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- La organización mencionó que seguirá con sus labores de monitoreo de la situación de los derechos humanos de Venezuela
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que los 13 empleados de su Oficina de Derechos Humanos en Venezuela dejaron el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor.
La información la confirmó el 20 de febrero la portavoz del organismo, Marta Hurtado, en una entrevista para la agencia de noticias EFE. No entregó más detalles sobre la salida de los empleados.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro aseguró el 19 de febrero que ya se había completado la salida de los funcionarios de la ONU el 17 de febrero, cuando se cumplió el plazo de 72 horas que se había dado para dejar el país.
Continuarán monitoreando la situación de Venezuela
La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí, agregó la portavoz.
El 15 de febrero el gobierno venezolano ordenó a la organización internacional suspender sus actividades en el país.
Durante su programa semanal de televisión, el 19 de febrero, Maduro aseguró que: “La oficina se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna, en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”.
Insistió que no volverán los funcionarios de la oficina hasta que “no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela”, rectifique y pida disculpas públicas.
La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el gobierno de Venezuela para mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
La suspensión se anunció un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
Tras conocerse la medida, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de su sucursal en Caracas. Resaltó que estarían examinando cómo actuar en consecuencia de esta decisión.
“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, indicó la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, en un comunicado el 15 de febrero.
Las reacciones
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresó que esta medida no solo aumenta la desprotección de las víctimas, sino que impide el escrutinio de los órganos internacionales en los casos de violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó su preocupación y ratificó que la decisión pone en un estado indefenso a los venezolanos.
Fundaredes también se manifestó tras el pronunciamiento del gobierno venezolano. Coincidió que la medida eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, además de la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil.
Otras organizaciones que expresaron su rechazo por el anuncio fueron el Observatorio de Violencia LGBTIQ, Caleidoscopio Humano y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
La candidata de la oposición para la elección presidencial, María Corina Machado, también rechazó la decisión del gobierno. Calificó de peligrosa la medida, en un momento en que, mencionó, se vive una “ola represiva” por parte de las autoridades para “impedir” las elecciones presidenciales.
Con información de EFE
