• La ley otorga amplias potestad  es a las fuerzas de seguridad para controlar las manifestaciones de grupos antivacunas

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invocó la Ley de Emergencias para controlar las protestas del “Convoy de la Libertad”, un movimiento que rechaza la exigencia de que los conductores de camiones deben estar vacunados contra el covid-19 para cruzar la frontera con Estados Unidos. Exigen la suspensión de las restricciones por la pandemia. 

Se trata de mantener seguros a los canadienses, proteger los trabajos de las personas y restaurar la fe en nuestras instituciones”, dijo Trudeau durante una conferencia de prensa en Ottawa el 14 de febrero.
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Foto: Getty Images

La protesta iniciada por los camioneros ha sido respaldada por cientos de ciudadanos canadienses que también exigen que se eliminen las restricciones por el covid-19. 

Los manifestantes bloquearon el puente Ambassador que une Windsor, Ontario, y Detroit, Michigan (EE UU) durante casi una semana. Los funcionarios policiales despejaron la protesta el domingo 13 de febrero, pero se mantienen las manifestaciones en varias ciudades del país y han afectado a los ciudadanos.

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Manifestantes en Ottawa (Canadá) apoyando las protestas de los camioneros contra la vacuna obligatoria. EFE

En qué consiste la Ley de Emergencia

La Ley de Emergencias fue aprobada en 1988 y permite al gobierno federal autorizar medidas temporales especiales para garantizar la seguridad durante emergencias nacionales.

Esta medida otorga amplios poderes al gobierno durante 30 días, incluyendo el envío de militares a las calles. Sin embargo, Trudeu aclaró que no planea convocar  al Ejército. 

El primer ministro señaló que a pesar de los esfuerzos, los gobiernos de las provincias tienen dificultades para hacer cumplir la ley de manera efectiva ante las protestas. Precisó que las medidas serán razonables y geográficamente específicas, es decir, se aplicarán solo en zonas donde corresponda por un tiempo limitado.

Los bloqueos están dañando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública. No permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas”, dijo Trudeau.

Los poderes de la Ley de Emergencias fortalecerán la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para multar y encarcelar a los manifestantes, según el primer ministro.

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La ley se aplicará con más fuerza en áreas de “infraestructura crítica”, como aeropuertos y cruces fronterizos, también remolcarán los camiones utilizados para bloquear carreteras y autopistas.

Sin embargo, la medida no limitará la libertad de expresión ni la capacidad de manifestarse legalmente en el país. El Parlamento tiene siete días para aprobar o rechazar la aplicación de esta ley.

Chrystia Freeland, ministra de Finanzas de Canadá, informó que los bancos y otras instituciones financieras del país tienen la autoridad para suspender temporalmente los servicios financieros cuando la institución sospeche que una cuenta, personal o corporativa, se está utilizando para promover los bloqueos y ocupaciones ilegales. El seguro de los camiones involucrados en los bloqueos también quedará suspendido. 

Decenas de manifestantes se reúnen en el Parlamento de Canadá en Ottawa (Canadá) para apoyar a los camioneros antivacunas y opositores de las medidas contra la pandemia que mantienen protestas en diferentes puntos del país. EFE/EPA/VALERIE BLUM

El gobierno también puso la alerta sobre las plataformas de crowdfunding que los manifestantes usan para mantener las protestas. La ministra indicó que estas plataformas no están incluidas en los ingresos de la Ley de Financiamiento del Terrorismo y el Crimen. 

Todos los programas de crowdfunding y los proveedores de pagos que utilizan deben registrarse en la agencia contra el lavado de dinero de Canadá y reportar actividades sospechosas con efecto inmediato”, advirtió Freeland.

La ley de Emergencia aprobada en 1988 no ha sido utilizada nunca en el país, pero sí su versión anterior. El ex primer ministro Pierre Trudeau, padre del actual mandatario, invocó la ley en 1970 después de que los separatistas de Quebec secuestraran a un ministro del gabinete provincial y a un diplomático británico.

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