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- Nicolás Maduro anunció un plan que tiene como objetivo resolver el problema del hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal. Foto: EFE
El sistema de justicia venezolano ha sido el protagonista durante años de un sinnúmero de irregularidades, denuncias y fallas que afectan el debido proceso. La cantidad de deficiencias han sido una realidad ignorada por las autoridades. Sin embargo, Nicolás Maduro por primera vez hizo un pronunciamiento público sobre esta situación y anunció la creación de una comisión especial que se encargará de una reforma del sistema judicial. Pero esta estrategia no atiende los problemas de base que afectan al poder judicial.
El líder socialista designó, el lunes 21 de junio, a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Cilia Flores, expresidenta de la Asamblea Nacional y esposa de Maduro; y a Lourdes Suarez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como los responsables de llevar adelante la reforma del sistema judicial y que deberán proponer una modificación de las leyes de justicia.
Esta reforma tiene el objetivo de atender dos problemáticas: el retardo procesal y el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Alí Daniels, abogado y miembro de la ONG Acceso a la Justicia, aseguró para El Diario que estas dos aristas representan solo una parte de las muchas problemáticas del sistema de justicia.
Problemáticas para lograr la reforma
El sistema judicial está conformado por el TSJ, los tribunales, el Ministerio Público, Defensoría Pública, órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, entre otros. De este conjunto de instituciones judiciales se desprenden varias problemáticas. Una de ellas es que no existe separación de poderes, según afirma el abogado.
Otra de las situaciones de base es que dentro del Poder Judicial no se realizan los procedimientos de acuerdo a la ley. Daniels indica que la Constitución establece que para optar al cargo de juez debe realizarse un concurso público, normativa que no se cumple desde el año 2003. Además, la comisión debe rendir cuentas al Consejo de Estado, un órgano dominado por el Ejecutivo nacional.
El abogado destaca otros problemas como la precaria infraestructura en los tribunales y las carencias de insumos, personal, fiscales que afectan el debido proceso y aumentan el retardo judicial.
“Una de las causas del retraso judicial se debe a que no hay suficientes fiscales. Muchas de las causas están paralizadas porque los fiscales no presentan sus escritos en las respectivas audiencias. Hay otro factor de retraso que es la falta de traslados de los detenidos para las audiencias desde los centros de detención hasta los tribunales”, indica.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante su presentación del Informe “Mujeres privadas de Libertad en Venezuela, las voces de las mujeres tras las rejas”, respondió a El Diario que el retardo procesal de los privados de libertad es de 100%, lo cual afecta tanto a hombres como mujeres.
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Cada una de las problemáticas que enumera Daniels influyen en el retardo procesal de los privados de libertad. Por ello se deben atender de manera amplia cada uno de estos requerimientos para asegurar el funcionamiento del sistema judicial.
La ONG Acceso a la Justicia aseguró en su cuenta de Twitter que esta reforma del sistema judicial deja más preguntas que respuestas sobre la forma en que se solventará el hacinamiento en los centros de detención preventivas “sin cometer desafueros, injusticias o dejar impunes algún caso”.
Hacinamiento y privados de libertad
Uno de los objetivos de la comisión es resolver también el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Estos son espacios de detención temporal o calabozos que se encuentran en las comandancias policiales y militares del país. Están diseñados para un tránsito temporal de detenidos mientras los tribunales ordenan su traslado a los penales.
En el año 2020, la ONG Una Ventana a la Libertad documentó un hacinamiento del 325%, en 273 centros de detención preventiva distribuidos en 19 estados del país.
Durante una sesión realizada por la Asamblea Nacional afín al régimen, el 10 de junio de este año, sus miembros reconocieron la existencia de un retardo procesal y hacinamiento en los penales y calabozos policiales en Venezuela.
Pedro Carreño indicó que en los centros de detención preventiva en el país hay 38.736 privados de libertad. La delegaciones y subdelegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) albergan un total de 11.659 personas, mientras que 5.947 se ubican en las sedes de la Guardia Nacional Bolivariana. Los comandos de policías nacionales, estadales y municipales tienen el mayor número de reclusos en los calabozos con un total de 21.130 personas.
Lapso insuficiente
Maduro aseguró que la comisión debe resolver los problemas del retardo procesal y el hacinamiento en 60 días. Sin embargo, Diosdado Cabello aseguró que estiman que en 30 días visitarán los centros de detención preventiva y trasladarán a los privados de libertad a los centros de reclusión.
Este lapso resulta insuficiente para resolver el problema del hacinamiento en los calabozos policiales, explica el abogado Alí Daniels. Señala que no existen suficientes infraestructuras penitenciarias para ubicar a todos los privados de libertad. Por eso precisa que en 60 días es “imposible resolver esta problemática”.
Organizaciones como el OVP y Una Ventana a la Libertad han denunciado reiteradamente el hacinamiento que afecta a los privados de libertad en los centros de detención preventiva. En esos lugares, las personas pueden pasar varios años mientras esperan la orden de traslado de los tribunales. También han denunciado el aumento de enfermedades, falta de atención médica, fallas en el suministro de agua, comida o artículos de higiene. La misma situación ocurre en las cárceles, donde hay índices de hacinamiento.
El más reciente informe publicado por la OVP indica que más del 75% de las 68 mujeres privadas de libertad que fueron entrevistadas comparte celda con más de 5 o 10 reclusas. El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) tiene una capacidad instalada de 350 plazas, pero se registra una población reclusa de 533 mujeres para el primer trimestre de 2021. Esto se traduce en un hacinamiento del 152,2% lo que corresponde a sobrepoblación superior al 40%.
“Decir que el tema es pasar presos de calabozos policiales a centros penitenciarios es un reduccionismo; minimiza los terribles y gravísimos problemas multifacéticos que tiene Venezuela. En 60 días es imposible que puedan resolver todos los problemas porque no se deben a una sola causa sino que son multifactoriales”, sentencia.
Una “escenografía institucional”
Alí Daniels afirma que la falta de información precisa sobre esta reforma del sistema judicial se debe a que el régimen pretende mostrar internacionalmente que está atendiendo las deficiencias e irregularidades del sistema venezolano. La Corte Penal Internacional (CPI) lleva adelante una investigación para determinar la responsabilidad de funcionarios del régimen en crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, en julio de 2020, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe y señaló las deficiencias judiciales en Venezuela.
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“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”, dice parte del informe.
La alta comisionada indicó que desde hace 10 años, el régimen ha adoptado e implementado leyes, políticas y prácticas que “han limitado el espacio democrático”. Lo que menoscaba la independencia del Poder Judicial.
Son muchas las aristas y problemáticas de fondo que se deben abordar en una reforma del sistema de justicia. Uno que durante años ha acumulado denuncias de irregularidades, violaciones al debido proceso y los derechos humanos. Sin embargo, son más las interrogantes que certezas sobre la estrategia que adelanta el régimen; mientras que está en tela de juicio su aplicabilidad en la práctica.
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