- Rixon Rafael Moreno Oropeza presuntamente negoció una serie de contratos entre 2015 y 2019 gracias a una serie de sobornos a altos funcionarios de la empresa petrolera, con los cuales ganó hasta 30 millones de dólares
La justicia de Estados Unidos acusó a un empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar. El jurado federal en Miami, Florida, imputó formalmente el 25 de agosto a Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años de edad, por estar presuntamente implicado en hechos irregulares con la petrolera.
Según informó el miércoles 24 de agosto la justicia estadounidense, Moreno supuestamente participó en una red de lavado de dinero en la empresa Petropiar, compañía mixta que se dedica a la explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, con la que se habría beneficiado con más de 30 millones de dólares.
¿Cómo operaba el empresario venezolano con Petropiar?
De acuerdo con la justicia de EE UU, Moreno pudo acceder a una serie de contratos entre 2015 y 2019 gracias a una serie de sobornos a altos funcionarios de la empresa petrolera controlada por el Estado venezolano y una compañía estadounidense. Los pagos a los empresarios eran realizados desde cuentas que controlaba Moreno en el sur de Florida.
En la acusación se detalla que Moreno usó las ganancias para beneficio propio, ya que adquirió bienes raíces, un avión privado y aviones de lujo. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración, así como también 10 años de cárcel por participar en transacciones ilícitas.
Rixon Rafael Moreno Oropeza y los Papeles de Panamá
Rixon Rafael Moreno Oropeza forma parte de los empresarios venezolanos que aparecen en los Papeles de Panamá sobre el bufete Mossack Fonseca, de acuerdo con el portal web del International Consortium Of Investigative Journalists. En 2013 se incorporó como accionista de cinco empresas de carácter internacional.
A Rixon Rafael Moreno Oropeza también se le menciona en al menos tres procesos judiciales en el estado Anzoátegui entre 2001 y 2008 en los que se le acusa por violencia y porte ilícito de armas. Algunas de las causas fueron sobreseídas y en otras el juez se inhibió.
Los encargados de determinar la culpabilidad del empresario venezolano serán el tribunal federal del distrito, quienes dictarán la sentencia luego de revisar la investigación conjunta en Miami con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos.
