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En noviembre de 2019, luego de más de dos meses de protestas, represión y tensión social en Chile, el Congreso Nacional define una nueva hoja de ruta para encausar por la vía institucional las demandas ciudadanas, y se acuerda la creación de una Convención Constituyente, que pueda plantear la renovación del contrato social y superar la Constitución de 1980, en donde permanece como sombra incómoda la figura de Augusto Pinochet como su principal autor.
Bajo este panorama, a partir de 2020 con un telón de fondo marcado por el covid-19, se empezaron a realizar los plebiscitos consultivos para pavimentar el camino hacia la conformación de la Convención Constituyente. En octubre de 2020, con más de 78 % de los votos, ganó la opción del “Apruebo”. En mayo de 2021, se eligieron a los convencionales con una participación cercana a los seis millones de votantes y para el mes de julio de ese año, la Convención empezó a sesionar hasta el 4 de julio de 2022.
Ahora, el próximo 4 de septiembre, nuevamente, la sociedad chilena será llamada a las urnas para aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución. Sin embargo, la trayectoria de esta iniciativa se encuentra enrarecida, ante una tendencia en las encuestas que afirma que votará por su rechazo. Si bien, existen múltiples interpretaciones sobre las razones, resulta importante examinar dos elementos, la composición política de quienes redactaron esta propuesta y el contenido.
Si tomamos los resultados de la elección de las y los convencionales, se puede observar la siguiente distribución: el pacto de Independientes “No Neutrales y La Lista del Pueblo” (sin origen en partidos tradicionales, pero con tendencia hacia la izquierda) obtuvo 37 escaños; el pacto “Vamos por Chile” (perteneciente a la coalición de Sebastián Piñera) obtuvo también 37 escaños; la coalición “Apruebo Dignidad” (pertenecientes a la coalición de Gabriel Boric) obtuvo 28 escaños; la coalición “Lista del Apruebo” (perteneciente a la ex Concertación) obtuvo 25 escaños, y por último, 12 independientes sin coalición oficial obtuvieron escaños. Además, se establecieron 17 escaños reservados para pueblos originarios, que fueron elegidos bajo un régimen especial de cupos para representar a su propio pueblo indígena. En total, fueron electos 155 representantes.
Si bien, la división izquierda-derecha resulta insuficiente para describir los intereses de cada una de estas coaliciones, si es cierto que en términos de tendencias, existió una ala más grande hacia el mundo progresista. Sin embargo, este fue el resultado de unas elecciones democráticas y de la expresión popular.
Con respecto al contenido, la propuesta de Constitución indica que Chile se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. De igual manera, indica que se establece como una república solidaria, con una democracia inclusiva paritaria, que reconoce la protección y garantía a los Derechos Humanos. Se indica que, la soberanía reside en el pueblo, conformado por diversas naciones, ubicados en un territorio único en indivisible.
También, se establece división de poderes y el respeto por el régimen democrático; se añaden elementos concernientes a la inclusión de hombres, mujeres, diversidades y disidencias sexuales; así como pueblos originarios. Se reconoce la protección a la naturaleza y al medio ambiente; así como el derecho al asilo o la protección de la propiedad privada.
En definitiva, sí se trata de una propuesta progresista, pero no porque la composición de la Convención haya tenido una tendencia hacia la izquierda, sino porque responde a una realidad valórica acorde con los tiempos que vivimos, donde el reconocimiento hacia las identidades y la diversidades, se funciona con las concepciones más tradicionales de la democracia.
Buena parte del contenido que se reconoce en esta propuesta, responden a las demandas de la ciudadanía en 2019. Si esto es así, ¿por qué existe una tendencia al rechazo? Como se mencionó anteriormente, no se puede identificar una sola causa. Sin embargo, existe una que debe estar presente en cualquier análisis y se trata sobre la oportunidad que se abre para redistribuir el poder.
Según la Cepal, en Chile hay una alta concentración de la riqueza. Solo en 2017, 50 % de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1 % de la riqueza neta del país, 10 % concentraba 66,5 % del total y el 1 % más acaudalado concentró el 26,5 % de la riqueza. A diferencia de las urnas, en la dinámica social cotidiana, este 1 % posee medios de producción y comunicación, que mantienen el status quo y marcan tendencia de opinión hacia otros sectores de la sociedad.
Esto no es algo menor, como es natural en cualquier proceso de renovación de contrato social, las nuevas dinámicas pueden afectar los intereses de estos grupos privilegiados. Además, estos sectores representados tradicionalmente por partidos con tendencias más de derecha, no obtuvieron una representación en la Convención y no lograron mantener el poder ejecutivo. Ante estas circunstancias, se genera un clima de desconfianza sobre la propuesta de nueva Constitución, ya que la clase dirigente del país ha sido excluida del proceso, quizás no de manera intencional, pero si respondieron a una realidad electoral.
No obstante, no hay que olvidar que la Constitución de un país debe ser una carta que represente a todos los sectores, se trata de los mínimos comunes que establece una sociedad para vivir de manera civilizada, y ojalá que democrática. Ante este escenario, quienes apuestas por reformas profundas y estructurales, hoy tienen la doble tarea de no solo convencer al ciudadano de a pie para votar por el “Apruebo”; sino también a las élites económicas para que puedan brindarle una oportunidad a este nuevo acuerdo social, que no está exenta de riesgos, pero cuyo resultado puede ser mayor prosperidad para todo un país.
Chile ha vivido pruebas importantes hacia su institucionalidad y su democracia en los años recientes, con nuevas coaliciones, estadillos sociales y crisis económicas, pero sin lugar a dudas, la elección entre “Apruebo” o “Rechazo” de la nueva Constitución será la prueba de fuego de las nuevas generaciones; así como fue el plebiscito de 1989 para las generaciones pasadas. Solo que dada esperar, que la sociedad en su conjunto sea capaz de seguir resolviendo sus problemas por las vías institucionales y democráticas. Puede ser un gran ejemplo para el resto de la región.
