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- En un comunicado, la organización internacional aseveró que se mantiene en conversaciones con las autoridades nacionales y otros actores tras la medida del gobierno venezolano
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de su sucursal en Caracas. Resaltó que está examinando cómo actuar en consecuencia de esta medida
“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, indicó la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, en un comunicado el 15 de febrero.
La portavoz insistió que se mantienen en conversación con autoridades de Venezuela y otros actores del país tras la expulsión de 13 funcionarios que operaban en Caracas.
Solicitud de abandonar el país
En un comunicado, el canciller de Venezuela, Yván Gil, solicitó que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta que “rectifiquen públicamente” ante la comunidad internacional su “actitud colonialista, abusiva y violadora” de la carta de las Naciones Unidas.
Mencionó que la medida se da por el supuesto “papel” que ha desarrollado la institución que, “lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas” en el país.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas en el país, que concluyó el miércoles 14 de febrero.
En 2019, Michelle Bachelet, año en que ejercía como comisionada de las Naciones Unidas, firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela para mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
Gil reiteró que la oficina fue creada para colaborar con el Estado venezolano en materia de protección de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el gobierno consideró que la institución de la ONU “se ha instrumentalizado para ser una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana”.
Reacción tras el anunció
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresó que esta medida no solo aumenta la desprotección de las víctimas, sino que impide el escrutinio de los órganos internacionales en los casos de violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó su preocupación y ratificó que la decisión pone en un estado indefenso a los venezolanos.
Fundaredes también se manifestó tras el pronunciamiento del gobierno venezolano. Coincidió que la medida eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, además de la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil.
Otras organizaciones que expresaron su rechazo por el anuncio fueron el Observatorio de Violencia LGBTIQ, Caleidoscopio Humano y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Con información de EFE
