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- Los defensores de derechos humanos Mariano Alvarado y Alfredo Infante pedían que se investigara la cadena de mando del cuerpo policial para determinar las responsabilidades de ley
El gobernador del estado Carabobo al servicio del régimen, Rafael Lacava, demandó por “difamación agravada y continuada” a los defensores de derechos humanos Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, y al padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, luego de que estos señalaran en un informe las ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos de la policía regional.
A través del Tribunal de Primera Instancia, en función de juicio del estado Carabobo, el 13 de mayo se emitieron las boletas mediante las cuales se les notifica a Alvarado y a Infante que admitió la acusación privada presentada por los abogados Eliezer Miguel Guacuto Ríos y Carlos Alberto Bonilla Álvarez, en representación de Lacava.
Los defensores de derechos humanos son acusados de “la comisión del delito de difamación agravada y continuada, previsto y sancionado” en el Código Penal venezolano.
La demanda surge luego de que en marzo, durante la presentación del informe Lupa por la Vida, Alvarado e Infante denuncian que la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con un saldo de 221 víctimas por ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el año 2021.
Reacciones
Marino Alvarado respondió a la demanda y criticó la acción que, a su juicio, forma parte de una política de Estado por exigir una investigación ante los hechos irregulares descritos.
“Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo. La policía estadal de Carabobo es la más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por Lupa por la Vida. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación a los derechos humanos, y debe investigarse a los autores materiales y las cadenas de mando“, señaló a través de un video divulgado en redes sociales.
Manifestó que la respuesta es una nueva amenaza contra quienes velan por el respeto y el derecho de garantías en materia de derechos humanos.
Precisó que nunca se acusó al gobernador Lacava de ser responsable de esas ejecuciones extrajudiciales, solo se instó a los organismos competentes a investigar la cadena de mando de esos funcionarios que cometieron los actos.
Expresó que pese a estas lamentables situaciones continuarán con su trabajo como defensores de derechos fundamentales en el país.
Respaldo a los activistas de DD HH
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), y Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, manifestaron su apoyo a los miembros de Provea y Del Centro Gumilla ante la situación.
“Atentar contra quienes denuncian violaciones a los DD HH no dará reparación a las víctimas y sus familiares”, manifestó Zambrano.
Ante el hecho, Carolina Jimenez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), expresó que la defensa de los derechos humanos no es un delito, como tampoco lo es exigir la investigación transparente cuando se documentan violaciones.
“Lo que sí es inaceptable es intentar intimidar a quienes defienden a las víctimas”, expresó a través de su cuenta en Twitter.
Elvira Pernalete, madre del joven José Pernatele -asesinado en las protestas antigubernamentales de 2017- respaldó a los “valientes defensores de DD HH” ante las acciones judiciales que pesan sobre ellos.
La ONG Acceso a la Justicia también se solidarizó con los agraviados calificando el hecho como una “injusticia”.
Asimismo, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) rechazó la acción calificándola como un cerco contra la sociedad civil de Venezuela.
