• El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó para El Diario que la detención de seis miembros de la ONG Azul Positivo es la primera muestra de que las amenazas del régimen no se quedan en palabras

La persecución y el hostigamiento a las organizaciones no gubernamentales (ONG), activistas y defensores de los DD HH por parte del régimen de Nicolás Maduro ha sido permanente en Venezuela. 

En el año 2020, se registraron múltiples casos de atropellos a organizaciones no gubernamentales que velan por la seguridad alimentaria y de salud en el país. Además de las constantes amenazas, el régimen de Maduro emitió en noviembre del mismo año una resolución que limita la labor de las ONG extranjeras en el país.

Detención de miembros de una ONG

Sin embargo, no fue hasta el 12 de enero de 2021 que se registró el primer caso de detención de activistas de derechos humanos. Seis miembros de la ONG Azul Positivo fueron detenidos luego de un allanamiento a la sede de la organización en el estado Zulia. Hasta ahora, solo uno ha sido liberado.

El abogado Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, precisó que la detención de los miembros de la ONG Azul Positivo es una manifestación de lo que va a ser la persecución del régimen que amenaza a estas organizaciones y a los defensores de los DD HH.

“Es la primera muestra tangible de que no se quedan solo en palabras las amenazas del gobierno contra quienes demuestran lo que no quieren que se vea, que son las graves violaciones a los DD HH en el país”, comentó Himiob en exclusiva para El Diario.

Himiob comentó que aunque no han tenido contacto con los detenidos, conocen que tienen defensa privada. Agregó que seguirán monitoreando el caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), solicitaron la libertad plena para los 5 miembros de Azul Positivo.

Persecución demuestra el miedo del régimen

Esta persecución de las ONG no es nueva pero no se había concretado de esta manera tan drástica. Esto evidencia el miedo que tiene el poder a ser desnudado ante el mundo sobre la gravedad de la situación de los DD HH en Venezuela”, puntualizó el abogado.

Señaló que el asedio y el acoso contra estas organizaciones y activistas de derechos humanos es tan permanente que algunos de estos defensores tienen decretadas medidas cautelares de protección de la CIDH.

Preciso que incluso esos datos han sido recogidos en los informes de la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU Michelle Bachelet y en la Misión para la Determinación de los Hechos.

Crímenes de lesa humanidad

La persecución del régimen de Maduro a estas organizaciones podría ser calificada como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con expertos consultados por El Diario en un trabajo previo.

“Si se impide que la ayuda llegue, o si se mediatiza la distribución de los insumos humanitarios de manera que contraríen los principios de las Naciones Unidas, estaríamos frente a un incremento sistemático del sufrimiento de la población”, indicó el abogado Alí Daniels, de la asociación ciudadana Acceso a la Justicia.

Sin embargo, agregó que la obstrucción del régimen a las ONG no es un tema que se esté investigando actualmente en organismos extranjeros como la Corte Penal Internacional (CPI).

ONG perseguidas por el régimen

En enero de 2020, la sede de la organización civil Prepara Familia, fue allanada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esta ONG se encarga de ayudar a los padres, madres y representantes de los niños internados en el Hospital J.M. de los Ríos.

Rescate Venezuela, es otra de las organización cuya sede fue allanada. La ONG cuenta con el apoyo de la activista por los derechos humanos Lilian Tintori. Denunciaron que los organismos de seguridad sustrajeron insumos médicos, alimentos y ropa de forma ilegal que “se destinan a atender a venezolanos en situación de riesgo”.

En abril, Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda, en conjunto con varios trabajadores de la empresa Farmatodo, fue detenido durante hora y media por funcionarios de la PNB cuando iban a repartir material de bioseguridad.

En noviembre, la organización Médicos Sin Fronteras se retiró del Hospital Pérez de León II, ubicado en Petare, estado Miranda, por la imposibilidad de mantener los estándares de calidad en la atención brindada, esto debido a las restricciones de entrada al país de su personal humanitario especializado.

El 25 de noviembre, Roberto Patiño, cofundador y coordinador de Alimenta La Solidaridad y Caracas mi Convive, denunció que habían sido víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades del régimen.

https://twitter.com/RobertoPatino/status/1331677934441160710

Informó que una delegación de funcionarios de la PNB allanaron su antigua sede ubicada en El Rosal, Caracas y que además, por orden de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), todas sus cuentas bancarias fueron congeladas.

El 15 de diciembre, funcionarios del régimen de Maduro allanaron la sede de Convite. Una ONG que vela por los DD HH de adultos mayores. En el operativo se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza, quien fue liberado dos horas después.

https://twitter.com/eldiario/status/1338957304029454339

Régimen acusa a ONG de “robar dinero”

El 9 de diciembre de 2020, el diputado del régimen Diosdado Cabello, acusó a un grupo de ONG venezolanas de “robar el dinero” que llegó al país a través de la presidencia interina de Juan Guaidó.

Cabello amenazó con aplicar “la ley de manera inmediata contra estos delincuentes” cuando tomara posesión de la Asamblea Nacional (AN) el 5 de enero de 2021.

Mencionó las siguientes organizaciones que defienden derechos humanos: Alimenta La Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Provea, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Meals 4 Hope Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Asociación Vendato Humano y Un Mundo Sin Mordaza.

En octubre de 2020, el régimen emitió una nueva resolución donde estableció el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong).

Dicha medida, publicada en Gaceta Oficial el 19 de octubre y emitida en conjunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Interiores, Justicia y Paz, propone que las ONG que carezcan de domicilio en el territorio venezolano deban obtener una certificación en el registro. Esto como condición para poder laborar en el país.

Rechazo a estos ataques

El abogado Gonzalo Himiob aseveró que el Foro Penal rechaza cualquier ataque contra defensores y activistas de derechos humanos y contra ONG.

“Siempre hemos pensado que cuando en un gobierno se persigue a los activistas de DD HH lo que se está haciendo es confirmar que en ese Estado se violan drástica y gravemente los derechos humanos”, reiteró.

Agregó que el régimen lejos de verlos como una amenaza, debería apoyarse en el trabajo de las ONG para corregir sus fallas y sus errores.

Es necesario el apoyo internacional 

Himiob sostuvo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Relatoría de las Defensoras y Defensores de DD HH, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH, deberían responder de manera contundente contra cualquier persecución a los activistas porque todas estas organizaciones internacionales dependen y se nutren del trabajo de las ONG y los defensores de DD HH.

“Si ellos no responden y no nos protegen pues definitivamente el destino de la defensa por la protección de los DD HH se ve muy oscuro”, puntualizó.

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