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- De acuerdo con las declaraciones del fiscal general venezolano, los sujetos portaban armas de fuego
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunció el 26 de marzo sobre la detención de dos sujetos que presuntamente intentaban atentar contra el presidente Nicolás Maduro durante su acto de postulación como candidato para las elecciones presidenciales.
El funcionario público dijo que ambos sujetos están bajo órdenes del Ministerio Público y que los hechos ocurrieron en los alrededores de la plaza Diego Ibarra, donde el presidente daría un discurso tras su inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los detenidos fueron identificados como Jerry Ostos Perdomo y Carlos Eduardo Castillo. El fiscal general dijo que ambos se encontraban a 20 metros de la tarima presidencial “en actitud sospechosa y portando armas de fuego”.
Saab aseguró que los supuestos activistas políticos están “vinculados al partido político Vente Venezuela”. Las personas serán acusadas por los delitos de magnicidio en grado de tentativa; terrorismo, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego.
#26Mar | El fiscal general añadió que, durante el interrogatorio, ambos sujetos habrían afirmado ser activistas políticos de la organización de Vente Venezuela. pic.twitter.com/eCXzyXXGRL
— El Diario (@eldiario) March 26, 2024
Agregó que se trata del tercer caso “desestabilizador” que se registra en un mes. El fiscal general explicó que actualmente el país se encuentra ante “un panorama de permanente búsqueda de la violencia por parte de sectores radicales de la oposición”.
Asimismo, Saab vinculó a Magaly Meda, jefa de campaña de María Corina Machado; y a Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, a estas supuestas “acciones desestabilizadoras”.
Denuncias del Ministerio Público contra Vente Venezuela
Durante el mes de marzo se han denunciado varias detenciones, entre ellas la del coordinador en el estado Barinas de Vente Venezuela, Emill Brandt Ulloa, la cual se llevó a cabo 8 de marzo en la ciudad de Barinas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na cional (Sebin).
Tarek William Saab indicó en su cuenta en X que Brandt Ulloa poseía una citación en la Fiscalía por su presunta participación en “hechos violentos” durante la marcha del Día del Maestro del 15 de enero en Barinas.
El 20 de marzo se informó sobre siete órdenes de aprehensión contra miembros del comando de campaña de María Corina Machado.
En una rueda de prensa, el fiscal dijo que las órdenes son contra Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola y Magalli Meda.
Horas antes, se solicitaron las detenciones de Henry Alviárez y de Dignora Hernández, secretaria nacional de Vente Venezuela.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado irregularidades en el proceso de detención de los activistas y actores políticos por parte de funcionarios del Estado debido a que, luego que se conoce su aprehensión, se desconoce el paradero y no se permite el derecho a la defensa privada.
Caso Brazalete Blanco
Tarek William Saab anunció en enero de 2024 la detención del coordinador de Vente Venezuela Yaracuy, Juan Freitez, y Luis Camacaro, coordinador del mismo partido en el estado Vargas. Detalló que a ambos se les acusa de estar supuestamente involucrados en la operación Brazalete Blanco.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó en enero sobre la expulsión y degradación de 33 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) por supuestos actos de conspiración contra el gobierno que incluían el asesinato de Maduro.
El ministro señaló que los militares estuvieron implicados en actos conspiraciones para atentar contra el “pueblo venezolano”.
En el mes de febrero, los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano por presuntamente “estar vinculada” con una trama conspirativa para asesinar al presidente Maduro y a otros funcionarios.
Saab ratificó que San Miguel fue presentada la noche del lunes 12 de febrero ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.
De igual forma, actores de la sociedad civil en el país se han pronunciado sobre el caso de San Miguel y han exigido al gobierno de Maduro la liberación de la activista.
