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- Organizaciones que defienden los derechos de las personas sexodiversas protestaron este lunes 21 de junio para exigir justicia por el asesinato de tres personas de la comunidad LGTBIQ+, el cese de la discriminación y la opacidad e indiferencia del Estado ante sus derechos humanos
Un grupo de personas se organizó en la plaza Alfredo Sadel, Caracas, y alzó su vozpara hacer una exigencia pública: No más discriminación. La indignación por la muerte de tres miembros de la comunidad LGTBIQ+ fue el detonante que generó la convocatoria de un grupo de organizaciones civiles que defienden los derechos de la sexodiversidad.
Los peatones miraban con curiosidad los cartones con forma de cruz. En ellos estaba escrito el nombre de varias personas homosexuales y trans asesinadas por motivos discriminatorios. “Todos fueron asesinados por su orientación sexual. Estos crímenes de odio tienen que parar”, expresó Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa, durante la protesta.
Un llamado en contra de la discriminación
La noche del 13 de junio Ronnie Ramírez., de 32 años de edad, y Carlos LaPlace, de 45, fueron asesinados en su apartamento ubicado en Caurimare, Caracas. Ese mismo día, en el sector El Bozo, en Baruta, una mujer trans fue asesinada y luego desmembrada.
Hasta el momento las autoridades policiales no han esclarecido las causas ni han determinado responsabilidades. Sin embargo, ante la falta de respuestas, las organizaciones que defienden los derechos humanos han alzado su voz para exigir el cese de la discriminación, la promoción de la tolerancia, el respeto a sus derechos humanos de acuerdo con los acuerdos internacionales, y el establecimiento de leyes que garanticen los derechos de la comunidad LGTBIQ+; así como mecanismos de protección.
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El objetivo de la manifestación pacífica fue expresar su rechazo a la discriminación y exigir respuestas ante las autoridades, por lo que se movilizaron hasta el Consejo Municipal de Baruta para consignar un documento que reunía todas las exigencias. Una de las principales peticiones fue el cese de los crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ+. Los manifestantes y voceros de las organizaciones hicieron énfasis en este término, pues aseguran que las agresiones que sufren las personas homosexuales se basan en la intolerancia.
“No más crímenes de odio”
Franco señaló que la existencia de prejuicios e intolerancia contra las personas de la comunidad LGTBIQ+ se debe a que el Estado no se ha esforzado en reconocer los derechos de estas personas. Afirma que si el derecho a la no discriminación se hiciera ley, las autoridades le estarían enviando un mensaje “poderosísimo” a la sociedad. Además, destaca que desde hace varios años ha aumentado el discurso de odio en la palestra política.
“(El Estado) no reconoce derechos, hay un incremento del rechazo por parte de la Iglesia y la sociedad machista. Se convierte en un conjunto de cosas que hay que trabajar y que no lo estamos haciendo”, asegura.
| Foto: Sarahi Gómez
Desde la plaza Alfredo Sadel representantes de las organizaciones Unión Afirmativa, Caleidoscopio Humano, Joven Pride, Interseccional y Acción Ciudadana contra el Sida se movilizaron hasta el Concejo Municipal, con una consigna al unísono: “No más crímenes de odio”.
En el documento entregado a las autoridades municipales los manifestantes pidieron justicia por las personas asesinadas recientemente, pero también cuestionaron la inacción del Estado ante estos crímenes. La Acción Ciudadana Contra el Sida documentó un total de 93 personas de la comunidad LGTBIQ+ asesinadas entre los años 2009 y 2017. Sin embargo, debido a la opacidad del Estado, carecen de cifras recientes sobre crímenes de este tipo.
Mientras caminaban por la avenida principal de Las Mercedes, las personas volteaban su mirada curiosa hacia el grupo de personas que exigía respeto a sus derechos, que han sido invisibilizados a pesar de los tratados internacionales que establecen la responsabilidad de garantizar la no discriminación
Derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+
En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por primera vez un documento que hacía referencia explícita a las violaciones a los derechos humanos con base en la orientación sexual e identidad de género. También hacía énfasis en la obligación estatal de proteger, preservar y restablecer estos derechos al ser vulnerados. En septiembre de 2014, los Estados aprobaron una segunda resolución.
Internacionalmente se reconocen los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+ como derechos humanos. Varios países de la región contemplan la protección y reconocimiento ante la ley de las personas sexodiversas. En Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en Venezuela no existe ningún avance con respecto a este tema.
Picado, al igual que el resto de los manifestantes, exige un proceso de investigación justo a los asesinatos de tres personas sexodiversas. También pide que la justicia se aplique sin ningún sesgo que esté vinculado con la orientación sexual, identidad de género y cuerpo diverso.
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Respuesta ante el Consejo Municipal
Los representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+ ingresaron a la sede del Consejo Municipal de Baruta para consignar el documento. En la sala, los recibió Georgette Topalian, presidenta del Concejo Municipal.
Topalian escuchó a cada uno de los representantes y activistas, también expresó sus condolencias por el asesinato de las personas LGTBIQ+ y su solidaridad con las exigencias del movimiento.
La funcionaria se comprometió a recibir el documento y enviarlo a la Fiscalía debido a que es el organismo competente en estos casos. Sin embargo, los ciudadanos solicitaron la incorporación de un plan educativo en torno a la no discriminación como parte de las funciones del ente municipal.
El objetivo de los manifestantes fue alzar la voz para exigir el derecho al respeto, a la no discriminación y a la tolerancia. Alcanzar esta igualdad en los derechos humanos puede parecer un camino largo, especialmente por la falta de leyes de protección, una cultura profundamente religiosa, falta de educación en materia de tolerancia y el machismo estructural en la sociedad venezolana. Pero estas organizaciones están dispuestas a fomentar la inclusión y exigencias al Estado.
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