• La organización SOS Orinoco presentó un informe sobre la influencia y actividades de grupos irregulares en las zonas mineras del estado Bolívar. Entre las principales fuerzas que se disputan su control están guerrillas colombianas como el ELN y las disidencias de las FARC, así como megabandas criminales y sindicatos armados

Por su extensión territorial, un país como Suecia podría caber dentro de la región de Guayana, conformada por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. A pesar de su gran tamaño, solo el 7 % de la población de Venezuela vive allí, y específicamente en Bolívar, donde alguna vez se concentró el corazón de las industrias básicas. Esta baja densidad poblacional no le impide ser una de las zonas más peligrosas del país, principalmente debido al control que ejercen grupos armados organizados sobre sus principales yacimientos mineros.

La organización SOS Orinoco presentó el 29 de marzo de 2022 su informe “Presencia, actividad e influencia de los grupos armados organizados en la actividad minera al sur del río Orinoco”. Allí documentan la distribución y operaciones realizadas por diferentes bandas criminales en los estados Bolívar y Amazonas, específicamente en el Arco Minero (AM). Desde grupos delictivos dirigidos por pranes que operan bajo la fachada de sindicatos, hasta células de la guerrilla colombiana. En este último caso, figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con el texto, además de la minería ilegal, estos grupos también participan en otras actividades como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión de comerciantes e incluso la trata de personas y la esclavitud sexual. También son responsables de múltiples casos de secuestros, torturas y masacres cometidas bien sea por sus luchas por el control de territorios, o contra la población civil y las comunidades indígenas que quedan en su fuego cruzado. Todo a sabiendas del régimen de Nicolás Maduro, que en la mayoría de los casos no interviene, y en otras se mantiene como cómplice.

Estas economías ilícitas operan a través de una amplia red de socios criminales que incluyen cárteles de Colombia, Centroamérica, México, Brasil y alianzas con socios internacionales para la comercialización del oro y otros minerales, ubicados en Colombia, Brasil, Guyana, Irán, Turquía, Rusia, Siria, entre otros”, señala.

Tierras conquistadas

Foto: EFE/Referencial

Uno de los hechos más notorios del informe es la magnitud del territorio en el sur del país que dejó de estar bajo control del Estado venezolano. SOS Orinoco estima que al menos 13 grupos armados organizados han tenido presencia en algún momento en la región. Tres de ellos (FARC, ELN y garimpeiros) operan en Amazonas, mientras otras 12 se reparten en Bolívar. Los municipios con mayor concentración de bandas son Sifontes (9), El Callao (5), Roscio (4) y Angostura (3).

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Las dos organizaciones más extendidas son las guerrillas colombianas. Las FARC, precisamente la Segunda Marquetalia y el Frente Acacio Medina, están presentes en todo el estado Amazonas y en cuatro municipios de Bolívar, siendo la más grande de la lista. Le sigue el ELN, con bases en tres municipios de Amazonas y siete de Bolívar. Ambos cuentan con el apoyo del régimen de Maduro, así como de algunas comunidades indígenas a las que brindan protección y asistencia social a cambio de operar en sus tierras. No obstante, tienen una fuerte enemistad con varias de las bandas nacionales, con las que han protagonizado enfrentamientos. También poseen hostilidades con sectores de la etnia Pemón. Otro factor a considerar son los garimpeiros, provenientes de Brasil, y quienes han estado activos desde los años noventa. Actualmente se limitan a las zonas fronterizas de ambos estados, trabajando en estrecha cooperación con las FARC.

Zonas de poder

Foto: Cortesía Transparencia Venezuela

En el caso de las megabandas, estas suelen ser controladas por pranes, a veces desde cárceles como Vista Hermosa y El Dorado. Algunas mantienen un esquema ya conocido en Bolívar, que es el sindicatos corruptos, hasta con fachadas de fundaciones y organizaciones políticas locales. Desde su aparición, han conquistado territorios completos, formando auténticos feudos bajo su control absoluto. Tal es el caso de la banda de El Ciego, que domina los municipios Heres (Ciudad Bolívar), Angostura, Piar y Gran Sabana. También está la banda del Negro Juancho, en las poblaciones de San Isidro, Las Claritas y Kilómetro 88, en Sifontes; en ese mismo municipio, la banda del Negro Fabio controla la población y minas de El Dorado.

Fuera de estos feudos consolidados, el noreste de Bolívar está disputado tanto por la guerrilla, como por bandas grandes y pequeñas. Ciudades como El Callao, Tumeremo y Guasipati son zonas de guerra, al ser las que albergan la mayor actividad minera sin supervisión del Estado. Bandas como el Tren de Guayana ganan espacio en los municipios Roscio y Caroní, al igual que la denominada Organización R, que tras años de enfrentamientos con las autoridades logró un acuerdo y ahora actúa libremente, teniendo incluso un brazo político y otro como fundación social.

Precisamente la simpatía o no con el oficialismo es clave para la supervivencia de estos grupos. De acuerdo con SOS Orinoco, todas las bandas mencionadas poseen nexos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Gobernación de Bolívar y sus respectivas alcaldías. Esto les ha permitido expandirse y operar sin problemas, repartiéndose las ganancias de las minas con el Estado. En la otra cara de la moneda, están aquellas enemistadas con el régimen, y quienes sostienen un conflicto tanto con los cuerpos de seguridad, como con bandas rivales.

