• La Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas publicó un balance titulado “Letalidad e Impunidad”, en el que detalla las actuaciones ilegales de las Fuerzas de Acciones Especiales durante los primeros meses de 2020

El primer trimestre del año 2020 se ha visto afectado por las numerosas acciones ilegales realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), calificado por organismos internacionales como un cuerpo de exterminio y denunciado internacionalmente por ser el autor de miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet visitó Venezuela en junio de 2019, donde se reunió con familiares de víctimas. Para el momento en que Bachelet visitó el país, su oficina determinó que las FAES era la responsable por el asesinato de centenares de víctimas, por lo que recomendó en su informe la disolución de este cuerpo policial. 

A pesar de la recomendación, dos semanas después de la presentación del informe, Nicolás Maduro expresó su respaldo al cuerpo policial. “Todo el apoyo al FAES”, aseguró.

Desde la publicación del informe de Bachelet la actuación policial arbitraria de las  FAES ha continuado. Este 19 de mayo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, regida por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, publicó un informe titulado “Letalidad e impunidad”, en el que presentaron un balance del accionar ilegal del cuerpo policial desde el 1° de enero hasta el 30 de marzo. 

El documento comienza señalando la necesidad de ratificar la calificación de las FAES como un organismo de exterminio, término con el que ha sido denominado en el informe presentado por Michelle Bachelet en junio de 2019. El estudio contabiliza los casos confirmados de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos y hostigamientos en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con el balance, durante los primeros tres meses del año 2020 se registraron 158 ejecuciones extrajudiciales en el país, además de 90 casos en los que la identidad de las víctimas no pudo ser confirmada por la comisión.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos resaltó que puede existir un subregistro debido al poco acceso a la información, por lo que esta cifra constituye un número referencia de casos plenamente identificados. 

Estados más afectados por las ejecuciones de las FAES

38

casos en Lara

18

casos en Zulia

16

casos en Aragua

El informe reseña que Distrito Capital reporta 14 casos, por lo que ocupa la cuarta posición en el país en ejecuciones extrajudiciales de las FAES. 

La comisión destaca que los asesinatos fueron presentados en la versión oficial de los funcionarios de la FAES como resultado de la resistencia a la autoridad.

Señala que en la totalidad de los casos las víctimas son varones, en su mayoría ocurrieron en zonas populares y no hay precisión sobre las horas de las ejecuciones, por lo que puede ocurrir a cualquier hora del día. Además, indicó que en ninguno de los supuestos enfrentamientos que alegan ha resultado herido algún funcionario. 

Escalada por causas políticas

La escalada de acciones arbitrarias de las FAES ha aumentado en los últimos meses, sin embargo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos resaltó que este cuerpo policial, desde su creación, ha respondido a motivos políticos. 

Daniela Suárez, coordinadora de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, respondió para El Diario sobre la politización a la que pueda estar sometida las FAES. 

Cuando evaluamos el ámbito de la libertad de expresión los más afectados son los que emiten una opinión contraria a los intereses del régimen. Llama especialmente la atención que, a pesar de que Michelle Bachelet recomendó la disolución de las FAES, días después (Maduro) estaba felicitándolos en cadena nacional. El marco de politización de este grupo, a diferencia de otros cuerpos del Estado, es mucho mayor”, explicó Suárez.

Durante la presentación del informe, el comisionado para los Derechos Humanos Humberto Prado destacó que las acciones arbitrarias que cometen las FAES representan hechos inconstitucionales.

“Cuando actúan de esa manera, sabiendo que hay tres oficiales de la alta comisionada en nuestro país, quiere decir que no hay en esos oficiales esa conducta interior que le impida cumplir esa orden. Hay un punto importante que tiene que ver con la obediencia debida. Un funcionario está en el deber de negarse a cumplir esa orden. Sin embargo, ellos no solo las cumplen, sino que también las ejecutan”, respondió Prado a El Diario. 

Prado destacó las agresiones que ha sufrido la prensa y políticos por parte de este cuerpo de seguridad. Además precisó que el debido proceso en el caso de las detenciones arbitrarias no se cumple. A las personas no les permiten el acceso a un abogado y demás garantías establecidas en la ley. 

El comisionado destacó que la Misión de Investigación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, tiene como objetivo investigar las responsabilidades individuales de los funcionarios que cometan ejecuciones extrajudiciales. A pesar de ello, Prado comenta que los uniformados actúan sin importar la investigación que puedan realizarles. 

Más irregularidades 

Foto: Cortesía

Durante el primer trimestre de 2020 se registraron 21 detenciones arbitrarias por parte de las FAES en todo el país. La comisión detalla en el informe que ninguno de los procedimientos fue realizado bajo los parámetros del artículo 44 de la Constitución. 

Artículo 44 de la Constitución

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La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta.

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Según el informe presentado por la comisión, marzo, mes en el que comenzó la cuarentena, se convirtió en el período con mayor número de detenciones arbitrarias.  De las 21 detenciones registradas por la comisión, 67% se registraron durante el confinamiento de marzo, 14% en febrero y 19% en enero. 

En Distrito Capital contabilizaron 64% del total de las detenciones arbitrarias. Táchira y Miranda registraron 15% y Lara presentó 6%. 

La comisión también documentó seis casos en su informe de hostigamiento, cuya mayoría se trata de arremetidas por motivos políticos, o desacuerdo con el régimen.

En el balance se hace énfasis en que los funcionarios amenazan sexualmente a las mujeres que son detenidas con el objetivo de que den la información que les exigen. Fue el caso de Andrea Bianchi, novia del asistente del presidente interino Juan Guaidó, a quien amenazaron con violarla. Por último, la comisión registró 16 allanamientos en el país. 

Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, hostigamientos y allanamientos son prácticas ilegales que han empañado el primer trimestre del año. A pesar de la cuarentena establecida en el país para evitar la propagación del Covid-19, las FAES sigue llenando de terror las calles del país, con protección política y una gran cantidad de denuncias sobre las irregularidades que acompañan a este cuerpo policial. 

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