• En El Diario elaboramos un recuento sobre lo que ha sido la institucionalización de la represión en Venezuela y conversamos con Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, sobre el impacto social de estos organismos de seguridad |Foto: AFP

Hace cinco años el régimen de Nicolás Maduro institucionalizó la violencia de Estado. 506 ejecuciones extrajudiciales en los dos años fue el balance de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) antes de dar paso a la conformación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La sistematización de las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales inició el 13 de julio del año 2015. Tres años después las FAES continuaron con la represión ejercida por la OLP e incluso intensificaron las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. En los primeros cinco meses del año 2020 se realizaron 432 presuntos asesinatos a manos de las FAES. 

La OLP se encargó de operaciones selectivas en zonas populares y urbanismos, principalmente de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Participaron diferentes cuerpos de seguridad con la intención de afrontar la delincuencia y el crimen organizado. Maduro aseguró que el objetivo de la OLP era “combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”. El operativo se realizó por primera vez el 14 de julio de 2015 en la Cota 905, en Caracas, una zona dominada por una mega banda delictiva liderada por Carlos Revette, alias “el Coqui”.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, destaca para El Diario que cuando se instauró la OLP, en su primer operativo en la Cota 905, 16 personas fueron asesinadas mientras que ningún funcionario resultó herido. Por esta razón indica que no se trató de un enfrentamiento armado, sino de ajusticiamientos.

Provea registró que la efectividad de la primera incursión del OLP en la Cota 905 fue de 5%, puesto que 134 personas fueron detenidas. Posteriormente se conoció que solo siete personas presentaban cargos por robo y homicidio. El resto fue liberado.

El defensor para los derechos humanos explicó que las OLP consistían en cercar una zona determinada mientras que los hombres, mayores de 16 años de edad, eran detenidos de manera indiscriminada, realizaban allanamientos y hacían procedimientos que violaban el debido proceso.

Balance de 2015. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que más de 70.000 efectivos de seguridad participaron en estos procedimientos en todo el territorio nacional.

El Ministerio Público (MP), dirigido para ese entonces por la fiscal Luisa Ortega Díaz, -quien luego se convirtió en disidente del oficialismo-, registró que entre en julio de 2015 y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por funcionarios de seguridad del Estado durante las incursiones de la OLP.

“Por sus efectos, la OLP impactó negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, además vulneró la realización y garantía de los derechos económicos sociales y culturales. No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada”, reza el informe de la ONG Provea titulado “Hace cinco años el “Operativo de Liberación del Pueblo” abrió el camino para la represión total en Venezuela”. 

Estados con mayor incidencia de las OLP

136 (26,9%)

víctimas en Carabobo

126 (25%)

víctimas en el Área Metropolitana de Caracas

74 (14,7)

víctimas en Bolívar

El despliegue de la OLP se registró en todo el país, pero en dos estados concentraron más de la mitad de las víctimas del país.

En una investigación publicada por Runrunes y Conectas, en octubre de 2017, se indica que el objetivo inicial de la OLP fue desvirtuado. El informe señala que los índices de homicidio, extorsión y secuestro aumentaron en el país principalmente porque la OLP ayudó a transferir el control territorial a los grupos armados civiles afines al régimen de Nicolás Maduro, también conocidos como colectivos. Esta investigación registró 55 ejecuciones extrajudiciales más que la cifra publicada por el MP. 

La OLP no solo cometió ejecuciones extrajudiciales durante los dos años que se mantuvo activo, sino que también realizó numerosas detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales además de tratos crueles e inhumanos. El Informe Anual 2015 de Provea registró que desde julio, hasta diciembre de 2015, se realizaron 15.946 detenciones arbitrarias.

De la OLP a las FAES

Foto: Cortesía

La efectividad de las OLP fue cuestionada por defensores de derechos humanos, mientras que el Ministerio Público recibió denuncias de violaciones a las libertades individuales y al derecho a la vida. Para el año 2017, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, la Fiscalía investigaba a 1.074 funcionarios policiales y militares por estar involucrados presuntamente en casos de violación de derechos humanos. 

El 15 de enero de 2017 el régimen de Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de la Operación Liberación del Pueblo y lo convirtió en Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), esto luego de admitir abusos y excesos de poder cometido por funcionarios policiales.

“Nos hemos dedicado varias semanas a estudiar los métodos, los errores, los abusos que hubo en algunos casos. Hemos retomado el concepto humanista de las OLP”, dijo Maduro durante una alocución al país. Esta restructuración involucró la inclusión de 10.000 funcionarios con instrucción universitaria. 

A pesar del intento de “humanizar” estas incursiones policiales, el OLHP continuó con su accionar represivo hasta que en julio de 2017 el régimen de Maduro eliminó este operativo y en su lugar instauró lo que llamó una policía de élite, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana: fue entonces cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo de seguridad que continuó con la violaciones de los derechos humanos y ha sido calificado como un grupo de exterminio. 

Las FAES fueron creadas para “proteger al pueblo contra el crimen”, así lo aseguró Nicolás Maduro. Sin embargo, este cuerpo de seguridad se convirtió en el responsable de violaciones de derechos humanos que involucra ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos. 

