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- La ONG Provea advierte que el régimen de Nicolás Maduro pretende sustituir las Fuerzas de Acciones Especiales por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de forma progresiva. En El Diario conversamos con el coordinador de la organización no gubernamental, Marino Alvarado. Foto principal: Joe Codallo – Shutterstock
El Ministerio Público informó el 1º de mayo que inició un proceso de restructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un cuerpo policial que ha sido señalado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la Misión de Verificación de Hechos como uno de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De este cuerpo policial se desprende las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que lidera las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
A pesar de que el fiscal del régimen hizo el anuncio el 1º de mayo, la orden se publicó en Gaceta Oficial el 13 de abril. Organizaciones que defienden los derechos humanos y que han denunciado y documentado la brutalidad policial en el país advierten que como parte de esta reestructuración policial se va a producir una sustitución progresiva de las FAES por la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO).
La ONG Provea ha advertido desde diciembre de 2020 el cambio de nombre que pretendían realizarle a las FAES. La ONG señala que la intención del régimen es que los funcionarios adscritos al cuerpo especial pasen a formar parte de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada, una brigada táctica que también pertenece a la Policía Nacional Bolivariana, creada en el año 2016.
A las FAES la están sustituyendo por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), conformada por los mismos funcionarios FAES responsables de miles de ejecuciones.
— PROVEA (@_Provea) May 21, 2021
NO hay garantía de mejoras en los derechos humanos.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, explicó para El Diario que este cambio de nomenclatura, que no ha sido anunciado oficialmente por el régimen, tiene relación con la forma en que se disolvió la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2017, luego de muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos y de haber perpetrado varias masacres en el país. La OLP, un operativo multipolicial, fue creado en el año 2015 con el objetivo de combatir la delincuencia en el país.
El Ministerio Público, dirigido en ese entonces por la fiscal Luisa Ortega Díaz, -quien luego se convirtió en disidente del oficialismo-, registró que entre julio de 2015 y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por funcionarios de seguridad del Estado durante las incursiones de la OLP. El Informe Anual 2015 de Provea registró que desde julio, hasta diciembre de 2015, se realizaron 15.946 detenciones arbitrarias.
De la OLP a las FAES
En julio de 2017 el régimen de Maduro eliminó este operativo y en su lugar instauró lo que llamó una policía de élite, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana. Fue entonces cuando se crearon las FAES, un cuerpo de seguridad que continuó con las violaciones de los derechos humanos y ha sido calificado como un grupo de exterminio en informes de organizaciones como Human Right Watch, Provea, Monitor de Víctimas y los informes de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y la Misión de Verificación de Hechos de la ONU.
Las FAES fueron creadas para “proteger al pueblo contra el crimen”, así lo aseguró Nicolás Maduro. Sin embargo, este cuerpo de seguridad se convirtió en el responsable de violaciones de derechos humanos que involucra ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos. Esto según los registros y denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela y organismos internacionales.
A juicio del abogado, se trata de un “proceso de maquillaje” que no soluciona el problema de raíz del cuerpo policial, que es el exceso de fuerza y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que ha acumulado en casi cuatro años de operaciones.
Señala que no se puede esperar un cambio positivo en el accionar de la PNB, puesto que no existe una diferencia significativa en su forma de actuar.
“Es un cambio de siglas y de uniformes, pero con los mismos hombres que han acumulado un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto no se puede esperar mucho cambio en cuanto a que la DCDO vaya a respetar los derechos humanos y que vaya a haber una baja significativa en el número de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, en el monitoreo que nosotros estamos realizando sobre las ejecuciones en el país ya tenemos casos donde aparece involucrado esta DCDO”, afirma.
Derechos humanos en la mira internacional
Alvarado señala que esta sustitución de las FAES guarda relación con el procedimiento que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por denuncias de delitos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CPI emitió un informe el 14 de diciembre en el que informaron que darían inicio a una nueva fase del examen preliminar.
El documento señala que la Fiscalía, presidida por Fatou Bensouda, finalizó su análisis de la información disponible sobre la situación de Venezuela. Además, concluyó que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes, de competencia de la Corte, en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
La CPI precisa que en Venezuela se han cometido tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Señala como responsables de estos delitos a los cuerpos de seguridad del Estado como: la PNB, las FAES, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
El 16 de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas presentó su informe que resultó de un largo proceso de investigación de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La Misión trató de verificar, investigar e identificar a los responsables de los delitos y de las violaciones de los derechos humanos para determinar las estructuras de mando y los patrones de conducta. El informe final concluyó que existen elementos razonables para considerar que se han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional en Venezuela.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su visita a Venezuela en el año 2019 conversó con los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En su informe final sobre los derechos humanos en el país estableció la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado en violaciones a los derechos, por lo que recomendó eliminar las FAES.
“Esta operación maquillaje tiene que ver con la insistente recomendación de la alta alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero también (y con mayor contundencia) el informe de la Misión de Determinación de hechos de la ONU, que también recomendó la disolución de las FAES. Precisamente para no aceptar que lo está haciendo por estas dos razones, el gobierno lo que ha venido haciendo es ir disolviendo progresivamente las FAES”, aseveró.
Alvarado precisa que con esta acción los organismos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo pretenden “simular” justicia en el país. Esto, señala, se debe a que el próximo informe de la CPI podría tratarse de que el procedimiento avance a fase de investigación. De ser así, altos funcionarios podrían ser investigados por crímenes de lesa humanidad.
El Observatorio Venezolano de Violencia en su informe de 2020 señala que durante ese año 4.231 personas fueron asesinadas por presunta resistencia a la autoridad. Provea registró un total de 472 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante el primer trimestre de 2021.
Reestructuración de la PNB
La orden de reestructurar la Policía Nacional Bolivariana tiene el objetivo de realizar una transformación profunda en las estructuras del cuerpo policial para “contribuir de la forma más eficaz y eficiente con el logro de los fines del Estado en el marco de los parámetros del respeto a los derechos humanos”. También señala que la intención es regresar a la doctrina original de la PNB. La cual fue concebida como “una policía eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad, de protección y de autoridad”.
El coordinador de Provea comenta que esta reestructuración está muy lejos de adoptar el concepto original de la PNB. Afirma que al momento de la creación de la Policía Nacional Bolivariana, la cual empezó a operar en diciembre de 2009, se contemplaba la idea de un cuerpo policial desmilitarizado. Sin embargo, eso no ocurre en la actualidad.
Desde su creación, siete de los nueve directores que ha tenido la PNB han sido militares.
El régimen de Maduro no ha anunciado la sustitución progresiva de las FAES. Sin embargo, sí hubo un anuncio público de la reestructuración de la PNB sin especificar los motivos reales. Estas medidas han sido calificadas por organizaciones como Provea como una “operación maquillaje” que no cubre las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
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