• Cuando en 2017 asumió la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como Corporación Andina de Fomento por su anterior nombre, el economista peruano aprovechó su poderío en la institución para aprobar créditos ante las autoridades del régimen de Nicolás Maduro

Luego de varios años de denuncias de acoso laboral, abuso de poder, despidos masivos injustificados y malas prácticas para beneficiar al régimen de Nicolás Maduro, Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como CAF por su anterior nombre (Corporación Andina de Fomento), anunció su renuncia al cargo este martes 23 de marzo a través de una carta.

En su misiva, Carranza evade las acusaciones de propios exejecutivos de la organización en Latinoamérica. No obstante, asegura que, durante su gestión, que inició en 2017, “se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”.

Varias cartas de empleados de la CAF que datan desde 2018 registran las quejas contra el economista peruano. Una de ellas, con fecha de 21 de febrero de 2021, es la firmada por Alejandra Claros, excoordinadora de Secretaría de la CAF. Claros revela que desde el año 2017 se han despedido “o invitado a renunciar” a aproximadamente 100 personas. Y se dirigió al consejo de directores “para representar ante ustedes los excesos, abusos, violencia y acoso laboral que la administración de CAF ha estado ejerciendo en contra de los funcionarios, lo que constituye un agravio que la comunidad internacional debería condenar enérgicamente”.

Otros exempleados enviaron cartas a Carranza en las que denunciaron maltrato, arbitrariedad y violaciones de los derechos laborales. En entrevista con El País de España, Claros acusa también al secretario general Victor Rico. “Me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana en favor de su cuñado”, dijo. La excoordinadora de Secretaría de la CAF comentó al medio español que, en lugar de atender su denuncia, Carranza “resolvió resguardar al secretario general, priorizando su relación personal, política e ideológica, protegiendo y silenciando una denuncia que tiene consecuencias penales en la legislación latinoamericana y que contaba con las pruebas y confesión verbal del acusado”.

Ayuda al régimen de Maduro

Carranza llegó a la presidencia de la CAF en abril de 2017 en reemplazo de Luis Enrique García Rodríguez, quien estuvo al mando de la institución durante 26 años. El economista peruano venía con la carta de ser ministro de Economía de Perú en el periodo 2006–2009 durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, quien se quitó la vida luego de ser acusado de corrupción por estar presuntamente involucrado en ilícitos con la empresa brasileña Odebrecht.

Apenas asumió en el cargo, Nicolás Maduro no tardó en expresarle su apoyo. “Puede contar el nuevo presidente con toda la cooperación”, indicó el líder del régimen chavista en una reunión con su gabinete de ministros. Sería el comienzo de una relación que, aunque permaneció bajo las sombras, se fue construyendo a través de varios préstamos de la CAF para evitar el default en el que el régimen sumergió a Venezuela. Para ello Carranza desconoció a las autoridades legítimas de la Asamblea Nacional (AN) y se apoyó en la asamblea nacional constituyente (ANC) del chavismo. Así lo constató El Diario en una investigación sobre las prácticas de la CAF en Venezuela.

El primer préstamo se fraguó en febrero de 2017, cuando García Rodríguez todavía era el presidente de la CAF. Ricardo Sigwald, exconsultor jurídico de la CAF, recomendó entonces que no se aprobara la aprobación de 400 millones de dólares debido a la situación institucional poco favorable de Venezuela. En ese momento el presidente valoró el criterio y no sacó adelante la iniciativa. Todo cambió con la llegada de Carranza.

“Ese era un crédito para permitirle a Venezuela pagar su deuda con CAF y que no entrara en default. Era ‘correr la arruga’ y como dicen, lanzar la pelota hacia adelante. Yo opiné que no se debía aprobar el financiamiento. Eso me costó mi puesto y fui despedido en el mes de junio de 2017″, declaró Sigwald a este medio a finales de 2019.

Dichas prácticas fueron denunciadas por el exconsultor jurídico ante todo el directorio de la Corporación en el año 2018 mediante un correo electrónico que él mismo le proporcionó a El Diario. En la misiva electrónica señaló también que fue despedido “por ejercer sus funciones en protección de los intereses, la reputación y el patrimonio de la institución”.

