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- Los detenidos se negaron a recibir alimentos como protesta por falta de agua y malas condiciones del recinto penal
Un total de 91 privados de libertad que están recluidos en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Lara iniciaron una huelga de hambre por la negativa de las autoridades de trasladarlos a tribunales y por las condiciones en las que “sobreviven”, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización explicó que los reos se negaron a recibir los alimentos que les llevan sus familiares en señal de protesta por la falta de agua potable, las condiciones en las que viven en el calabozo y por la negativa de trasladarlos a tribunales, informó la ONG en página oficial el 14 de junio.
La organización alertó que en Lara hay graves problemas con el suministro de agua, por lo que desde hace meses los propios funcionarios y familiares deben pagar por camiones cisterna, cuyo costo es de entre 35 y 40 dólares, informaron familiares de los detenidos a la organización no gubernamental (ONG).
El OVP pudo confirmar que la falta de camiones cisternas, que no pudieron llegar el fin de semana pasado a la sede del CICPC, se debió a la falta de gasolina.
Además, denunciaron que los privados de libertad fueron llevados al patio del CICPC mientras llovía para hacer una revisión dentro de los calabozos.
“Durante la requisa les botaron objetos personales, les sacaron las colchonetas que son compradas con mucho esfuerzo por los familiares, les decomisaron un televisor que era su única distracción y desde ese momento pararon los extractores de aire”, apuntó la ONG en una nota de prensa.
A la espera de traslado a otros centros penitenciarios
La organización informó que muchos de los presos que están en esa sede policial tienen órdenes de traslado a cárceles, pero estas no son ejecutadas porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les asigna cupos.
Actualmente, la sede del CICPC de Barquisimeto es ocupada por 74 hombres distribuidos en dos calabozos y 17 mujeres en otro.
Sin embargo, familiares denunciaron que funcionarios cobran hasta 5 dólares en efectivo a cada detenido para efectuar el traslado a tribunales.
El caos de los calabozos en Venezuela
Según el informe anual de la organización Una Ventana a la Libertad, en 2022 el hacinamiento de los calabozos policiales fue de 334,55 %, lo que empeoró las condiciones sanitarias de los recluidos en esos centros de detención preventiva.
En el informe presentado en abril de 2023, la organización advirtió que hay presos que pasan hasta tres años en un centro de detención preventiva, lo que agrava sus condiciones al convivir en un lugar cerrado con algunos reos que sufren enfermedades contagiosas.
Además de la OVP, organizaciones como Provea, Acción Solidaria y el Foro Penal se dedican al monitoreo de las condiciones carcelarias en Venezuela, incluyendo las denuncias sobre el trato que reciben los presos.
La falta de alimentos y servicios básicos, así como los altos niveles de violencia e impunidad dentro de las prisiones venezolanas, son solo algunos de los ejemplos citados en los informes de los últimos años, lo que genera preocupación entre los especialistas de derechos humanos que reclaman la falta de acciones efectivas por parte del Estado.
