Email
- Las autoridades colombianas establecerán centros de recepción en los corregimientos de Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe ante las posibles expulsiones
El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó en un comunicado que alrededor de 7.000 colombianos que trabajan en minas de oro en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado Amazonas, están en riesgo de ser deportados por las autoridades venezolanas, como consecuencia de las operaciones contra la minería ilegal.
Agregó que de cumplirse esta acción sería el “mayor éxodo de los últimos tiempos” registrado en América Latina.
Por este motivo solicitó a entidades gubernamentales colombianas crear un plan de contingencia debido a la eventual deportación o retorno de los mineros que trabajan en las minas de extracción de oro en Yapacana.
Además, la Defensoría del Pueblo colombiana aseguró que en la zona hay presencia de varios grupos armados, que pueden atentar contra los mineros y corren riesgo de que se les vulneren derechos humanos fundamentales.
En el comunicado, también exponen que los colombianos y sus familias en Venezuela están expuestos a los operativos de las fuerzas de seguridad venezolanas que llevan a cabo desde hace algunas semanas en el territorio para frenar la minería ilegal.
Alerta desde Colombia
La Defensoría emitió una alerta temprana sobre los peligros para la población civil, que dependen de la actividad minera, de posibles confrontaciones armadas en las áreas del estado Amazonas. En el comunicado también se advierte que esto podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana.
La institución adelantó que pondrán centros de recepción para los 7.000 colombianos en los corregimientos fronterizos con Venezuela de Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe. Sin embargo, resaltó que estos no están capacitados para responder ante un éxodo de gran magnitud.
“Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues los mineros están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, refiere el comunicado.
Mecanismos de cooperación
La Defensoría colombiana solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía en Colombia y el estado Amazonas. También pidió que se abran consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, reseñó EFE.
“Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela”, solicitó el Defensor del Pueblo.
Operativos militares
Los operativos militares venezolanos iniciaron a finales de 2022 y llevaron a la captura de mineros colombianos. Las razones de esta medida se basan en las tensiones que han surgido en las minas auríferas de Yapacana.
Estas minas son el sustento de numerosos colombianos quienes han migrado en busca de oportunidades laborales y sustento económico, de acuerdo con la Defensoría colombiana. Sin embargo, la preocupación ahora ronda en el riesgo tanto de la seguridad de la población civil como la estabilidad laboral de los mineros colombianos en la zona.