“Yo creo”, dijo Sigwald entonces, “que la CAF ha perdido parte del prestigio que tenía entre los multilaterales, y eso tiene que ver con prácticas como las que ocurren en Venezuela. Porque, en definitiva, pagar deuda con deuda es como hacer trampa al solitario, no es más que tratar de hacer que los libros muestren un país distinto a la realidad”.

Se aprobó el crédito

A finales de 2017, la CAF aprobó el crédito al Estado venezolano, específicamente al Banco Central de Venezuela (BCV).

Este financiamiento forma parte de la estrategia mediante la cual la institución financiera latinoamericana brinda apoyo a sus países miembros en la gestión macroeconómica, en este caso a través de una institución autónoma como el BCV, con el propósito de contribuir a la estabilidad económica regional”, indicó la nota de prensa emitida por la corporación.

El 14 de diciembre de ese mismo año el diputado Ángel Alvarado denunció ante la Asamblea Nacional la aprobación de dicho préstamo al señalar que el BCV no era una institución autónoma. Esgrimió que Ramón Lobo, quien presidía entonces el BCV, había sido nombrado por la ANC, por lo que jurídicamente no le daba la potestad a la entidad financiera venezolana a recibir el financiamiento.

El parlamentario también indicó que se trataba de una artimaña del oficialismo de “contraer deuda para pagar más deuda”, es decir, que se trataría de un financiamiento que utilizaría el Estado para no entrar en cesación de pagos con la CAF. Previo a la aprobación de dicho crédito, Alvarado indicó a El Diario en 2019 que se había reunido con Luis Carranza al momento en que este asumió como presidente ejecutivo de la CAF y que le había asegurado que “no financiaría a Maduro”.

La CAF presidida por Carranza justificó la acción “para que no perjudique la calificación de riesgo del banco y que la tasa de interés no sea más onerosa”. Sigwald explicó en 2019 a este medio que “no hablaría de ilegalidad, pero ciertamente es un problema de transparencia” por parte de la CAF.

Silencio administrativo aprobatorio

Otra práctica que forma parte del legado oscuro de Carranza en la CAF fue la aprobación de un mecanismo jurídico denominado “silencio administrativo aprobatorio”.

Según esa doctrina, el miembro de directorio que no vota en el plazo establecido será considerado como un voto aprobatorio de la resolución presentada por el presidente de la CAF, y supone, en cierta manera, una lesión del buen gobierno corporativo”, explicó a El Diario en 2019 Daniel Polito, exasesor jurídico de la CAF y abogado especialista en Derecho Corporativo.

Bajo ese argumento, según denunció Polito, Carranza aprobó “procedimientos de emergencia” sin contar con la unanimidad requerida dentro del directorio. Es decir, aprobó créditos a Venezuela sin el voto favorable explícitamente de los países directivos, sino a través de su ausencia.

Directivos. Además de Venezuela, los países que conforman el directorio del organismo financiero son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, España y Portugal.

“De esa manera se aprobó el financiamiento a Venezuela de 2017. Había mensajes claros de que el préstamo no gustaba, con votos en contra de países importantes, pero luego pasaba que países que iban en contra de Venezuela en el Grupo de Lima, en la CAF hacían silencio, y se aprobaban las cosas. Es una práctica que va más allá, que se debió corregir. Pero el doctor Carranza tuvo la oportunidad de hacerlo y, en vez de corregir, lo siguió utilizando. A pesar de que se le planteó que esta no era la forma. Después lo escribieron y lo incorporaron al reglamento”, explicó Ricardo Sigwald.

El Diario tuvo acceso al último Reglamento de la CAF, aprobado en el año 2018. Allí el silencio administrativo aprobatorio fue incorporado oficialmente como normativa de la Corporación en el artículo 60. En el reglamento anterior, que se estableció en el año 2015, no se contemplaba este argumento jurídico. De igual manera, en aquella oportunidad El Diario solicitó vía correo electrónico una entrevista con Carranza. Solo se obtuvo un mensaje de acuse de recibido.

Paradójicamente, Carranza en su carta de renuncia aseguró que se ha intentado politizar al CAF y hace sus propias acusaciones. Según él, el directorio no avaló una candidatura que propuso para un cargo porque este no cedió a presiones políticas. “Esta decisión responde a mi juicio, en parte, a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al presidente ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”, esgrimió.

“En particular”, continuó Carranza, “los directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo. La documentación que prueba esta denuncia está bajo custodia en Secretaría General y a disposición de los miembros del Directorio si así lo estiman conveniente”.

