- La Ley Bolívar ya había sido aprobada por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos en marzo de 2021, pero ahora se busca la expansión federal de la norma, que es apoyada públicamente por republicanos y demócratas
El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una ley que prohíbe hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro. La Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (Ley Bolívar por sus siglas en inglés) busca resguardar la seguridad nacional, aseguran senadores.
También tiene excepciones que se tomarán en cuenta en casos de prestación de ayuda humanitaria, de socorro o desastre y cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) emita una licencia válida o cuando el Secretario de Estado permite eliminar la restricción cuando se trate de un tema de interés nacional.

La ley Bolívar fue respaldada por demócratas y republicanos
En la norma se indica que no se afecta a ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional de 2015. La Ley Bolívar fue promovida por los senadores Jacky Rosen, Marco Rubio y Thom Tillis, junto a los congresistas Michael Waltz y Debbie Wasserman Schultz.
En 2019 la enmienda del senador Rick Scott para cortar los fondos del régimen se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Scott también promovió una legislación similar en Florida. El gobierno de Joe Biden ha indicado en distintas ocasiones que continuará su línea restrictiva con Venezuela.

Estados Unidos está dispuesto a retirar sanciones si avanza el diálogo con la oposición
A juicio del senador, no hay razón por la que Estados Unidos deba trabajar con empresas venezolanas. Con la Ley Bolívar también se busca debilitar la posición de Maduro en el hemisferio occidental, indica Scott. Waltz agregó que el régimen de Maduro sigue siendo una “fuerza desestabilizadora” que promueve una crisis humanitaria que se ha extendido por todo el continente.
Estados Unidos autorizó a finales de noviembre a operar a la petrolera Chevron en Venezuela, pero mantiene la mayoría de las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el gobierno ha indicado en constantes ocasiones que si el diálogo con la oposición avanza y genera resultados concretos, se pudieran retirar.