- A juicio del fiscal Karim Khan, las acciones del Estado Venezolano no son suficientes para garantizar el reparo y el acceso a la justicia. La Corte también reactivó la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán | Foto: EFE
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó el 1° de noviembre la reanudación de la investigación sobre la Situación en Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad que se llevan a cabo en el país.
📢 Statement of the #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC, following the application for an order under article 18(2) seeking authorisation to resume investigations in the Situation in #Venezuela I ⤵️ https://t.co/cT2JFVM3jH
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 1, 2022
“Tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad considerable de información proporcionada hasta la fecha por Venezuela, así como por otras fuentes fidedignas, he llegado a la conclusión que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada en la fase actual y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, dijo el el fiscal de la CPI.
Los detalles de la solicitud
En un comunicado difundido en el portal web de la CPI, se detalla que Venezuela podría solicitar un nuevo aplazamiento en etapas posteriores del procedimiento siempre y cuando sea una solicitud válida. La Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación de la investigación.
La decisión se lleva a cabo en un intento del organismo de avanzar en los casos en curso. Incluso, el Tribunal Penal Internacional (TPI) decidió retomar el 31 de octubre la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán tras el ascenso del régimen talibán en agosto de 2021.
La investigación sobre Venezuela en la CPI
En marzo de 2022, tras la visita a Venezuela en noviembre, el fiscal de la CPI, Karim Khan anunció que abriría una oficina en el país para continuar las investigaciones para determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad, tal como han denunciado organizaciones civiles y víctimas del régimen venezolano.
La petición implica un avance en la investigación en el que están implicados los voceros del régimen de Maduro y organismos de seguridad del Estado venezolano y sus funcionarios, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las Fuerzas de Acción Especiales (FAES).