Financiar al régimen

A finales de 2018 la CAF aprobó una nueva línea de liquidez de 500 millones de dólares al Banco Central de Venezuela. Esto “con el objetivo de mitigar riesgos de liquidez y brindar apoyo macroeconómico”, según expresó el mismo organismo internacional. Nuevamente el parlamentario Ángel Alvarado denunció el financiamiento de la CAF ante la AN en diciembre de 2018.

La CAF está financiando a una dictadura, está financiando las violaciones de derechos humanos. Saben que ese dinero será usado para seguir sometiendo a nuestro pueblo. Se puede argumentar que la CAF otorga estos préstamos para no bajar su calificación crediticia. Pero le prestaron a Venezuela, que está en default, y no quieren que caiga en ese estado. Sin embargo, eso es un ‘esquema ponzi’ (operación fraudulenta) para correr la arruga, y tarde o temprano van a bajar tu calificación”, explicó el parlamentario.

El legislador envió una carta privada al Comité de Ética de la CAF el 9 de enero de este año y aseguró que dichos pagos comprometían moralmente al directorio de ese organismo. No recibió respuesta.

La línea de crédito se aprobó el mismo procedimiento de urgencia y de silencio administrativo aprobatorio usado en el año 2017. Así lo indicó en diciembre de 2019 una fuente que trabajó en la Corporación consultada por El Diario y que solicitó no ser identificada. Esta información posteriormente la ratificó Sigwald.

De acuerdo con información reseñada por el diario La Nación de Argentina, Félix Martín Soto, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Hacienda Argentina, reclamó por nota formal la composición de votos positivos y negativos que precedieron a la aprobación del crédito de 500 millones de dólares. Hasta ese momento, el gobierno argentino desconocía quiénes habían votado a favor del préstamo.

Este medio consultó sobre esa votación a Mayra Andrade, exauditora general de la CAF. Respondió que no podía revelar información interna por contratos de confidencialidad. Sin embargo, acotó que esa entidad debe mejorar la transparencia de sus procesos.

“Hay muchos países miembros en los cuales las resoluciones de directorios son públicas. ¿Por qué la CAF no hace lo mismo? Mejorando la gobernanza y los procesos podría ayudar a los países miembros cumpliendo la misión para la cual está creada, que es contribuir con el desarrollo de los países”, dijo Andrade.

Carranza ante la AN

En el año 2019 la ya mermada unidad opositora al régimen de Maduro se fragmentó aún más con la discusión en plenaria de la aprobación o no de préstamos extras por parte de la CAF para financiar un proyecto para el sector eléctrico venezolano. El mismo lo propuso el Grupo de Boston, instancia que reúne a parlamentarios y exparlamentarios del chavismo y de distintas fracciones opositoras. No obstante, varios expertos desestimaron la iniciativa debido a sus deficiencias, como explicaron para El Diario.

Partidos como Voluntad Popular o Primero Justicia se opusieron abiertamente al proyecto. En cambio, diputados de Un Nuevo Tiempo hicieron lobby para su aprobación. En Acción Democrática el principal defensor, como verificó este medio, era el parlamentario Óscar Ronderos. El exadeco ahora forma parte de la AN del chavismo constituida ilegítimamente en enero de 2021.

El exasesor jurídico Daniel Polito hizo un informe recopilatorio de todas las “irregularidades” de la CAF referidas a El Diario y lo compartió con la diputada Nora Bracho. Y aunque fue pública una convocatoria de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, como también confirmó una diputada que iba a acudir a la cita, Bracho negó a este medio esa convocatoria.

El 12 de marzo de 2019, el abogado Polito consignó el mismo documento al entonces presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Freddy Superlano. Un día después, el diputado denunció públicamente las irregularidades en una decena de proyectos que financió la CAF desde el año 2010 hasta 2018. Superlano llamó a comparecer, entre otras personas, a Carranza.

A juicio de Polito, la AN no tiene potestad para llamar a capítulo a funcionarios de la CAF, que gozan de prerrogativas diplomáticas, por lo que Carranza no tenía obligación de acudir al Parlamento venezolano. Se desconoce cómo prosiguió la investigación. No obstante, en algunos sectores de la oposición, Carranza era visto como aliado del régimen de Maduro.

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