Desde el año 2017, este grupo policial ha acumulado denuncias por violaciones a los derechos humanos. Usualmente, los funcionarios de las FAES actúan de noche o muy temprano en la mañana, usan pasamontañas para cubrir el rostro y no portan identificación. En la mayoría de los casos los uniformados afirman que los asesinatos ocurrieron durante enfrentamientos armados, versión que ha sido desmentida por familiares de las víctimas. 

Uzcátegui comenta que las Fuerzas de Acciones Especiales fueron creadas con el objetivo de enfrentar situaciones de terrorismo, pero desde el principio ejercieron acciones de control de orden público. Con este grupo policial el régimen muestra la necesidad de intimidar a la población y desarticular la organización ciudadana en el espacio público, además de mantener el control que se amerita en un contexto de emergencia humanitaria compleja, señaló.

Las FAES no solamente asesinan o detienen a personas de manera arbitraria. También realizan una serie de violaciones adicionales como entrar a viviendas sin orden judicial y el robo y hurto sistemático de las personas que viven en ese lugar. Además hemos detectado un patrón adicional muy grave que es la detención de terceros para obligar a alguien en específico a entregarse a las autoridades. Esto no puede ser calificado de otra forma sino como terrorismo de Estado”, afirmó.

Denuncia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 

En junio de 2019, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela y pudo reunirse con familiares de víctimas de las FAES. Posteriormente emitió un informe en el que confirma la responsabilidad de este cuerpo de seguridad en centenares de muertes y lo califica como un “grupo de exterminio”, por lo que recomendó su eliminación. Nicolás Maduro desestimó el informe de la alta comisionada y llamó a la rectificación al tiempo que expresó todo su apoyo a las FAES. 

En el nuevo informe publicado el 2 de julio de este año, Bachelet resaltó que el régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido con las recomendaciones de su oficina. Señaló que 1.324 personas fallecieron en operativos policiales entre enero y mayo de 2020, de esa cifra 432 personas fueron asesinadas por las FAES. 

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, aseguró que la mirada hacia la seguridad ciudadana es una de los aspectos que diferencia al gobiernos del fallecido expresidente Hugo Chávez y al régimen de Nicolás Maduro. 

“En los años de Hugo Chávez no hubo estas redadas indiscriminadas en zonas populares que comenzaron durante el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros veníamos denunciando un proceso creciente de militarización de la seguridad ciudadana, pero no llegábamos a este nivel”, afirma. 

Medidas unilaterales de control social

Foto: Cortesía

Rafael Uzcátegui explica que para diseñar políticas en materia de seguridad ciudadana se deben involucrar los diferentes gobiernos del país (nacional, regional y municipal). Sin embargo, esto no ocurre en Venezuela actualmente porque el régimen de Nicolás Maduro impone medidas unilaterales en materia de seguridad. Uzcategui señala que no existe voluntad por parte de Maduro de resolver los problemas de la ciudadanía y mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Destaca que existe un contexto de impunidad “muy grande” en Venezuela.

La principal preocupación ahora de Nicolás Maduro es mantener el poder e imponer mecanismos de control sobre la población para evitar expresiones de descontento sobre el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad venezolana”, expresa.

Además del control social y el temor que las FAES infunde en la población, el régimen ha utilizado este cuerpo policial como un mecanismo de represión política. Ha servido como herramienta para detener o intimidar a dirigentes políticos, como fue el caso del diputado Gilber Caro, o para ejercer censura, como la detención que sufrió el periodista Darvinson Rojas. 

Uzcátegui explica que esto se debe al debilitamiento de las condiciones de vida de los funcionarios dentro de los organismos policiales y militares del país y también por el descontento que, afirma, existen dentro de las fuerzas de seguridad. 

“Ahora se está utilizando exclusivamente las FAES porque deben haber unos mecanismos  para garantizar  la fidelidad de los funcionarios que están dentro de ese cuerpo policial. Sabemos el descontento que hay dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. Las Fuerzas de Acciones Especiales tiene niveles importantes de sumisión y control”, comenta. 

La arremetida de las FAES a las comunidades del país y en contra de la dirigencia política ha generado un impacto en la sociedad más allá de la violación sistemática de derechos humanos. El coordinador general de Provea explica que el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión se vieron afectados. Comenta que existe temor en la población de denunciar, visibilizar y demandar el disfrute de sus derechos debido a que las personas se dan cuenta de que existe un contexto generalizado de impunidad en la actuación de este tipo de organismos. 

El músculo represivo de las FAES, ampliamente apoyado por el régimen de Nicolás Maduro, ha sido calificado como un elemento de exterminio en contra de la sociedad venezolana. Barriadas, urbanizaciones y poblados se han enlutado por operativos diseñados para el accionar letal contra las comunidades. Familias han visto su vida cambiar con el asesinato de un ser querido a manos de uniformados, pero también se ven desamparados ante la aparente ausencia total de justicia en Venezuela.

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