• La abogada fue acusada por el gobierno de Nicolás Maduro por presunta conspiración y traición a la patria. Foto principal: EFE

La activista venezolana Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía (La Guaira), recibió la visita de su hija Miranda Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde permanece recluida. Esta fue la primera vez que las autoridades autorizaron un encuentro familiar desde que fue trasladada a los calabozos.

De acuerdo con el testimonio de la hija, difundido por el abogado Joel García a través de la red social X, San Miguel se encuentra “fortalecida y muy confiada de su inocencia”.

Esta visita es la primera de alguien del círculo cercano de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que pudo constatar su estado, luego de más de una semana de su detención, tiempo en el que la defensa denunció su desaparición forzada y la celebración de su audiencia de presentación sin la presencia de sus abogados.

Control Ciudadano

Rocío San Miguel es especialista en materia militar y a través de su organización Control Ciudadano documenta la actuación de la Fuerza Armada. La ONG promueve la transparencia y defensa de los derechos humanos.

El testimonio de San Miguel

Rocío San Miguel denunció que no se le ha permitido el derecho de elegir a su defensa técnica de confianza, según informó  el abogado Joel García.

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Además, insistió en que no existe nada que la comprometa en los delitos que le imputa el gobierno de Nicolás Maduro tanto a ella como a sus cinco allegados detenidos luego de su aprehensión.

Cuatro de estos detenidos fueron excarcelados el 13 de febrero con medidas que incluyen la prohibición de salida del país y ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Estos detenidos son una expareja, quien sigue en prisión, y dos de sus hermanos. También estaban detenidos su hija y su padre, quienes ya fueron excarcelados.

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Activistas de derechos humanos exigen la liberación plena de Rocío San Miguel y de sus familiares
Fotografía de archivo de la abogada Rocío San Miguel en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el 14 de febrero de 2017, en San José (Costa Rica) Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas ARCHIVO

Los cargos que enfrenta

San Miguel enfrenta un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, según la acusación del Ministerio Público (MP), el cual negó, a través de su fiscal Tarek William Saab, que en la detención se haya configurado una desaparición forzada.

La activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, es acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios en el plan conocido como Brazalete Blanco, presunto plan magnicida que ha involucrado a otras figuras políticas de la oposición.

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Por otro lado, García alertó que fue allanada la residencia de San Miguel el 14 de febrero, aunque no se ofrecieron mayores detalles. Tarek William Saab ratificó el 13 de febrero que la activista fue presentada la noche del lunes 12 de febrero ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo. 

Organizaciones y activistas exigieron su liberación

Tras conocerse la detención de Rocío San Miguel, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su preocupación por el caso, entre estas, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

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“Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos”, publicó la ONG el 10 de febrero.

La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)  rechazó la detención de la presidenta de Control Ciudadano.

Además, organismos internacionales se pronunciaron en contra de la detención de la activista y exigieron el respeto de sus derechos, entre estos, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) pidió el domingo 11 de febrero la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la  CIDH en 2012.

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