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- Provea y Fundación Centro Gumilla exigieron al Estado desarrollar políticas públicas para garantizar el derecho a la vida
De acuerdo con un informe difundido por las organizaciones no gubernamentales (ONG) Provea y Fundación Centro Gumilla, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano cometieron 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año 2022.
En el estudio, “Lupa por la Vida”, las ONG señalaron que en 2020 se contabilizaron 3.034 víctimas, una cifra que disminuyó a 1.414 en 2021.
“Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal”, aseguró el informe.
Del total de víctimas documentadas en 2022, 806 fueron hombres y 18 mujeres. La mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que residían en sectores pobres.
También se indicó que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas con tiros en el tórax.
Cese de la criminalización
El organismo de seguridad “más letal”, según las ONG, fue la Policía Nacional Bolivariana, seguido de policías estadales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Provea y el Centro Gumilla exigieron el cese de la “criminalización de los jóvenes en los sectores populares y el desarrollo de políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad, aunado al derecho y calidad de una vida adecuada”.
Otra recomendación presente en el informe es establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida, como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares.
Con información de EFE.
