• La noche del martes 8 de marzo en El Tigre, estado Anzoátegui, tres parejas homosexuales participaron en el matrimonio simbólico promovido por la Alcaldía del municipio 

Como parte del reconocimiento a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, tres parejas formaron parte del primer Pacto Simbólico de Convivencia celebrado en El Tigre, estado Anzoátegui. La ceremonia se llevó a cabo el martes 8 de marzo.

En el acto, las parejas intercambiaron anillos como símbolo de su unión. Scarlet Lucena y Leivyn Brito, Evelin León Gómez y Marly Araque Castellanos fueron las primeras parejas y son residentes de El Tigre.

 

Foto: Miller Alvino

La tercera pareja, conformada por Yenmmy García y Amelia Morales Vera, viajó desde Charallave, estado Miranda, para sellar el pacto mediante un documento privado que consta de siete cláusulas.

De acuerdo con el diario El Tigrense, las parejas firmaron el pacto para establecer el otorgamiento de poderes para la decisión conjunta sobre sus bienes. 

Foto: Miller Alvino

El Pacto Civil de Solidaridad (PACS) fue promovido a partir del año 2021 por el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima. La decisión de reconocer y promover los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela ha provocado innumerables críticas sobre todo desde los sectores religiosos en el país. 

En Venezuela, a pesar de los esfuerzos de los activistas LGBTIQ+, el matrimonio igualitario no ha sido aprobado por la legislación nacional. La demanda fue introducida desde hace siete años y hasta ahora no ha tenido respuesta.

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Movimientos religiosos en El Tigre realizaron una marcha antiderechos

Miembros de la Iglesia católica y evangélica marcharon el 6 de marzo en El Tigre en contra del decreto del alcalde, Ernesto Paraqueima, por promover la lucha de la población LGBTIQ+ en el municipio.

La caminata tuvo como objetivo defender lo que estos sectores consideran como “modelo original de Dios para la familia”. A la convocatoria asistieron personas con pancartas que no reconocían la identidad de género.

Foto: El Vistazo

En la marcha se podían ver carteles con mensajes como: “Varón y hembra los creó” y “es biología, no ideología”.

La Iglesia católica anunció que próximamente formalizarán las denuncias contra el alcalde ante distintas instituciones públicas por supuesta instigación a delinquir.

El abogado Miguel Cabello indicó que el alcalde propone un contrato simbólico entre parejas del mismo sexo, y con esto promueve la “desobediencia” a la legalidad vigente.

¿Pueden las alcaldías venezolanas legislar a favor del matrimonio igualitario? 

El artículo 156 de la Constitución, en su numeral 32 señala que los alcaldes y gobernadores pueden dictar decretos, ordenanzas y ejercer acciones en su municipio, pero lo inherente a la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, incluyendo el ámbito civil, corresponde al Poder Público Nacional. 

Los alcaldes sí pueden casar, quizás de allí viene la confusión, pero no pueden normar o regular el régimen del estado civil de las personas, que solo corresponde al Poder Público Nacional”, dijo el abogado Alí Daniels en una entrevista para El Diario.
Comunidad LGBT exige a Saab dejar de ignorar crímenes de odio contra ellos frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Al consultar a los juristas sobre las posibles posturas de promulgar el proyecto en El Tigre, señalan que la respuesta inmediata podría venir del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Sala Constitucional, amparada en la legislatura nacional, podría pedir la nulidad del mismo, revisión o señalar que es la Asamblea Nacional (AN) el único órgano que puede legislar.

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“También puede decir que el Código Civil no es coherente con ‘el espíritu de la Constitución’, pues es anterior a la promulgada en 1999. Así, el decreto sí podría ser conforme a la Carta Magna, pues no tiene limitaciones expresas para el matrimonio. A partir de allí cambiaría la jurisprudencia”, explicó Mario D’Andrea en el texto publicado el 20 de febrero.

Una “respuesta política” ante la falta de derechos

Ambos expertos concuerdan en que el alcalde Ernesto Paraqueima dio una “respuesta política”, al aclarar que se trata de un contrato privado. 

De acuerdo con D’Andrea “sería una torpeza” detener o perseguir al alcalde por la iniciativa.

Para él, la verdadera presión la puede sentir la AN, que, señala, en constantes ocasiones en años anteriores ha tenido la oportunidad de legislar en favor de la comunidad LGBTIQ+, pero no lo ha hecho.

Como antecedente, el director de Acceso a la Justicia explicó que ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció su postura relacionada al tema del matrimonio igualitario. Específicamente en la sentencia del 28 de febrero de 2008.

En esa misma decisión se señaló que era posible que se estableciera un régimen jurídico para las ´uniones de hecho´ y señaló que el legislar en ese tema le correspondía a la Asamblea Nacional”, agregó Alí Daniels.
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