Un ejemplo de ello es la banda de los hermanos Rodríguez Cueva. Comenzaron como una familia a la que se le otorgó legalmente la concesión para la explotación de varias minas en Guasipati en el año 2001. Con el tiempo, debieron armarse para resistir los ataques de otros grupos y sindicatos hasta 2011, cuando se les revocó el permiso y pasaron a explotar la mina de facto, mientras se involucraron en más hechos violentos. La banda se desmanteló en 2018 tras el asesinato de su líder, Angelis Rodríguez Cueva, a manos de la 51 Brigada de Infantería de Selva del Ejército. Sus minas quedaron bajo control del ELN. 

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Bandas como la de El Chingo y El Topo (responsable de la masacre de Tumeremo en 2016) también cayeron por no plegarse al poder central, más que por justicia. Otras como la del Gordo Lizandro y El Coporo, o la de El Toto y Zacarías todavía persisten y son causa de la conflictividad en El Callao.

Régimen de miedo

Foto: Cortesía

La simbiosis entre Estado y grupos armados constituye toda una actividad económica dentro del Arco Minero del Orinoco. Una de la cual cada parte obtiene cuantiosas ganancias. SOS Orinoco y Transparencia Venezuela estiman que entre 70 % y 90 % del oro extraído en esa región sale del país de manera ilegal, “en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”.

A cambio de estas comisiones, las autoridades dan a las organizaciones total libertad para gobernar en sus campamentos, e incluso en poblaciones cercanas. Ellos se encargan de controlar quienes entran y salen de las minas, así como de fiscalizar, administrar los recursos y hacer cumplir sus propias leyes. “Para garantizar la seguridad, establecen una serie de estrictas normas, así como duros y macabros castigos en caso de ser incumplidas, incluyendo golpizas, disparos en las manos, amputaciones y muerte”, señala el informe.

Organizaciones como Human Right Watch dan cuenta de hechos sangrientos como torturas y ejecuciones públicas, las cuales tienen fines ejemplarizantes. Personas que son mutiladas con machetes y motosierras, decapitadas o que simplemente desaparecen. En casos como la masacre de Tumeremo, sus cuerpos descuartizados son hallados en fosas comunes. En otros, jamás se vuelve a ver a las víctimas. El texto acota que si bien la mayor parte de los beneficios económicos de estos grupos proviene de sus actividades dentro de las minas, también se dedican a la extorsión de comerciantes y empresarios en las poblaciones cercanas, así como otros negocios como el contrabando de combustible y madera.

Una de sus principales fuentes de ingresos es la práctica de extorsión a cambio de protección, lo que se conoce como el pago de vacuna. Normalmente se paga en oro, que ha pasado a ser la moneda de uso regular para todo tipo de transacciones económicas en las zonas mineras. La extorsión se aplica a los mineros y otros trabajadores dentro de las minas, pero también a todas las demás personas que entran, como comerciantes, transportistas, trabajadoras sexuales, entre otros”, afirma.

Ríos de sangre

Foto: Cortesía

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) citados por el informe, Bolívar fue el tercer estado más violento del país en 2021, con 56,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Un podio en el que ha figurado en los últimos años. Precisamente Sifontes, Roscio y El Callao presentan mayor número de asesinatos. Solo bajó al cuarto lugar en 2017, cuando lo sustituyó Amazonas con 146 muertes por cada 100.000 personas. Amazonas normalmente suele ocupar los últimos peldaños de la lista, debido a su geografía densa y población principalmente indígena. También a la baja cantidad de grupos armados, siendo pocos los choques entre el ELN y las FARC.

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Aunque los índices de violencia han bajado significativamente en Bolívar desde 2016, especialmente en las zonas con clara autoridad de un solo grupo armado, la realidad es completamente distinta en el noreste. El informe reseña que entre 2012 y 2020 se han reportado 38 masacres en zonas mineras, además 77 personas desaparecidas. Igualmente, la mayoría de los asesinatos, lejos de cometerse por los sindicatos y pranatos, ocurrió a manos de los propios cuerpos de seguridad. Calculan que entre 2019 y 2020, ocurrieron 426 casos de ejecuciones extrajudiciales. Muchas bajas más que las reportadas en masacres y sicariatos. 

La respuesta por parte del Estado ante el auge delictivo se ha reducido al exterminio, mediante el uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales, cuya tasa de ocurrencia ha superado a la de homicidios de cualquier otro tipo. Como dato resaltante, en el municipio Roscio la actuación de los operativos policiales y militares mataron cinco veces más que los delincuentes”, afirma el informe.
Daño ecológico en el Arco Minero del Orinoco. Foto: Cortesía

Cuando el régimen de Nicolás Maduro anunció la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, prometió grandes riquezas para el país e inversiones de capital tanto nacional como extranjero. El Área 4, que integra el eje Roscio-El Callao-Sifontes, es actualmente un campo de batalla. Igualmente, en el Área 2, correspondiente a la cuenca del río Caura, las guerrillas lograron desplazar por completo a las bandas locales.

Contrario a las expectativas, no queda ninguna empresa internacional, pero sí miles de pequeños campamentos anárquicos, donde además de violaciones de derechos humanos, se cometen daños ambientales irreversibles, expandiéndose cada vez más hacia el Parque Nacional Canaima. Y mientras tanto, el oro de sangre sale en barcas y avionetas, sin que sus ingresos se vean reflejados en las arcas del Banco Central de Venezuela.

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