

Cuando llegó la pandemia, nos mandan a dar actividades a nuestros muchachos por Internet, pese a que la mayoría son de escasos recursos y los docentes no contamos con las herramientas para formarlos así”, indicó la docente.

A pesar de los desafíos que implica la educación remota, la presencial tampoco era ideal. Gómez aseguró que el Estado no le ha inyectado los recursos necesarios a estas instituciones, lo que dificulta el cumplimiento de los programas. 

Una ley ignorada

En enero del año 2007 apareció en Gaceta Oficial la Ley para las Personas con Discapacidad en Venezuela. El objetivo de la legislación es garantizar el desarrollo integral y la incorporación en la vida familiar comunitaria de estos ciudadanos.

Esta norma obliga a los entes de la administración pública nacional y regional a desarrollar políticas que velen por los derechos de todas las personas con discapacidad.

La legislación resalta el complimiento de los derechos a la vida, salud, educación, empleo, información y al libre tránsito. No obstante, durante la pandemia instituciones que representan a grupos de discapacitados denunciaron la falta de acceso a estos derechos.

Sin derecho a la información

La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) ha denunciado que muy poco contenido referente al covid-19 está disponible en lengua de señas venezolana. 

Información inaccesible

64%

de las comunicaciones oficiales no son presentadas en lengua de señas

94%

de los noticieros no tienen intérprete de señas, de acuerdo con un estudio de Consorven

La institución realizó un estudio durante la cuarentena en el que reflejan que 100% de las emisiones televisadas sobre prevención ante el coronavirus no contaron con subtítulos. 

Consorven determinó que 90% de las personas encuestadas manifestó no haber recibido información sobre la pandemia. Además, informó que 69% de los encuestados aseguraron ver mermado su acceso a productos y servicios necesarios para atender sus condiciones. 

Discapacidad tras las rejas

Anthony Molina, joven con discapacidad intelectual y psicosocial, está privado de libertad desde el año 2017. En julio de 2020, sus familiares denunciaron que el detenido ha sido sometido a torturas con electricidad y tratos degradantes.

De acuerdo con el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Molina lleva tres años y nueve meses detenido en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Punto Fijo, Falcón, por estar presuntamente implicado en un homicidio.

Además de las denuncias de tortura, los familiares de Molina aseguran que el joven duerme en el piso, hace sus necesidades en bolsas plásticas y ha presentado problemas de salud que lo han llevado a fiebres altas seguidas de convulsiones.

La pandemia por covid-19 ha demostrado que los grupos vulnerables quedan expuestos a riesgos en medio de las crisis. Las personas con discapacidades mentales, visuales, motrices y auditivas no son la excepción, por lo que los Estados deben promover políticas y programas que protejan realmente sus derechos fundamentales. 

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